El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, anunció en la mañana de este jueves una solución al conflicto que mantenían los productores agropecuarios con la multinacional Monsanto, a partir del refuerzo de la capacidad de control que se le confiará al Instituto Nacional de Semillas (INASE), que reforzará su presupuesto a partir de un fuerte aumento en sus aranceles.

Buryaile dijo que "el Gobierno respeta los contratos privados vigentes y que se hagan", pero aclaró que esos convenios "no serán obligatorios para los productores", durante una conferencia de prensa en la que participó el vicepresidente de Monsanto para América del Sur, Fernando Gianonni.

"El INASE es el único organismo de fiscalización de control de legalidad de semillas", remarcó el ministro, y adelantó que se van a celebrar convenios con organismos públicos y entidades privadas "de manera tal de poder hacer controles selectivos para determinar la legalidad de las semillas".

"A partir de ese momento se verá si la semilla es legal o no, y en este último caso se aplicará la sanción por parte del instituto, mientras los desarrolladores que crean tener derecho de propiedad sobre la semilla podrán reclamarlos en la Justicia", agregó. 

Para fortalecer la tarea de fiscalización de semillas, se reforzará el presupuesto del Inase a partir de un "fuerte aumento" en sus aranceles.

El entendimiento cierra la disputa que escaló en los últimos meses la estadounidense Monsanto en torno al cobro de regalías por el uso de su innovación (la soja transgénica Intacta), y que motivó el control sobre los granos que la compañía lleva a cabo en los puertos de exportación.

Al asumir, dijo el ministro, "nos encontramos con una siembra hecha, no teníamos posibilidades de controlar mucho y la cadena comercial trabajaba con un sistema con el que no estábamos de acuerdo". 

El acuerdo con Monsanto será "de transición", es decir, tendrá aplicación durante este año, de manera que la cadena "tenga un desarrollo adecuado, invierta más y sume tecnología para agregar valor", sostuvo Buryaile.

Para la próxima campaña estará en vigencia una nueva ley de Semillas, cuyo proyecto va a entrar por Diputados. Para esto, "ya me reuní con los presidentes de la Cámara y de la Comisión de Agricultura", confió el ministro.

En cuanto a los parámetros a establecer para el control de legalidad de las semillas, Buryaile señaló que el lunes próximo se reunirá el comité técnico que integran distintas áreas del Ministerio, para dictaminar acerca del método con el cual se va a evaluar los granos. 

"El uso propio se mantendrá como prescribe la ley: si se justifica el origen de la semilla no hay inconveniente, pero eso no da derecho a la ilegalidad, por lo que habrá sanciones por parte del Inase", advirtió Buryaile. 

"Habrá -agregó- personas que no van a poder acreditar legalidad de las semillas, serán sancionadas y se negociará entre quienes crean tener los derechos y los productores, se celebrarán convenios y se procederá al reclamo judicial, si corresponde". 

El presidente del Instituto, Raimundo Lavignolle -presente en la conferencia- reveló que se detectó que más de 100 operadores comercializan semillas sin estar inscriptos en el organismo.

Justificó luego la participación de organismos públicos y privados en los controles, ya que "no tiene sentido hacer crecer innecesariamente la capacidad del organismo, cuando podemos utilizar capacidades ya instaladas en el sector y así verificar el origen de la semilla". 

Lavignolle destacó además que se incorporará personal técnico y legal al Inase "para fortalecer el registro de usuarios" y anticipó que se desarrollará "un sistema de declaraciones juradas más amigables, para hacerlas más simples y en línea". 

Gianonni, por su parte, declaró a la prensa tras la conferencia su conformidad con el acuerdo, ya que "brinda transparencia y permite normalizar la actividad, al respetar los derechos de propiedad intelectual".