El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional provincia, fue interceptado el 14 de julio pasado a punto de abordar un barco de la empresa Buquebus junto con su esposa y con destino a Uruguay, llevando en su poder varios miles de dólares, y a partir de allí comenzaron los problemas para el sindicalista.

Primero, Quintana fue demorado por agentes aduaneros y luego tuvo que prestar declaración ante el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich, de turno en ese momento, aunque se negó a dar su testimonio.

Ese hecho tuvo lugar casi al inicio de la "feria chica" en la Justicia, por lo que se reactivará el próximo lunes al retomarse la actividad, y a partir de entonces el juez contará con menos de diez días para resolver si procesa o no al gremialista, quien se desempeña como secretario general de UPCN seccional provincia de Buenos Aires.

Es por ello que se prevé una resolución de su situación en la Justicia para la segunda semana de agosto, en caso que no se determine ampliar medidas de prueba, indicó una fuente del caso.

La normativa establece que cuando se quiere sacar dinero del país la suma no puede ser superior a los 10 mil dólares, y que de serlo previamente se debe declarar y pagar los impuestos correspondientes, cosa que Quintana no hizo.

El juez Meirovich ahora tendrá que evaluar si el sindicalista cometió el delito de contrabando de divisas o bien se trató de una simple infracción aduanera, por lo que el caso sólo sería de competencia administrativa y no de la Justicia.

Por lo pronto, el organismo que dirige José Sbatella ya pidió al juez copias de la causa, algo que seguramente Meirovich hará lugar, para iniciar una investigación sobre el origen del dinero que se le encontró a Quintana.

Este justificó ante los medios que el 22 de diciembre de 1998 se ganó el Loto por unos 3,5 millones de dólares, aunque de todos modos la UIF -basándose en la ley contra el lavado de dinero- intentará confirmar el origen de la suma transportada en el maletín.

Esa norma prevé penas de entre 3 y 10 años de prisión para quienes cometan el delito de lavado de dinero y no puedan justificar la procedencia del mismo.