En los fundamentos del escrito, indicaron que "estas resoluciones han sido sancionadas de una manera totalmente inconsulta, sin la realización de una audiencia pública previa que asegure al menos un elemental nivel de información y participación de los usuarios y las usuarias, que se verán afectados por la modificación de las tarifas eléctricas".

Los legisladores y las legisladoras, señalaron que la interposición legal fue efectuada "tras la concreción de un daño cierto que lesiona, restringe, altera y amenaza a los usuarios y consumidores del servicio de energía eléctrica del territorio bonaerense".

Al mismo tiempo, en el recurso solicitaron la intervención del defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires tal como lo ha exhortado dicho organismo ante el ENRE y el Ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren.

En relación a la actividad económica, expresaron que "la medida es sumamente negativa para los sectores comerciales e industriales y los diversos actores de la economía social, los cuales padecerán incrementos alarmantes. Esta situación, provocaría un aumento directo en el costo de operación que se trasladaría a los precios, desencadenando una reducción de la demanda global, entre otros problemas".

Con respecto al beneficio de Tarifa Social por consumo de energía de hasta 150 kwh por mes, los diputados y las diputadas manifestaron su preocupación por las personas "Electrodependientes por cuestiones de salud", que presentan consumos extraordinarios de electricidad, y por la personas en situación de vulnerabilidad social, que habitan en viviendas sin acceso al gas natural por redes.

Por otra parte, advirtieron sobre el "impacto perjudicial" en la instituciones de bien público, las sociedades de fomento, los clubes barriales y las organizaciones comunitarias que trabajan para efectivizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, de mujeres, de personas con necesidades especiales, de adultos mayores, entre otros sujetos de derecho.

Destacaron que las disposiciones perpetradas implican "un claro ataque al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, quienes verán afectado su salario y nivel de vida así como el de sus familias".

"Una modificación tarifaria de tales características que afecta un número tan significativo de ciudadanos, debió ser puesta a consideración mediante una audiencia pública conforme el espíritu del artículo 42 de la Constitución Nacional", recalcaron en la acción judicial.

En línea con ello, los legisladores y las legisladoras exigieron el cumplimiento de la Ley 24.065 -"Régimen de la Energía Eléctrica"-, la que en sus artículos 46° y 48° regula el procedimiento de audiencias públicas, que resulta necesario para el establecimiento de una tarifa justa y razonable

De esta manera, sostuvieron que "este recaudo es el único procedimiento viable para que la comunidad afectada y los titulares de derechos de incidencia colectiva puedan participar, informarse, emitir su punto de vista, ser parte activa de la determinación de un nuevo cuadro tarifario".

En el mismo sentido, los diputados y las diputadas del Frente para la Victoria elevaron en la Cámara baja provincial un proyecto de declaración donde pronunciaron su más enérgico rechazo y repudio al ajuste tarifario del servicio de energía eléctrica, ejecutado por el gobierno nacional por medio de las mencionadas resoluciones, e instaron a que se convoque de inmediato a las pertinentes audiencias públicas.

En este contexto, los diputados y las diputadas además iniciarán una campaña en diferentes distritos bonaerenses, convocando a los vecinos, vecinas, comercios, instituciones de bien público, pymes, integrantes de la economía social, organizaciones comunitarias, entre otros damnificados, para que puedan ejercer su derecho constitucional de solicitar la realización de la audiencia pública correspondiente.

"La audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o general, exprese su opinión", concluyeron.

La presentación judicial fue firmada por los legisladores Walter Abarca, Eva Ramírez, Valeria Amendolara, Andrés Quinteros, Mariano San Pedro, Alejandra Martínez, Liliana Pintos, Marcelo Feliú, Manuel Elías, Mauricio Barrientos, Alicia Sánchez y Ricardo Moccero.