El fallo, que los condenó a cuatro años de prisión, fue dictado por la jueza federal María Servini de Cubría en el marco de una causa en la que intervino el fiscal federal Eduardo Taiano y en la que actuó como querellante la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. 

En la resolución, la magistrada dio por probado que Jorge Conti, Carlos Villone, Julio José Yessi, Norberto Cozzani y Rubén Pascuzzi integraron la organización paramilitar desde sus cargos formales en el Ministerio de Bienestar Social. 

En la sentencia, la magistrada afirmó que la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) "fue proyectada, materializada, financiada y conducida por agentes públicos, más precisamente por un ministro de la Nación", en referencia a José López Rega. 

En ese sentido, indicó que, de hecho, los condenados en esta causa estuvieron "vinculados en cierta forma al Ministerio de Bienestar Social". 

Además, el fallo, que fue dictado en febrero pero que recién trascendió este lunes, consigna que el escribano y periodista Conti -desde el área de Prensa, Relaciones Públicas y Difusión-, y Villone -como secretario de Estado de Coordinación y Promoción Social- habrían actuado como los "enlaces" entre López Rega y los distintos grupos que comandaban en el Ministerio entre 1973 y 1975.

"El delito que aquí se juzga no fue consecuencia del accionar de personas individualmente consideradas, para su perpetración fue necesaria la misma estructura y recursos proporcionados en principio por uno de los ministerios del Estado", sostuvo la jueza. 

Además, consideró que la sede de esa cartera se utilizó "como lugar físico" para reuniones de la Triple A, como así también se utilizó para financiar su funcionamiento. 

"Se proveyeron fondos para compras de armamentos, solventar su logística, se utilizó su aparato de prensa, y hasta sus requerimientos aduaneros en materia de armas", puntualizó la magistrada.

Entre otros delitos, pudo probarse que algunos de los cometidos por los integrantes de la Triple A fueron homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y atentados de todo tipo. 

Tal como sostuvieron la fiscalía a cargo de Taiano, la querella, el juzgado en la etapa de sumario y la Cámara Federal de Apelaciones, Servini coincidió en que "no existe ningún obstáculo legal para la persecución de este delito, pues la acción penal respecto del mismo es imprescriptible en virtud de tratarse de un delito de lesa humanidad".