Familiares, amigos y compañeros de Yésica Emilia Uscamayta Curi, la joven fallecida durante la fiesta clandestina "La Frontera", el 1º de enero, realizaron una concentración frente a la casa quinta de Melchor Romero, donde se realizó el mencionado evento "ilegal", ya que no estaba habilitado por la Municipalidad de La Plata y Yésica, estudiante de periodismo de la UNLP, murió ahogada en la pileta, de la supuesta "zona vip" y que tenía bañero.

De la concentración que se realizó en la calle 520 entre 159 y 160, frente a la quinta donde se llevó a cabo la citada fiesta, participaron unas 150 personas que, pacíficamente, reclamaron justicia y el pronto esclarecimiento del caso.

La causa está caratulada como "homicidio culposo y doble desobediencia" porque los organizadores avanzaron con el desarrollo de la fiesta a pesar de haber sido notificados en diversas oportunidades por la Subsecretaría de Control Urbano para que suspendieran su realización.

El abogado de la familia de Yésica Uscamayta, Alejandro Rodríguez, pidió hoy la "pronta resolución del caso" y detalló que "hay dos prófugos, uno está resolviendo su situación judicial y otra persona privada de su libertad por otro caso".

"Hay cuatro personas imputadas de homicidio culposo. En ese contexto, vamos a solicitar un cambio de calificación legal porque como se dieron los hechos creemos que es un caso de homicidio con dolo eventual, porque los organizadores generan una situación de riesgo colectivo y aún así siguen adelante: hay dos preavisos de Control Urbano y ellos continuaron adelante con la fiesta y asumieron una posición de garante con relación al hecho de decir "no va a pasar nada", explicó el letrado.

Rodríguez indicó además que "falta investigar la presunta existencia de sobornos y esto surge a través del evento que se publicitó por Facebook, donde se manifestó que se pagó 20.000 pesos a Control Urbano y que la fiesta se realizaría igual. Nuestra tarea será ampliar la imputación y pedir el cambio de carátula".

Además, el abogado señaló que "la coima la puede ejercer un empleado sin necesidad que haya una cadena hacia arriba. La corrupción trasciende los gobiernos y con esto no queremos implicar directamente al Intendente (de La Plata, Julio Garro), hasta ahora hay indicios que puede haber ocurrido pero no quiere decir que exista una cadena de mando".

Al momento, el único que permanece detenido es Gastón Haramboure, por haber incumplido la prisión domiciliaria por el asesinato de Juan Andrés Maldonado, en 2009, frente al boliche Alcatraz de Berisso. Su abogado, Miguel Molina, presentó un hábeas corpus en el que exige la inmediata liberación de su cliente, porque considera que no tiene relación con la muerte de la joven.

Los otros dos acusados, el dueño de la quinta, Carlos Bellone, y el agente turístico Raúl "Peque" García, permanecen prófugos. La defensa busca revocar los pedidos de detención argumentando que los delitos por los que se les imputan "son excarcelables, no hay peligro de fuga y no se resolvió el planteo de eximición de prisión para estos tres acusados".

En tanto, Santiago Piedrabuena, otro imputado, ya se presentó ante la Justicia pero evitó quedar preso por un recurso de eximición de prisión que presentó su abogado.

Sin embargo, el juez de Garantías Fernando Mateos ya rechazó la presentación y si la Cámara también lo deniega quedará detenido.