En un documento firmado por Elisa Carrió, como titular de la Coalición Cívica, y varios miembros de ese espacio político, la aliada electoral del Pro se opuso a la medida al considerar que "a una actividad con baja capacidad de generación de puestos de trabajo y alto impacto ambiental, no se la puede beneficiar de manera privilegiada con medidas que impliquen transferencias de recursos del conjunto de la sociedad, ocasionando un costo fiscal considerable".

"Hoy la actividad minera cuenta con un régimen tributario especial que contiene excepciones en los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta, al valor agregado, al cheque, a los derechos de importación y exportación, régimen de estabilidad fiscal y un compromiso federal que garantiza la no imposición de gravámenes y tasas municipales ni impuesto a los sellos provinciales", recordaron los dirigentes de la Coalición Cívica en el texto.

En la misma línea, señalaron que "es importante recordar que desde la ley 24.196 de Inversiones Mineras sancionada durante el gobierno de Carlos Menem en adelante la actividad minera es, sin dudas, una de las actividades productivas mas beneficiada e incentivada por las leyes nacionales, situación que se ha consolidado a lo largo de la gestión kirchnerista".

"A esto debe sumarse que el canon impuesto a la minería establecido en pesos y no ajustados por casi veinte años, fue recientemente actualizado con criterios vergonzosos por la administración de Cristina Fernández de Kirchner", agregaron.

El documento sostiene que "el régimen legal 'promocional' para las inversiones mineras en la Argentina incluye una serie de beneficios comerciales, tributarios, financieros y cambiarios, a lo que se suma la permeabilidad e ineficiencia en los controles del Estado".

Sobre cuales serían los puntos a debatir en esa área, Carrió enumeró: "El uso de las reservas de agua, el cumplimiento de la ley de Glaciares, el impacto ambiental por explotación y sus eventuales accidentes, y la reforma del código de minería, entre otros".

"Un país que cuida su presente y piensa su futuro pone como prioridad la agenda ambiental, no la rentabilidad de unos pocos. Por lo tanto la defensa del interés general no debe ceder ante las presiones sectoriales, como lo es el lobby minero", remarcaron.

Acompañaron a Carrió, los diputados nacionales Fernando Sánchez, Alicia Terada y Leonor Martínez Villada; la directora de Acumar, Fernanda Reyes; y el diputado provincial de Catamarca, Rubén Manzi.