La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, justificó la rescisión de más de 2.000 contratados políticos designados por su antecesor Amado Boudou el año pasado y anticipó que medidas similares se extenderán a ministerios nacionales con los miles de militantes de "La Cámpora" que fue nombrados en el último tiempo, pues "el Estado no financiará más a un partido político".

"Estos nombramientos se produjeron sobre todo en 2015 y hay que mirarlos con detenimiento, tienen que ver con un sector político, en particular con La Cámpora", afirmó la funcionaria, para argumentar que llegó el momento de "poner fin" a una política de "tomar el Estado como lugar de contención y albergue de militantes para sostener una fuerza".

"Está bien la política y la militancia. Pero no con el Estado como botín. Estado no es una bolsa de trabajo, no tiene que pagarle a una cantidad enorme de militantes de algún partido político", insistió, para reiterar que la situación con la que se encontró en el Senado de la Nación, con una planta de personal que superaba el presupuesto y las instalaciones para albergar empleados, " se da en otros ministerios".

Michetti consideró que en el Senado se encontró con un "un despilfarro y un desmadre administrativo que también se da en los ministerios y hay que tomar medidas".

Sentenció que "cuando la gente paga impuestos al Estado, lo que está pagando son servicios de educación, de salud, de seguridad y de Justicia, no se paga la militancia de un partido con los impuestos".

Por esto, defendió la medida de "cortar con el nombramiento de 2.035 empleados que eran empleados de planta política, muchos de los cuales el año pasado fueron nombrados en planta permanente por el vicepresidente Amado Boudou en apenas diez meses", lo cual "hace presumir una acción netamente política, todo en el último año que se iban".

Explicó que el aumento de la planta de personal dispuesto por Boudou llevó a que "la masa salarial del Senado creciera un 80 por ciento y la cantidad de personal aumentara un 146 por ciento y es una locura total pedirle al Presidente 1.800 millones de pesos para pagar los estos sueldos militantes cuando el Estado no tiene un peso".