El titular del Programa de Atención Medica Integral (PAMI), Luciano Di Cesare, fue procesado por defraudación pública por haber utilizado fondos de la entidad para financiar al Tesoro mediante la compra de letras emitidas por el Poder Ejecutivo para financiar gastos comúnes o programas sociales.

La decisión la tomó el juez federal Claudio Bonadio, con el argumento de que el PAMI sólo podría legalmente financiar al Estado si prestara un servicio de calidad y tuviera excedentes, pero no tomar el dinero destinado a prestaciones para jubilados y comprar letras del gobierno con el objetivo de financiar otra caja del Estado.

Bonadio trabó además embargo sobre los bienes y dineros de titular de PAMI y ordenó que se presente en su tribunal "dentro de las 72 horas de anoticiado, con el objeto de notificarlo, imponerlo del embargo y extraerle triple juego de fichas dactilares".

La medida de procesamiento sobre un funcionario del gobierno nacional por defraudación pública tiene un alto impacto político porque se da a horas del cierre de campaña de los candidatos presidenciales.

Además, genera jurisprudencia importante frente a las denuncias que pesan sobre otros organismos del Estado que preeminentemente usan fondos para comprar bonos y letras emitidos por el gobierno, siendo el caso más paradigmático el de la ANSES.

Durante la investigación de Bonadío, también fueron indagados el ex ministro de Economía Hernán Lorenzino, al ex titular del Banco Central Juan Carlos Fábrega y a tres gerentes del PAMI: Carlos Ariel Lieutier, Pedro Miguel Insausti y Danilo Carlos Zelaya. 

A Lorenzino, el juez Bonadio le dictó falta de mérito, mientras que los otros cuatro funcionarios fueron sobreseídos.

Cabe mencionar que esta investigación comenzó con una denuncia de la diputada Gracia Ocaña, quien denunció que, en 2012, el PAMI tenía aprobado un presupuesto para todo el año de 26 mil millones de pesos, pero habría usado 2.330 millones para comprar Letras del Tesoro con el objeto de financiar los gastos del Gobierno.

Cuando le tocó declarar, Di Cesare explicó que la compra de Letras fue legal y exitosa para el organismo y para el gobierno, que se financió con dinero de los jubilados con rapidez-