La jueza en lo Contencioso Administrativo federal María José Sarmiento resolvió ordenar al Ministerio de Economía que dé a conocer "el índice de pobreza e indigencia que surgen de la metodología implementada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) desde el año 2013 al corriente año".

La particularidad del fallo es que exhortó al Poder Ejecutivo a cumplir con la resolución en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

La decisión de la magistrada se dio en respuesta a una presentación realizada por la diputada Victoria Donda, para que el gobierno nacional transparente la información pública sobre los instrumentos utilizados para las mediciones de pobreza e indigencia, que fueron discontinuadas a fines de 2013.

Frente a esto, Sarmiento exigió que se brinden  "los valores absolutos de los precios al consumidor de los productos sobre cuya base se calculan las variaciones porcentuales que viene anunciando el IPCNu (Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano) desde febrero".

En los considerandos argumentales, la jueza recordó que  la Constitución se contempla el derecho al "acceso a la información pública del Poder Ejecutivo".

Cabe recordar que el argumento que oportunamente planteó el gobierno para no difundir las estadísticas del INDEC para medir pobreza e indigencia, con el argumento de que hay "un problema de empalme" que "no permite" dar fidelidad a los datos, según palabras del ex jefe de gabinete, Jorge Capitanich.