Después de cuatro años la Mesa de Enlace nacional del sector agropecuario volvió a ser recibida por el Gobierno nacional y empezaron a definir la atención a problemas de productores lácteos y frutícolas, y el pedido de respaldo en el conflicto con Monsanto por derechos para uso de semillas.

Durante la reunión en la sede del Ministerio de Agroindustria de la Nación, los titulares de la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) ratificaron su beneplácito al ministro Ricardo Buryaile por las medidas adoptadas en materia cambiaria y de eliminación de impuestos.

La reunión, fue encabezada por el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, junto al ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile y marcó el primer contacto institucional entre el Gobierno de Cambiemos y la entidades del campo.

"Queremos que los productores puedan promover una agenda de discusión hacia el interior de sus organizaciones y vamos a trabajar en conjunto en todos los niveles con metas y objetivos específicos", sostuvo Peña al abrir el diálogo.

Por su lado, Buryaile destacó que "hoy volvió el diálogo porque es imprescindible para que esta Argentina crezca con producción, con empleo y generando valor agregado para recuperar presencia en los mercados mundiales".

"Después de años de una política contraria al sector, vemos un cambio de actitud por parte de las actuales autoridades", resaltó el titular de SRA, Luis Miguel Etchevehere, quien desatacó además la "formación de equipos con personas muy idóneas, que conocen la realidad de las distintas producciones".

"Cambió la confrontación por la construcción, con representantes del Banco de la Nación, la AFIP, Senasa y el INTA para seguir los temas con un perfil más técnico, y pasó a saludar el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña", destacó Etchevehere.

El ruralista puso de relieve la reconstitución del "clima de confianza" y el carácter "simbólico" del encuentro, con miras a ganar competitividad para los productos argentinos en el exterior.

"Se va a producir más, estimamos que podemos alimentar a 600 millones de personas en 5 o 6 años y tenemos que buscar convenios comerciales como los firmados por nuestros competidores, que les permiten acceder a mercados sin aranceles, cuando nosotros pagamos 12, 17 o 22%", añadió.

En el encuentro, agregó el dirigente, se trató la necesidad de una ley de Semillas, de analizar cadenas de valor como las de la leche y la fruta, además de cuestiones de infraestructura, transporte y estrategias para ganar mercados externos.

Dardo Chiessa (de CRA) dijo a su vez que "hay producciones relegadas en economías regionales, tergiversaciones de mercado y problemas de calidad con mercaderías por 12 años de no discutir", a la vez que admitió que no hubo reclamos oficiales por la demora de los productores en liquidar sus stocks de soja.

Omar Príncipe (de FAA), señaló a su vez -en referencia al conflicto sobre semillas- que "Monsanto abusa de su posición dominante en el mercado de granos y le pedimos a Buryaile que el gobierno tome cartas en el asunto, ya que es un tema que no se puede resolver entre privados y el Estado tiene que intervenir".

El dirigente añadió que las mesas de trabajo funcionarán por productos y regiones, y remarcó que "es indispensable pensar en frenar el proceso de concentración productiva, para lo cual hacen falta políticas públicas orientadas a pequeños y medianos productores, participar en las cadenas de valor productiva y no sólo pensar en agronegocios".

Egidio Mailland (de Coninagro) consideró por último que las autoridades tienen "una idea acabada de los temas y en muy breve plazo va a haber novedades".

Por último, cabe señalar que las cuatro entidades agropecuarias que conforman la Mesa de Enlace volvieron a ser recibidas este último viernes por el actual gobierno nacional, a cuatro años de la interrupción de los contactos bilaterales con el anterior gobierno de la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y en síntesis empezaron a definir una "agenda de trabajo" que incluye la urgente atención a problemas de los productores lácteos y frutícolas, y el pedido de respaldo oficial en el conflicto con la multinacional Monsanto por el pago de derechos para el uso de semillas.