El fiscal federal Jorge Di Lello pidió abrir una investigación contra el juez federal Claudio Bonadio y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, por presunta administración infiel en perjuicio de la administración pública y en favor de particulares.

La Fiscalía dio impulso a una causa iniciada por una denuncia hecha la semana pasada por un grupo de diputados nacionales del Frente para la Victoria, la misma en la que la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner pidió ser querellante. Esta apunta a determinar si generaron pérdidas para el Estado Nacional las operatorias de venta de dólar a futuro a raíz de una "mega devaluación" llevada a cabo a partir del 10 de diciembre pasado cuando Mauricio Macri asumió como Presidente.

El pedido de Di Lello fue hecho ante el juez federal Sergio Torres y, como medida de prueba, reclamó la citación a prestar declaración testimonial a la ex mandataria y al exministro de Economía Axel Kicillof, ambos imputados en la causa que investiga la venta de dólar a futuro y quienes fueran indagados por Bonadío la semana pasada.

Di Lello también pidió a "las entidades correspondientes el listado completo de las personas físicas y jurídicas que adquirieron dólar a futuro entre el 15 de octubre y el 9 de diciembre de 2015". Además, solicitó que Torres "escuche en declaración testimonial a quienes fueran presidentes del Banco Central desde el año 2007 en adelante", y que el BCRA informe "el volumen del dólar a futuro vendido en ese período".

Por otra parte, pidió al juez que reclame informes sobre "la evolución de los valores del dólar entre el 1 de enero del 2008 y el 30 de noviembre del 2015" y "la diferencia de cotización mes a mes" dentro de ese mismo período", como así también "el volumen vendido de divisas al cambio oficial durante el período denominado como 'cepo cambiario' tanto para ahorro como para pago de tarjetas de crédito".

La denuncia, firmada entre otros por el titular del bloque del FPV, Héctor Recalde, es contra Bonadio y Sturzenegger por los presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, prevaricato, estafa procesal y privación ilegal de la libertad.