La decisión de aceptar la presunción de que la ex Presidenta haya sido damnificada por el juez federal, la tomo la Sala I del tribunal al revocar la decisión del juez federal Sergio Torres.

El abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex Presidenta, había pedido que esta fuera considerada como parte acusadora de Bonadío, quien la procesó en la causa abierta por una denuncia de diputados macristas antes de las elecciones presidenciales.

Se trata de la denuncia "paralela" presentada por diputados kirchneristas el día en que Bonadío le tomó indagatoria en medio de una concentración multitudinaria frente a los tribunales de Comodoro Py.

En la misma se acusa del juez de haber cometido los mismos delitos de su procesada al haber autorizado el pago de las operaciones de dólares futuro.

La acusación de Cristina contra Bonadío incluyó también a funcionarios macristas, encabezados por el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, quien fue el que pidió autorización al juez para comenzar a pagar la operatoria.

En esa causa, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió investigar además de a Sturzenegger y Bonadío, al director del Banco Central, Pablo Curat; el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; José Torello, jefe de asesores de la Presidencia y a Nicolás Caputo, amigo íntimo del presidente Macri, quien habría comprado dólar futuro beneficiándose con la devaluación.

Denuncia y contradenuncia se encuentran envueltos en un verdadero enredo judicial luego de que, además la defensa de Cristina recusara a los jueces de la Sala II de la Cámara Federal por haber confirmado a Bonadío al frente de la investigación.

Esa recusación trabó la revisación de su procesamiento que debía realizar la Sala II del tribunal, que integran Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Ahora los que deberán resolver sobre esta cuestión son los integrantes de la Sala I, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler (Eduardo Farah quedó exceptuado), quienes analizaran el pedido de apartamiento de sus pares.