La aprobación de las designaciones de Julián Álvarez y Juan Forlón como auditores en la Auditoría General de la Nación (AGN), envuelta en medio de polémica porque el oficialismo las impuso haciendo uso de su mayoría en Diputados sin haber incorporado el tema a la orden del día y violando el procedimiento, fue objetada por un el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que interpuso una acción de amparo con pedido de medida cautelar para frenar el juramento de los funcionarios.

La presentación de los letrados se hizo con el patrocinio de Ezequiel Cassagne y Martín Galli Basualdo, con el argumento de que los nombramientos  de los funcionarios kirchneristas, que tuvieron lugar en la sesión especial del 4 de noviembre pasado en Diputados, se realizaron "en forma ilegítima, antijurídica e inconstitucional".

Además, la presentación señala que "los auditores de la AGN deben ser designados de acuerdo a la composición de la Cámara de Diputados que tendrá a partir de diciembre y no con la actual saliente en estos próximos días".

Para esto, los letrados recordaron que "los mandatos de los auditores de la AGN concluyen el 15 de diciembre de 2015 y, por ello, mal pueden ser designados con la composición actual saliente de la mencionada cámara parlamentaria".

"El inicio de sesión fuera de los tiempos reglamentarios; el tratamiento del tema de las designaciones sin que el mismo hubiera sido incluido en el temario de la sesión especial del 4/11/2015; interpretación unilateral del Presidente de la Cámara de diputados del reglamento, sin ponerlo a votación del pleno; toma de juramento en forma irregular; etc", explicaron los abogados.

Los abogados porteños mencionaron que la auditoria de la nación "tendrá que controlar los actos de corrupción y la responsabilidad de los funcionarios públicos del gobierno actual y del próximo que asumirá el 10 de diciembre de 2015", por lo cual "no corresponde" ocupar sus cargos de forma irregular y de apuro aplicando la mayoría política que está por perder.

Cabe recordar que la AGN está compuesta por siete auditores, tres son designados por la Cámara baja, tres por la Cámara alta, y uno, que es el presidente de dicho cuerpo, debe representar a la oposición y se designa por resolución conjunta de ambas cámaras.