La filial argentina de Amnistía Internacional (AI) celebró la decisión del Poder Ejecutivo de enviar al Congreso un proyecto de ley sobre acceso a la información pública al considerar que es una "herramienta imprescindible" para "obligar a los funcionarios públicos de los tres poderes a rendir cuentas y brindar explicaciones".

Así se pronunció la organización sobre el anuncio que efectuó el presidente Mauricio Macri acerca del envío de un proyecto de ley cuyo objetivo es que cualquier ciudadano tenga acceso a datos provenientes de la administración pública".

"En un contexto de crisis internacional respecto de la transparencia en los sistemas financieros y legales, es imprescindible implementar políticas que obliguen a las autoridades y funcionarios públicos de los tres poderes a rendir cuentas y brindar explicaciones sobre su gestión y mandato", señalaron en un comunicado.

Además, consideran que el derecho de acceso a la información es "un derecho humano y constituye una de las principales herramientas para el control de la actividad estatal por parte de la ciudadanía" y que ése es el primer paso "hacia el principio de publicidad en la administración de gobierno, imprescindible para concretar la participación social".

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski remarcó que "la falta de información clave impide conocer la situación de violación de ciertos derechos y en consecuencia evaluar que medidas está adoptando el Estado para satisfacer los distintos derechos que posee la ciudadanía".

"Del derecho de las personas a recibir información se desprende la obligación positiva del Estado de producirla. De allí que esta norma que se envió al Congreso debe estar acompañada por el compromiso real de contar con bases de datos y fuentes de información cuantitativa y cualitativa oportuna para el análisis de la realidad política, social y económica de un país", agregó.

Belski remarcó que el Congreso "tiene la oportunidad de sumar a la Argentina al grupo de países de la región preocupados por garantizar mayores niveles de transparencia, rendición de cuentas y participación de la sociedad en asuntos públicos y a la vez contribuir a reducir los niveles de desigualdad, de corrupción, evasión fiscal y abuso de poder".