El Gobierno difundió que le ordenó a las empresas de gas no facturar con ningún tipo de aumento, incluso el que fijó un tope del 400 y 500% en las tarifas, hasta que haya una resolución judicial, a partir de lo cual el titular del Juzgado Federal 4 de La Plata, Alberto Recondo, decidió rechazar una medida cautelar que objeta la validez de las últimas resoluciones tomadas por el Ministerio de Energía en el tema tarifas.

El juez Recondo rechazó el recurso de amparo presentado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) en la que se solicitó suspender las resoluciones 99 y 129/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que fijaron nuevos topes para la suba de la tarifa de gas.

Fuentes judiciales señalaron que la nueva resolución no implica que el Gobierno quede habilitado a implementar el nuevo cuadro tarifario con los topes del 400 y el 500 por ciento para usuarios residenciales y comercios, ya que se mantiene vigente en instancia superior la suspensión dispuesta por la Sala II de la Cámara Federal de la Plata, que ya fue apelada por el Gobierno y que se encuentra bajo análisis actualmente.

La medida dada a conocer esta tarde rechazó la suspensión de las resoluciones cuestionadas por el Cepis que dispusieron los topes máximos de 400 y 500 por ciento en la suba del cuadro tarifario del servicio público de gas, para usuarios residenciales o comerciales respectivamente.

El magistrado, además de rechazar la suspensión de las resoluciones remitió la causa a la Sala II de la Cámara Federal platense, tal como había ordenado ayer ese cuerpo para unificar los expedientes iniciados en distintos fueros y jurisdicciones de todo el país sobre la cuestión tarifaria.

La resolución de Recondo se concretó luego que el Gobierno nacional comunicó al magistrado platense que ya le ordenó a las empresas de gas no facturar con ningún tipo de aumento, incluso el que fijó un tope del 400 y 500% en las tarifas, hasta que haya una resolución judicial.

La decisión oficial fue comunicada mediante un escrito remitido por el titular de la Procuración del Tesoro, Carlos Balbín, al juez Recondo, quien ayer había pedido esa información para expedirse sobre la nueva medida cautelar.

El pedido de suspensión del nuevo tope fue respaldado por la fiscal federal Ana Russo, basándose en que, al igual que el incremento tarifario inicial, el límite fue establecido sin pasar por las audiencias públicas que exige la normativa vigente.

En el fundamento de su fallo, Recondo destacó que las aseveraciones públicas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, respecto a que los usuarios no debían pagar las facturas de gas hasta tanto la justicia no resuelva la cuestión, que además fueron refrendadas por la disposición del Ministerio de Energía transmitida al Enargas en tal sentido.

"El acto administrativo citado, que importa una orden expresa dirigida al Interventor del Enargas, constituye suficiente manifestación de voluntad estatal como para considerar que -al menos, por el momento- no se encuentra demostrado el peligro" en la aplicación de las normas 99 y su modificatoria 129, entendió el juez federal.

Al respecto, agregó que "ninguna medida meramente preparatoria (que además se encuentra supeditada -en su ejecución- a las resultas de lo que se decida judicialmente) puede importar amenaza alguna como para justificar la orden cautelar solicitada", consideró Recondo.

La referencia del juez se respecto a la nota 402 del 14 de julio en la que el Ministerio de Energía ordenaba al Enargas preparar "las adecuaciones necesarias en los sistemas de facturación de las licenciatarias", pero al mismo tiempo determinaba "posponerse todas las acciones que signifiquen aplicación efectiva de la Resolución 129".

Adicionalmente el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) había aclarado que no "ninguna modificación" a la frecuencia de la facturación para que las distribuidoras puedan regularizar el pago de los servicios prestados a los usuarios, ante la versión de que las empresas iban a emitir nuevas facturas cada 20 días hasta regularizar sus cobros.

El juez Recondo ya había rechazado el 31 de mayo un planteo similar presentado por la misma entidad (Cepis), pero en aquella ocasión contra las resoluciones 28 y 31/2016 que disponía la puesta en marcha de la suba en la tarifa de gas, con aumentos que en algunos casos fueron de hasta el 1600%, aunque le ordenaba al Estado nacional que ante el nuevo esquema convoque a una audiencia pública.

Esa decisión inicial fue apelada por el Cepis y la Sala II de la Cámara Federal platense revirtió el fallo y dispuso la suspensión del incremento tarifario en todo el territorio nacional, expediente en el cual debe resolver en los próximos días si acepta una recurso extraordinario del Estado para que sea la Corte Suprema la que dirima la cuestión.

En otra instancia judicial, el Gobierno confía en que la resolución final será la que adopte la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para lo cual aguarda que la Cámara Federal de La Plata acepte el recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Energía contra el fallo que suspendió el incremento de tarifas.

El tribunal de feria de la Cámara debería definir en los últimos días de julio si acepta el recurso y remite el expediente a la Corte Suprema, para lo cual dispuso ayer que se le remitan todas las causas abiertas en contra del incremento tarifario y que suman 46 medidas cautelares otorgadas por jueces de todo nivel y de distintos puntos del país.

El Gobierno había intentado canalizar todos esos reclamos a través de la Cámara en lo Contenciosos Administrativo Federal de la Capital, pero la Cámara Federal platense ordenó que le sean emitidos a ella por haber dictado el fallo con alcance general.

Anticipando que el tema puede llegar a la Corte Suprema, la Asociación de Defensores del Pueblo remitió una carta al presidente del tribunal Ricardo Lorenzetti para ponerse "a disposición en búsqueda de una solución al grave problema que produjo el aumento de servicios públicos".

Los Defensores del Pueblo reafirmaron hoy su solicitud de convocatoria a Audiencias Públicas previas al tratamiento de un nuevo régimen tarifario integral para los servicios de energía eléctrica, gas y agua.