El Gobierno intentará cerrar el primer capítulo de la discusión con las provincias por los fondos coparticipables al firmar con los gobernadores el acuerdo por la devolución del 15% retenido y por el cual la Corte Suprema falló a fines del año pasado, y anhela avanzar en el segundo semestre con la definición de una nueva ley de coparticipación y cambios en el fondo del conurbano bonaerense.

En el Centro Cívico del Bicentenario, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, acompañado por el viceministro Sebastián García de Luca y secretarios de Estado de esa cartera, encabezará el encuentro con los gobernadores y luego brindará una conferencia de prensa al mediodía.

García de Luca expresó su satisfacción por las negociaciones y sostuvo que la firma de los convenios "da la solución a un decisión política del Presidente, en la medida de los recursos que este gobierno dispone".

"Cierra una etapa de conversaciones que venimos teniendo desde diciembre", agregó, y consultado sobre si esto va a satisfacer la demanda de recursos de las provincias, respondió: "La deuda que heredamos de obras públicas ya está 80% paga y sumado a lo de la devolución del 15%, que es lo que cerraríamos mañana, creo que estamos cumpliendo con la palabra asumida".

Sobre algunas críticas con respecto al uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para avanzar en la devolución -financiará los préstamos subsidiados equivalentes al 6% de lo adeudado-, el viceministro dijo que "está todo analizado y se hace con el total cuidado de los fondos de los jubilados, para que tengan lo que merece".

Tras una mejora en la oferta hacia las provincias la semana pasada, y el reaseguro de que se mantiene la cláusula que habilita el reclamo judicial incluso tras la firma del acuerdo, una seguidilla de mandatarios provinciales comenzaron desde ayer a rubricar el pacto: por la mañana debutó Jujuy y le siguieron Tucumán, Chubut y Neuquén, mientras que hoy hizo lo propio Misiones.

Fuentes de Interior daban por descontado que mañana la totalidad de los gobernadores restantes, aunque algunos mandatarios, como el pampeano Carlos Verna, todavía dejaban trascender sus dudas.

El secretario de Relación con las Provincias de la Nación, Alejandro Caldarelli, dijo que en su momento "la Corte dictó sentencia para dos casos únicamente, pero el Gobierno consideró que el pedido de las provincias es justo y lo que hace es tratar, en este contexto de enorme déficit heredado, de devolverles recursos".

"Es un avance enorme respecto de lo que debe ser el federalismo y de la visión que tiene el Presidente del país federal. Tuvimos 12 años el gobierno más unitario y revertimos esa tendencia", aseveró, y sobre si algún gobernador puede llegarse a negar a firmar mañana, señaló: "No tienen excusa, no hay nada que no es conveniente para ellos. Con todos los que hablé me dijeron que estaban de acuerdo".

Desde Interior aspiran a que la solución de la devolución del 15% permita ahora avanzar en otras dos discusiones clave para el segundo semestre: la actualización del fondo del conurbano bonaerense (en la que permitirán que la voz cantante la lleve la gobernadora María Eugenia Vidal) y una rediscusión de la ley federal de coparticipación.

La discusión por la masa coparticipable fue reactivada a fines del año pasado por el cambio de signo político del gobierno nacional pero, especialmente, por el fallo de la Corte Suprema que dictaminó la devolución del 15% a Santa Fe y San Luis, lo que hizo que la ex presidenta Cristina Kirchner firmara un decreto a pocos días del fin de su mandato en el que extendía la devolución a todo el resto -luego derogado por Macri-.

Las conversaciones con los gobernadores comenzaron en diciembre (en una reunión en la Quinta de Olivos el primer sábado del nuevo gobierno) pero avanzó meteóricamente en los últimos días, cuando la Casa Rosada incrementó los fondos líquidos: además de devolver el 3% del total, brindará una línea de crédito a tasa subsidiada por el valor de 6 puntos del total, con fondos de la Anses y a devolver recién dentro de cuatro años.

Además, Interior puso un límite del 50% del total a la cantidad de fondos que puedan ser usados para licuar deuda de las provincias con la Nación (es decir que tan sólo la mitad de lo que debe devolverse podrá ser usado a cuenta de deuda provincial).

La última clave que desanudó el acuerdo fue la permanencia en los acuerdos de la cláusula que habilita a los gobernadores a recurrir a la vía judicial: un explícito pedido de los gobernadores, ya que temían sufrir denuncias por falta de cumplimiento de deberes de funcionario público al renunciar a un reclamo mayor.