El juez federal Claudio Bonadío no le cabe el refrán popular "la venganza es un plato que se come frío". Un día después de que haber sido removido de la causa que investiga supuesto lavado de dinero en la cadena de hoteles de la presidenta Cristina Fernández, el magistrado arremetió contra el gobierno nacional con allanamientos simultáneos en oficinas del Ministerio de Planificación, YPF, y Enarsa.

Los procedimientos ordenados por el magistrado se dieron en el marco de una causa a su cargo que investiga supuestas irregularidades y sobrefacturaciones en la importación de gas licuado por parte del Poder Ejecutivo.

El operativo tuvo una similitud con el allanamiento realizado a principios de semana en oficinas de empresas de la familia Kirchner en Santa Cruz; tuvo la asistencia de la Policía Metropolitana, dependiente del gobierno porteño, a la cual acude el magistrado por temor a que se den infiltraciones de la investigación si lo hace con la Federal, por depender esta del ministerio del Interior.

Los allanamientos tuvieron lugar poco antes de las 13, realizados por funcionarios judiciales y efectivos de la Policía Metropolitana; primero se presentaron en la sede de la petrolera estatal en Puerto Madero y después lo hicieron en el ministerio a cargo de Julio De Vido y en ENARSA.

La causa por supuestas irregularidades en la compra de gas licuado por parte del Gobierno data de años atrás, pero Bonadío reaccionó reactivándola un día después de que le quitaron la investigación sobre la cadena de hoteles de la familia presidencial y sus contratos con Lázaro Báez, para determinar el patrimonio de la presidenta.

Cabe recordar que en octubre del año pasado, los diputados de Pro Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso presentaron una denuncia contra Enarsa "por multimillonarias compras de gas importado" que se habrían realizado de manera irregular. Según la denuncia, "YPF actúa en la compra de gas desde 2012 sin transparencia y fuera de la ley", por lo cual los legisladores pidieron "determinar si los funcionarios y asesores han realizado negociaciones incompatibles con su función".