Las políticas públicas diseñadas e implementadas para combatir la corrupción se han basado casi exclusivamente en medidas de persecución y sanción. Se buscaba erradicar este mal a partir de la penalización. Sin embargo, ese paradigma ha ido cambiando hacia uno nuevo, basado fundamentalmente en la prevención, que fue plasmado en el texto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Cnucc).

Eso tiene algunas explicaciones. Por un lado, el combate de la corrupción desde la mera perspectiva penal no ha logrado reducir los delitos ni los índices de percepción. No se trata de descuidar la aplicación de las leyes ni de no contar con un régimen punitorio para sancionar a las personas que cometan delitos de corrupción, sino de contar además con medidas adecuadas para evitarlos. Los avances en materia de estudio y trabajo sobre corrupción muestran que existen otros actos que deben ser tipificados y, por tanto, necesitan una batería de medidas, entre las que se encuentran el acceso a la información pública, un nuevo régimen de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y la regulación del conflicto de interés. Se trata de contar con una mirada sistémica del fenómeno de la corrupción y de entender que, además de ser un delito entre individuos, también es un problema organizacional y que ataca a las estructuras del Estado.

El instrumento de observación y análisis y los efectos difieren en uno y otro caso.

El paradigma represivo analiza la realidad con un microscopio, tratando de escindir de ella un caso concreto, delimitado, preciso, con el objeto de descargar sobre su responsable, una persona individual, una sanción.

El paradigma preventivo, en cambio, analiza la realidad macroscópicamente, tratando de identificar prácticas y acciones que permitan el desarrollo de múltiples y repetidos casos de corrupción.

Según el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional en 2014, la Argentina se ubica en el puesto 107 de 175 países, con una nota de 3,4 puntos (el 0 indica el país percibido como más corrupto y 10, como el más transparente). Los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial arrojan datos similares: nuestro país tiene un puntaje promedio de -0,41, en una escala que va de -2,5 a 2,5, y en la que los valores positivos indican un mejor control de la corrupción. La persistencia de este escenario está relacionada con la ineficacia o ausencia de políticas de lucha contra la corrupción.

Existen condiciones que favorecen esa mala práctica. En ámbitos oscuros, con poco control de los actos de gobierno y las transacciones entre el sector público y el sector privado, los delitos de corrupción tienen más posibilidad de éxito frente a condiciones transparentes y reguladas. El tráfico de influencias, el lobby ilegítimo, el enriquecimiento ilícito o los conflictos de interés ocurren cuando no existe luz ni control.

La corrupción impacta negativamente en el desarrollo y los derechos de las personas. En contextos opacos y poco transparentes se produce un círculo vicioso entre discrecionalidad, impunidad, corrupción, peor distribución; implica desperdicio y desvío de recursos públicos y crea incentivos negativos. La consecuencia es un Estado menos transparente e inexorablemente menos justo.

El acceso a la información pública es una herramienta fundamental para la prevención y lucha contra la corrupción. Los países de la región han avanzado en la sanción de normas para regular este derecho reconocido mundialmente y han incorporado medidas de transparencia activa y gobierno abierto para facilitar la participación ciudadana y la democratización de la información en poder del Estado.

En la Argentina no se ha avanzado en el diseño e implementación de políticas de prevención y lucha contra la corrupción. Somos un país excepcional por no tener una ley que garantice el derecho humano de acceso a la información.

Los principales organismos de control atraviesan desde hace más de 10 años un proceso de desarticulación, desfinanciación y vaciamiento de funciones.

El Poder Judicial de la Nación, como instancia investigación y penalización, atraviesa una situación delicada, con sospechas de falta de independencia, trampas en los concursos y presiones de todo tipo como parte del intento permanente de cooptación de sus miembros. Un estudio de la Asociación por los Derechos Civiles da cuenta de que más del 18% de los jueces son subrogantes y no fueron designados por el procedimiento constitucional, afectando la independencia del Poder Judicial y por lo tanto del debido proceso.

Las causas por delitos de corrupción no se resuelven rápidamente. Un estudio elaborado en 2012 por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto con el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de delitos contra la Administración Pública muestra que la duración promedio de las causas es de más de 11 años. La demora en la resolución judicial no sólo impide el castigo, sino que provoca descreimiento social y aumento de la impunidad por falta de penalización.

Las políticas de prevención y lucha contra la corrupción requieren voluntad política. Sin ella, cualquier buena intención naufraga en el desinterés por transparentar la información del Estado y castigar el delito.

Frente a la ausencia de esa voluntad para llevar adelante transformaciones en materia de transparencia, avanza la vieja cultura de funcionamiento del Estado arraigada en la administración pública: secreto, oscurantismo, recelo frente a la participación ciudadana.

Se necesita promover mecanismos de acceso a la información pública, transparentar los procesos, regular el lobby, controlar las compras y contrataciones del Estado y la distribución de los fondos públicos, especialmente a través de subsidios o fondos reservados. Y una ciudadanía activa, que participe responsablemente y se involucre en la demanda y el control.

La agenda de transparencia y prevención de la corrupción requiere políticos y funcionarios comprometidos y capaces de transformar las realidades en las cuales hoy están sumergidos los organismos de control, a los que se debe asegurar absoluta autonomía e independencia del poder.

Instituciones fuertes, un correcto funcionamiento del Estado de Derecho, independencia de los poderes, gobiernos y sociedades decentes son imprescindibles para evitar que se abra la grieta por donde inexorablemente se cuela el crimen organizado. Nos vienen ganando esa pelea, pero estamos a tiempo de reparación.

(*) Líder del GEN.

Nota publicada por el OCIMISS