La propuesta votada por todos los consejeros fue elevada al cuerpo por la Dirección General de Derechos Humanos de la UNLP con la finalidad de garantizar en la comunidad universitaria un ambiente libre de discriminación, hostigamiento,  y violencia por razones de género o diversidad sexual, promoviendo condiciones de igualdad y equidad.

La nueva normativa aprobada por el cuerpo surgió a partir del Programa Institucional contra la Violencia de Género en el ámbito de la UNLP: una iniciativa colectiva coordinada por la Dirección General de Derechos Humanos junto a docentes investigadores de las facultades de Humanidades, Periodismo, Trabajo Social, Derecho y Psicología, junto a referentes de los gremios ADULP, ATULP y FULP.

El equipo de trabajo compartió la preocupación por la violencia de género como un problema social que afecta también a la comunidad de esta Universidad (estudiantes, trabajadores docentes y no docentes). Siendo las mujeres quienes principalmente padecen estas situaciones, se vislumbró la necesidad de actualizar reglamentaciones, articular dispositivos y mecanismos para resolver esta problemática.

El Protocolo establece que las personas afectadas por conductas de violencia física, psíquica y sexual tendrán la posibilidad de denunciar esta situación en cada una de las distintas unidades académicas o dependencias o ante el Programa Contra la Violencia de Género de la UNLP.

El Programa Institucional contra la Violencia de Género entiende la discriminación "como cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, tanto en ámbitos públicos como en privados, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales contenidas explícitamente en los instrumentos internacionales. La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género".

fq