En la iniciativa se faculta al Ministerio de Seguridad a adoptar en forma inmediata todas las medidas que resulten necesarias "pudiendo proceder a la reorganización y planificación de los aspectos de gestión, operativos y funcionales de recursos humanos y materiales del Sistema de Seguridad Pública provincial".

También se autoriza a las carteras de Seguridad y de Justicia "a ejecutar las obras y contratar la provisión de servicios y suministros necesarios", a realizar "adecuaciones presupuestarias", a "celebrar convenios y acuerdos, con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, a fin de gestionar la mejor aplicación de los recursos".

A la vez, habilita a convocar servicio nuevamente al personal policial que se encuentra en situación de retiro activo; es decir, aquellos efectivos que pasaron a retiro por haber prestado los años de servicios y cumplir con la edad para acceder a la jubilación.

El proyecto también faculta al Ministerio de Seguridad "a reasignar funciones y destinos a todo el personal de las Policías de la Provincia y resolver la disponibilidad de los agentes o desafectar del servicio, pudiendo asimismo jubilar o pasar a retiro según el caso" y a "adoptar las medidas tendientes a priorizar la afectación de personal policial a funciones operativas".

En esa línea, permite al ministerio de Economía "efectuar las adecuaciones presupuestarias, reasignación de recursos, afectación y/o incorporación de las partidas que resulten menester para cumplir con los objetivos establecidos en la presente ley".

En el texto del proyecto se señala que "como es de público conocimiento, se ha constatado la existencia de una gran cantidad de hechos delictivos, lo que exigió la adopción por parte del Estado de soluciones concretas" y se añade que "dada la complejidad de la cuestión a resolver, se estima indispensable la adopción de un conjunto de medidas en pos de contribuir a aumentar la seguridad ciudadana, eje central de la agenda de este gobierno".

Se determina que el objetivo de la ley es "fortalecer la institución policial y penitenciaria, potenciar sus áreas operativas y dotar a los organismos estatales de los instrumentos que permitan adquirir el equipamiento y realizar las obras para el desarrollo de una acción más eficaz en materia de seguridad en el territorio provincial".

Además, se detalla que "las medidas propuestas en el presente proyecto buscan contribuir al logro de tal objetivo, que resulta indispensable para que los ciudadanos puedan gozar y ejercer sus derechos, libertades y garantías constitucionales".