Con 54 votos a favor y 16 en contra, la alianza Cambiemos logró convertir en ley este miércoles el acuerdo el Poder Ejecutivo selló con los holdouts, los tenedores de bonos en default, con el objetivo de ponerle fin al litigio y volver a tomar deuda en el exterior.

El oficialismo consiguió aprobar el proyecto al cabo de un debate de 14 horas donde contó con el respaldo del grueso del peronismo, incluyendo el voto de al menos 20 senadores del Frente para la Victoria-PJ.

Se trata del primer éxito legislativo del gobierno de Mauricio Macri, en el que fue determinante el apoyo manifestado por gobernadores opositores, necesitados de fondos para reactivar obras en sus provincias.

La alianza Cambiemos -integrada por el Pro, la UCR y la Coalición Cívica- no tuvo problemas a la hora de conseguir quórum a pesar de ser minoría en el pleno.

El respaldo del peronismo al proyecto llegó de la mano de los senadores de Salta, Catamarca, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Tucumán, Corrientes y aliados de Santiago del Estero y La Pampa.

En el mismo sentido se pronunciaron el GEN, el Movimiento Popular Neuquino y el interbloque Unidos por una Nueva Argentina, que expresa la alianza entre el diputado Sergio Massa y el exgobernador José Manuel De la Sota.

Miguel Pichetto, jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, votó a favor del proyecto, a diferencia de su par rionegrina Silvina García Larraburu, quien lo hizo en contra.

El rechazo fue encabezado por el kirchnerismo duro, representado por las cuatro senadoras de La Cámpora y legisladores de Buenos Aires, Chubut, San Luis, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y La Rioja -en el caso de estos dos últimos, contra el pedido de sus gobernadores-.

También se opuso al proyecto Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur), mientras que la rionegrina Magdalena Odarda, de la Coalición Cívica, se ausentó en la sesión por problemas de salud.

El bloque Compromiso Federal, de Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre, finalmente votó de forma positiva, aunque insistió en reclamar modificaciones que no fueron aceptadas por el oficialismo.

El debate

Como miembro informante del oficialismo, Julio Cobos (UCR) destacó que este acuerdo "puede ser un punto de inflexión en nuestra economía" puesto que permitirá al país "recuperar el acceso al crédito internacional".

"Estamos actuando bien. ¿Se podría haber logrado un mejor acuerdo? Tal vez sí, tal vez no. Pero tenemos una sentencia y es muy difícil acordar bajo una sentencia", dijo el senador de Cambiemos.

Según Cobos, hoy "nos encontramos con dos problemas: una sentencia en todas las instancias (judiciales de Estados Unidos) producto de la prórroga de jurisdicción que ofreció Argentina en la emisión de deuda y porque existía una Ley Cerrojo".

Así, advirtió, "los intereses se siguen acumulando al pasar el tiempo, es como un taxi que está parado", mientras que los bonistas que entraron a los canjes "no están cobrando" por los obstáculos del juez neoyorkino Thomas Griesa.

A continuación fue el turno de María Ester Labado, la única firmante del dictamen de rechazo. La santacruceña sostuvo que este "no es el mejor acuerdo por la toma de deuda" y porque no evita "nuevos juicios" por parte de los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 en demanda de las mismas condiciones de pago que obtendrán los fondos buitre.

Más dura aún, Labado aseguró que a los fondos buitre "los tendríamos que estar denunciando porque son usurarios, hacen terrorismo financiero; no tendríamos que estar acordando".

Desde el mismo bloque, el senador Rodolfo Urtubey justificó el apoyo del grueso de los senadores, al considerar que "hay que devolver a la Argentina su capacidad plena como sujeto de crédito".

El hermano del gobernador salteño rechazó la advertencia esgrimida por sus pares kirchneristas de que el acuerdo permitirá al gobierno de Macri iniciar un nuevo proceso de endeudamiento externo perjudicial para el país.

En este sentido, recordó que el Frente para la Victoria cuenta con una mayoría sólida en el Senado "para condicionar la tentación del endeudamiento".

Sobre el riesgo de juicios futuros, opinó que "la litigiosidad se ha acotado muchísimo" y agregó que "puede haber pleito pero no medidas cautelares", y "pleito tendremos siempre".

Entre los senadores kirchneristas que también defendieron el acuerdo figuraron Omar Perotti (Santa Fe), Sigrid Kunath, Pedro Guastavino (Entre Ríos) y Dalmacio Mera (Catamarca).

Todos ellos remarcaron la necesidad de cerrar este capítulo y facilitarle al Gobierno este instrumento para poder acceder a financiamiento externo que permita avanzar con obras de infraestructura en las provincias.

En la vereda de enfrente, no obviaron críticas las camporistas Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Virginia García (Santa Cruz), cuñada de Máximo Kirchner.

"Nos quieren vender una crisis para que compremos un endeudamiento caro y en malos términos. Nos están llevando derechito al infierno", protestó Sagasti.

La legisladora justificó su voto negativo al acuerdo basándose en "tres pilares: el sentido común, la memoria colectiva y la coherencia". Y pidió encarar nuevas negociaciones con los tenedores de bonos en default: "negociar con soberanía, cuidando los intereses de la Argentina".

En tanto, García recordó que "muchos senadores presentes acompañaron el proceso de desendeudamiento llevado adelante por Néstor y Cristina" Kirchner, y sentenció: "No nos vamos a dejar extorsionar".

Otro de los senadores kirchneristas que esgrimió su rechazo al proyecto fue el propio presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina, quien planteó la "incertidumbre sobre la sustentabilidad jurídica del acuerdo" y recordó que "ni los especialistas ni el Procurador del Tesoro pudieron afirmar que los riesgos de litigiosidad fueran nulos".

"Coincido en que debemos cerrar este capítulo, pero tengo serias dudas de que este proyecto lo haga", reconoció el bonaerense.

En términos más duros, el sanjuanino Ruperto Godoy advirtió que "este proyecto es una claudicación para la Argentina" y pidió una "una negociación que mantenga la dignidad".

Su par chubutense Nancy González denunció que "los gobernadores sufrieron una presión tremenda del Gobierno nacional" para impulsar el voto a favor de sus representantes en el Congreso.

Otro legislador que se opuso férreamente fue el neuquino Marcelo Fuentes, quien observó que detrás del acuerdo subyace un nuevo ciclo de endeudamiento, y agregó que "Néstor Kirchner nunca hubiera negociado en estas condiciones de apresuramiento".

Las kirchneristas Liliana Fellner (Jujuy) y Graciela De la Rosa (Formosa) se disponían a votar en contra de la iniciativa, pero finalmente lo hicieron a favor.

Desde Compromiso Federal, Liliana Negre pidió modificar el texto en discusión para que el Gobierno esté obligado a pedir autorización al Congreso para tomar deuda.

Asimismo, la puntana insistió en prohibir la prórroga de jurisdicción para los litigios con los tenedores de bonos; y propuso derogar el artículo donde se exime de impuestos a las operaciones que realice nuestro país.

En otro orden, negó que su par Adolfo Rodríguez Saá, sentado a su lado, haya declarado el default cuando asumió como presidente con la crisis de 2001. "No dijo que declaraba el default, dijo que iba a declarar la suspensión de pagos para que decida el Congreso", aclaró.

Roberto Basualdo, quien integra junto a Negre el interbloque, se diferenció y anticipó su voto positivo. Pronosticó que "el pago a los holdouts va a ser beneficioso para todos los argentinos" pues "le permitirá al país generar confianza y esa es la única manera de crecer".

Entre las voces de Cambiemos, el radical Luis Naidenoff explicó que "el crédito es un paso necesario para crecer" y agregó que "hay que mirar para adelante y tratar de resolver un conflicto porque nada es gratis y esto ha generado un enorme costo".

"Resolvemos esto con lo que se puede y con lo que se tiene", aportó otro radical, Alfredo Martínez, mientras que su par Silvia Elías de Pérez afirmó que con este acuerdo "estamos canjeando una deuda por otra más barata" y que "el verdadero peligro está en no acordar".

El macrista Federico Pinedo remarcó la necesidad de pagar. "Para que los buitres no sigan con este juego del reloj de taxi que sigue corriendo hay que mostrar voluntad de pago", enfatizó.

"No votamos esto para votar con los fondos buitre: lo votamos por patriotismo, de buena fe". "Creemos que esto es lo mejor para nuestra Patria y nuestro pueblo", expresó el presidente provisional de la Cámara alta.

La jefa del bloque Pro, Laura Rodríguez Machado, aprovechó su discurso para reconocer a Pichetto por haber agradecido el apoyo de la oposición durante los canjes anteriores.

Además, la cordobesa dijo que "es un momento decisivo para que las provincias puedan tener la misma calidad de vida que Capital".

El massista Carlos Caserio, del interbloque Unidos por una Nueva Argentina, manifestó su acompañamiento al señalar que "el fin de este litigio es la llave para normalizar la situación financiera del país".

Por su parte, Rodríguez Saá llamó a concretar el "Nunca más del endeudamiento", haciendo que "para endeudarse, el Poder Ejecutivo y los organismos descentralizados tengan que tener una ley especial" del Congreso.

Pichetto -quien hasta el 10 de diciembre pasado era el encargado de cerrar los debates en el Senado- argumentó su voto a favor al razonar que, de no acordar con los holdouts, "la deuda se podría acelerar y viralizar".

"Es mucho más complejo para el país no acordar que acordar", analizó el jefe de la bancada mayoritaria, y dijo comprender que "estamos frente a una sentencia".

Por otra parte, el rionegrino calificó de "lamentable" el informe del procurador del Tesoro, Alberto García Lema, a propósito del acuerdo y sus riesgos, y le sugirió al Gobierno que le pida la renuncia.

La última palabra la tuvo el presidente del bloque radical, Ángel Rozas, quien destacó que "este acuerdo pone al país en la senda del crecimiento".

"Era difícil, dadas las circunstancias, lograr mejores términos o persistir en el no pago", explicó, y finalizó: "Estamos tratando de resolver un tema crucial para la Argentina que se viene".

Clave para el oficialismo

El proyecto ratifica los acuerdos que selló el gobierno de Macri con los holdouts, entre ellos los denominados fondos buitre. Así, se autoriza un pago en efectivo de 11.864 millones de dólares antes del 14 de abril para cerrar el litigio que afronta el país en tribunales internacionales y que obstaculiza el pago a los bonistas que entraron a las reestructuraciones de 2005 y 2010.

Para eso la iniciativa deroga la Ley Cerrojo y modifica la de Pago Soberano, normas sancionadas durante el kirchnerismo que impiden mejores ofertas de pago a los bonistas que no entraron a los canjes previos.

El proyecto sancionado autoriza un endeudamiento por 12.500 millones de dólares, emitiendo bonos a 5, 10 y 30 años.

Entre otras cuestiones, se prorroga la cesión de jurisdicción para dirimir futuros litigios y se crea una comisión bicameral para realizar un seguimiento del pago de deuda externa.

Se trata de un paso clave para el cometido del programa económico de Gobierno, que apuesta al endeudamiento para financiar el déficit fiscal -a su juicio responsable de la inflación-, obras públicas para mejorar la competitividad de los productos argentinos y, a su vez, refinanciar nueva deuda, según informó "Parlamentario".