Para este lunes se aguarda una reunión de seguimiento de la gestión en Casa de Gobierno, donde podría asistir el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Además, los abogados que representan al Estado apelarán hoy ante ese tribunal de segunda instancia el pronunciamiento contrario que recibió la suba de tarifas del gas, con el objetivo de llegar con la "queja" en el menor tiempo posible ante la Corte Suprema de Justicia, para que el máximo tribunal se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.

Fuentes tribunalicias deslizaron que los integrantes de la Corte tendrían en carpeta comenzar a analizar el martes tres pedidos de "per saltum" presentados por el Estado nacional sobre temas relacionados con el aumento de tarifas, aunque la decisión final en torno al tema recién se conocería en agosto próximo, tras el receso judicial de invierno que comienza la próxima semana.

Entre este lunes y mañana martes  el gobierno comunicará "los pasos que deben seguir los usuarios en relación a este fallo. Ahora, el tema está en la Justicia y deberá resolverlo con independencia, ya que sobre esa base queremos construir la República", dijo Peña al diario La Gaceta de Tucumán.

"Lo importante es que en este tema, la Justicia actúe de forma independiente", agregó el jefe de ministros.

El jueves a la noche, luego analizar en detalle el fallo tomado por la Sala II de la Cámara Federal platense, la cartera que conduce Juan José Aranguren ratificó que iba a dar "los pasos procesales necesarios para defender las medidas tarifarias que hemos dictado y que están plenamente basadas en los marcos legales de cada uno de los servicios públicos involucrados".

En ese marco, hoy los abogados del Estado se presentarán ante el tribunal platense para solicitar que eleve la causa a la Corte Suprema y en su defecto presentarse en queja ante el máximo tribunal -a más tardar el martes- si la Cámara rechaza esa solicitud.

El jueves, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata falló en contra de la suba de las tarifas de gas a nivel nacional al ordenar retrotraer la situación a la fecha previa a puesta en práctica de esas medidas, que entró en vigencia el 1 de abril pasado.

El tribunal se pronunció de esta forma en una apelación presentada contra un fallo de primera instancia dispuesto por el juez federal de La Plata Alberto Recondo quien había ordenado al Estado Nacional convocar a audiencias públicas pero sin suspender la vigencia de los aumentos en las tarifas.

El pronunciamiento del juez de primera instancia fue recurrido ante la Cámara por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS); el Estado nacional y la asociación Consumidores Argentinos, y la Asociación para la Defensa, Educación e Información de los Consumidores.

Los camaristas consideraron que más allá del argumento esgrimido por el Estado nacional en torno a que es posible el ajuste tarifario sin que se hayan realizado audiencia públicas, "corresponde examinar si la normativa impugnada en autos se adecua a pautas de razonabilidad".

Explicaron que "es preciso destacar el alcance de la decisión sobre los usuarios y ponderar si estamos ante una situación que más allá de la transitoriedad puede definirse como de bajo impacto o si implica una modificación sustancial de la posición de los usuarios, que ocasiona una afectación difícil o imposible de revertir con posterioridad".