Primer revés parlamentario para Cambiemos, en el Congreso nacional; en la Cámara de Diputados de la Nación, contra la voluntad de Cambiemos, que tildó el proyecto de "inconstitucional", el FpV, el FR, el Justicialismo y el PS firmaron un despacho de mayoría en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, donde se habilita al trabajador a considerarse reincorporado o elegir una doble indemnización y la incorporación de los despedidos desde marzo.

Por otro lado, prácticamente en paralelo, el Senado de la Nación avanzó con la declaración de la emergencia laboral. Una iniciativa consensuada obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. A diferencia del texto avalado en la Cámara baja, la versión de los senadores prohíbe los despidos sólo por seis meses y no es retroactiva. El trabajador podría optar por la doble indemnización o pedir ser reincorporado mediante una acción sumarísima.

         

Avanza la declaración de la emergencia ocupacional en la Cámara de Diputados

En medio de la ola de despidos en todo el país, la oposición en la Comisión de Legislación del Trabajo se unió para aprobar un proyecto de ley que prohíbe echar trabajadores hasta el 31 de diciembre de 2017, habilita la doble indemnización hasta esa fecha y obliga a reincorporar a los cesanteados desde marzo pasado.

Así lo resolvieron los diputados del Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el bloque Justicialista, del Partido Socialista, Unidos por una Nueva Argentina, Partido Socialista y Chubut Somos Todos, pese a la voluntad de la alianza oficialista Cambiemos (Pro, UCR y Coalición Cívica), que firmaron un dictamen alternativo luego de intentar en vano postergar la firma de despachos.

Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda, firmó un dictamen de minoría pero adelantó que votará junto a la mayoría. En tanto, llamó la atención la ausencia de la diputada Myriam Juárez (Frente Cívico y Social de Catamarca), que integra la alianza oficialista pero responde al sindicalista Gerónimo "Momo" Venegas, hoy cercano a líder de la CGT Azopardo, Hugo Moyano.

Para poder ser votado en el recinto el proyecto deberá ser aprobado antes por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el macrista Luciano Laspina. Atento a que la voluntad del oficialismo es no avanzar con el tema, toda la oposición le enviará una nota al diputado santafesino parar que trate de manera "urgente" la iniciativa.

La propuesta, consensuada por los bloques de la oposición, ratifica la "emergencia ocupacional nacional" decretada por el expresidente Eduardo Duhalde en 2002 y prorrogada en sucesivas oportunidades por el Poder Ejecutivo y el Congreso durante la era kirchnerista.

Sin embargo, contiene algunos condimentos especiales. "No es el mejor de los proyectos pero se hizo una declaración de emergencia y las consecuencias están a la vista… debemos cada vez escribir más", resumió Alberto Roberti, presidente de Legislación del Trabajo, en alusión a las trabas puestas por los empresarios.

Así, la iniciativa declara la emergencia desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017, período en el cual quedarán prohibidos los despidos tanto en el sector público como privado y quedarán renovados automáticamente los contratos con vencimientos. Esto implica además que deberán ser reincorporados los trabajadores despedidos desde marzo.

Si bien algunos diputados propusieron que el período comience el 10 de diciembre, fecha en la que asumió Mauricio Macri, y otros el 1 de enero, Roberti aseguró que la mayor cantidad de despidos se produjo a partir de marzo.

"Quedan prohibidos los despidos sin justa causa dispuestos por los empleadores en el ámbito privado. Los distractos dispuestos en contravención a dicha prohibición serán nulos", precisa la iniciativa y aclara luego que los despedidos podrán optar por accionar judicialmente para lograr su reincorporación o elegir cobrar una doble indemnización.

Cambiemos, en contra

En vano, el oficialismo intentó postergar la firma de dictámenes y continuar el debate con la participación del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y de cámaras empresarias. Vocero de la alianza Cambiemos, el macrista Daniel Lipovetzky, aseguró que prohibir despidos es "inconstitucional" y que además la situación laboral actual "no es compatible con la situación de 2001" en la que se declaró la emergencia. En cambio, propuso "pensar medidas para promover el empleo".

Finalmente, presionado por la firma de dictámenes por parte de la oposición, Cambiemos -que es minoría en la comisión- no apoyó la iniciativa porque sostienen que el texto es confuso, que compromete otras normas, competencias y atribuciones y, que en definitiva lejos de cumplir con su finalidad terminará con el destino de su judicialización.

En tanto, la radical Gabriela Albornoz (UCR) aseguró que la emergencia ocupacional está vigente por lo que la propuesta opositora es un "acto de debilidad institucional: se dicta una ley porque se desconfía de la que ya se dictó".

La vicepresidenta segunda de la comisión se quejó porque no la habían invitado a la exposición de las centrales sindicales en la Cámara. La izquierda le salió al cruce recordando que había concurrido a la cumbre por su cuenta, sin tampoco haber sido invitada. Desde el kirchnerismo, en tanto, se burlaron diciendo que la próxima vez le enviarían una carta "con letras de oro".

Albornoz protagonizó un segundo episodio cuando reprochó que el de la oposición "es un proyecto solo motivado por ideología política". A lo que la oposición respondió "Es verdad".

Críticas al Gobierno

Una de las más fuertes con el oficialismo fue Alicia Ciciliani (Partido Socialista). "Los terribles errores del Gobierno cuando echó a miles de trabajadores no se cortan pidiéndole a los empresarios que sean sensibles. No queremos llegar al desempleo de dos dígitos. Hay una situación económica complicada que se puede complicar más con el golpe de Estado que se está congeniando en Brasil", reaccionó la santafesina.

Desde el Frente para la Victoria, en tanto, aseguraron que "el modelo económico de Macri necesita 15 por ciento de desempleo" para "disciplinar a los trabajadores", mientras que Pitrola cargó contra el macrismo al responsabilizarlo por lo más de 150.000 despedidos desde la asunción de su gobierno hasta la fecha.

El massismo, uno de los aliados eventuales que tiene la minoría oficialista, también fue duro con el Gobierno, a quien acusó de "negar" los despidos y firmar decretos "para que los que se llenaron de plata durante estos años hoy tengan facilidad de despedir". También se refirió al "ajuste de tarifas" la "caída de la actividad económica" y preguntó: "¿viene esta caída y encima van a generar desempleo?".

Facundo Moyano, que además de diputado es líder del gremio de los trabajadores de peajes, se expresó en el mismo sentido: "se procedió con urgencia frente a sectores beneficiados. Cuando se trata de trabajadores hablamos que vengan los ministros", protestó.

Su colega de la CGT Omar Plaini, del gremio de los canillitas, aportó: "mientras debatimos este proyecto están despidiendo a algún habitante del territorio argentino". Mientras que el kirchnerista Edgardo Depetri, de la CTA, concluyó: "Macri es un presidente que favorece a los poderosos; gobierna para los ricos".

El Senado avanzó con la declaración de la emergencia laboral

Una iniciativa consensuada obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. A diferencia del texto avalado en la Cámara baja, la versión de los senadores prohíbe los despidos sólo por seis meses y no es retroactiva. El trabajador podría optar por la doble indemnización o pedir ser reincorporado mediante una acción sumarísima.

         

En paralelo a la Cámara de Diputados, la oposición logró avanzar en el Senado con un proyecto consensuado para declarar la emergencia en materia ocupacional por 180 días, como manera de frenar la ola de despidos tanto en el sector público como en el privado.

La iniciativa obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, con el respaldo de 9 de los 17 senadores que la integran, por parte del Frente para la Victoria, el PJ La Pampa, el Movimiento Popular Neuquino y el GEN.

El interbloque Cambiemos quedó en minoría y exigió escuchar primero al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a funcionarios del gabinete económico y al sector empresarial, antes de firmar dictamen alguno.

Sin embargo, la oposición se impuso para firmar el dictamen de mayoría, consensuado entre propuestas de Daniel Lovera (PJ La Pampa), Mario Pais y Pedro Guastavino (FpV), el cual quedó en condiciones de ser tratado en el recinto.

Según explicó Pais, el proyecto -que responde a un pedido de las centrales sindicales durante su visita al Congreso- declara la emergencia ocupacional por seis meses, durante los cuales se prohíben los despidos tanto en el sector público nacional como en el privado.

La iniciativa le da al trabajador despedido la posibilidad de optar por la doble indemnización, o, en todo caso, iniciar un procedimiento sumarísimo para ser reincorporado.

Además, durante esos 180 días -que, en principio, no podrán ser prorrogados-, se debe producir la renovación automática de los contratos, y se invita a las provincias a adherir a la emergencia.

El radical Ángel Rozas llevó la voz cantante del interbloque Cambiemos y, aunque reconoció "no estar en desacuerdo" con debatir el proyecto, consideró que la visión de Triaca "no puede estar ausente" en la discusión.

"Hay datos que no tenemos oficialmente", se sumó la jefa del bloque Pro, Laura Rodríguez Machado.

Pero la oposición apeló a la "urgencia" del tema y consideró que los invitados podrán exponer en el intervalo entre este miércoles y el debate en el recinto.

"Eso de convocar a expositores 'in eternum' se va 'de patadas' cuando cientos de trabajadores no llegan a fin de mes y están esperando a ver si les llega el telegrama de despido", advirtió la santacruceña Virginia García (FpV).

En la misma línea, Marina Riofrío sostuvo que "no tenemos tiempo de hacer audiencias públicas" y recordó que "muy pocos senadores del oficialismo estuvieron presentes" en la reunión con las centrales obreras, hace aproximadamente 20 días.

Desde el FPV también le enrostraron a la alianza de gobierno su responsabilidad por los despidos. "Los despidos en la administración pública son producto de sus políticas", dijo la catamarqueña Inés Blas, mientras que la sanjuanina Marina Riofrío alertó que "el Ministerio de Trabajo ha avalado esta metodología y tiene que explicar por qué".

Desde el Pro, Federico Pinedo rechazó el argumento de la oposición. "Uno escucha primero lo que opinan los demás y luego toma decisiones", opinó.

Asimismo, avizoró que "se vienen obras de inversión pública y privada que van a generar millones de puestos de trabajo", y enfatizó que la emergencia ocupacional "no es el mecanismo" para lograr ese fin.

Por el MPN, Guillermo Pereyra manifestó su acompañamiento al dictamen de mayoría. "Que vengan todos los funcionarios que tienen que venir, pero nosotros tenemos que avanzar", aseguró, tras referirse a la situación del sector hidrocarburífero.

Por su parte, Roberto Basualdo -quien pidió sumar la opinión de las pymes- propuso "avanzar con un proyecto integral para generar fuentes de trabajo" además de prohibir los despidos.

En este sentido, el peronista sanjuanino pidió que durante los 180 días de la emergencia también se establezca que el período de prueba para el trabajador no sea de tres meses, sino de un año.

Magdalena Odarda, de la Coalición Cívica, firmó un dictamen propio con modificaciones con respecto a los contratos laborales, a diferencia de Jaime Linares (GEN), quien acompañó el dictamen de mayoría.

Por último, la kirchnerista Sandra Giménez -quien no integra la comisión- propuso que la emergencia sea retroactiva al 10 de diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri asumió como presidente de la Nación, según informó Parlamentario.