Pocos días después de que el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica Lavado de  Activos (PROSELAC), Carlos Gonella, acusó de lavado de dinero al periodista y ex candidato a diputado nacional de Cambiemos, Fernando Niembro, a raíz de la denuncia por contrataciones de su ex productora con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el fiscal federal Ramiro González decidió imputar al acusado y a su socio Alberto Meza, por los mismos delitos derivados de los negocios antes mencionados.

La causa abierta contra Niembro y Meza, quien también iba de candidato en la lista, lleva el número °9797/15 y está caratulada como "Rodríguez Larreta, Horacio y otros s/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

El expediente tiene en cuenta las pruebas aportadas en la denuncia impulsada del titular de la PROCELAC, a quien desde el macrismo y la oposición se acusó de vinculaciones con el kirchnerismo, por su pertenencia a Justicia Legítima y estar procesado con restricción para salir del país por resistirse a investigar las denuncias contra el empresario Lázaro Báez.

""Nos hallamos por el momento frente a un universo de 164 contrataciones adjudicadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de 'La Usina Producciones SRL' por un monto total de $19,473,878,30" otorgadas "a través del mecanismo de licitación pública", consigna la denuncia de imputación.

A este argumento se suma el hecho de que la empresa La Usina Producciones, que era de Niembro, según las sospechas "carecería de empleados a cargo, no posee página web -algo particularmente llamativo para los tiempos que corren y más aún teniendo en cuenta que se trataría de una empresa ligada al rubro publicitario, según describe su objeto social-, y sus dos únicos clientes durante sus tres años de existencia habrían sido el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires".

Cabe recordar que Niembro renunció como candidato a primer diputado nacional de Cambiemos para ponerse a disposición de la justicia y se investiguen los contratos por más de 20 millones de pesos de su ex empresa con el gobierno porteño.