El pedido, impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita, fue realizado a la jueza en lo penal Económico Veronica Straccia quien instruye la causa en la que se investiga una maniobra del Grupo Indalo para evitar el pago de 8 mil millones de pesos en impuestos a la AFIP.

Esa causa se abrió luego de que una investigación periodística del diario La Nación diera cuenta de la existencia de una deuda de 8.000 millones de pesos acumulada en los últimos años de la gestión kirchnerista por liderado por el empresario López, y quien era su socio, Fabián De Sousa.

El grupo empresario, como agente de retención, habría recaudado ese monto en concepto de impuesto a la transferencia de combustibles y no los habría redireccionado a la AFIP, hecho sobre el cual habría basado su expansión.

Tanto Ercolini como el fiscal Pollicita consideraron que se trata de una causa por fraude en detrimento de la administración pública y no de un caso de evasión financiera, sostuvieron fuentes judiciales.

El juez Ercolini tiene en su juzgado la causa por presunta asociación ilícita presentada por la diputada nacional Elisa Carrió en el 2008 contra los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez y contra la administración kirchnerista.