Un total de 50 abogados que fueron designados como jueces y fiscales sin concurso por la mayoría oficialista del Consejo de la Magistratura cesarán sus funciones en tres meses, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley de Subrogancias promovida por el gobierno nacional. Frente a esto, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, lamentó la situación y consideró que el Máximo Tribunal "se equivocó mal".

El funcionario dijo que desde su conocimiento como abogado entiende que la Corte se extralimitó en sus funciones, porque adoptó una decisión "que va más allá" de lo que le habían planteado en el amparo que dio lugar a la sentencia.

La Corte debía expedirse sobre la constitucionalidad de la designación del secretario de juzgado Laureano Durán como juez federal de La Plata con competencia electoral en territorio bonaerense. Su designación fue impugnada inicialmente pero después ratificada por la Cámara y la Procuradora, por lo cual terminó en el Máximo Tribunal. El fallo no sólo inhabilitó a Durán sino que directamente declaró inconstitucional la ley de subrogancias y planteó la caducidad de los funcionarios designados bajo tal norma en un plazo de tres meses.

Fernández defendió el derecho del Congreso para definir sobre la remoción de jueces y fiscales transitorios y designar abogados para los cargos, argumentando que hay un vacío legal en la Constitución."El constituyente no ha reglado específicamente la forma de designar un subrogante y el Poder Judicial debe ser deferente con la interpretación. Si no lo dice la Constitución, la decisión queda en cabeza de los legisladores", explicó.

Por esto, insistió en la necesidad de "permitir que el Congreso interprete y aplique la Constitución de la mejor manera que entienda" cuando hay un vacío sobre el que actuó la mayoría del oficialismo, para cerrar que "esto fue una equivocación de la Corte, que toma una decisión que va más allá de lo que se le pide y punto, un error de los jueces".