El incendio del taller clandestino en Flores volvió a exponer las falencias del sistema de control sobre los talleres clandestinos. Cada 20 días, el legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y referente de "La Alameda", Gustavo Vera (Bien Común), se dirige ante la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad, a cargo de Juan José Gómez Centurión, para entregar un listado actualizado de los establecimientos irregulares en funcionamiento.

En diálogo con Noticias de la Aldea, entrevistado por Carla Froy especificó que en el último mes contabilizaron 320 talleres y se quejó de la "negligencia e impericia" de los organismos estatales que no realizan las inspecciones correspondientes. Respecto del incendio del taller en la calle Páez, señaló: "Hay responsables con nombre y apellido".

En este sentido, apuntó contra Gómez Centurión y Ezequiel Sabor, subsecretario de Trabajo, y se quejó de que el bloque oficialista no habilitara la interpelación a funcionarios. Entre sus propuestas, plantea que el Estado certifique completamente a las cooperativas porque ha habido casos de talleres donde se secuestraron ropa elaborada para las fuerzas de seguridad.

Según el dirigente de La Alameda, existen 1200 prostíbulos y 3000 talleres clandestinos. Sin embargo, resulta llamativo que en los últimos dos años se hayan rescatado a cuatro víctimas de explotación sexual realizando allanamientos sólo en un centenar de los cabarets denunciados. "Es un chiste", aseveró el legislador porteño quien aseguró que no tiene dudas acerca de la connivencia entre el Gobierno porteño y las coperas. "Por alguna extraña razón, la Agencia Gubernamental de Control se opone a que se deroguen las normas que habilitan a los cabarets e instruyó a los legisladores del PRO para que así lo hicieran", determinó.

- ¿Por qué decide reclamar recurrentemente frente a la Agencia Gubernamental de Control contra su titular, Juan José Gómez Centurión?

- No fuimos a hacer un escrache ante la Agencia Gubernamental de Control sino a entregar un listado de talleres para que los inspeccionen. En total, contando el último mes, llevamos 320. Nosotros vamos a seguir yendo cada 15 o 20 días a esa entidad o la Dirección de Protección del Trabajo. Es un reclamo que hacemos habitualmente ante los organismos judiciales y de control pero en los últimos tiempos decidimos hacerlo público para evitar situaciones como el incendio en Flores. En septiembre de 2014 denunciamos 29 talleres clandestinos entre los cuales estaba el de la calle Páez y como el Gobierno no hizo nada durante seis meses, a pesar de haber estado fehacientemente notificado, para que esto no vuelva ocurrir optamos por informar a los medios la actividad así se sabe cuántos establecimientos denunciados existen. En definitiva, si ocurre algo y por negligencia no inspeccionan los lugares, hay responsables con nombre y apellido.

- ¿Qué tipo de respuestas recibió de parte de Gómez Centurión cada vez que le entrega el listado?

- Gómez Centurión no nos atiende. Nuestro listado es sellado en mesa de entrada para dejar constancia del recibido. Aunque tengo entendido que algunas inspecciones se han empezado a hacer. Pero vamos a seguir presionando porque hay casi 3000 talleres clandestinos.

- Además, usted ha presentado iniciativas legislativas al respecto.

- Uno de los proyectos de ley obliga a las marcas a auditarse en toda su cadena de valor y certificar que está libre de trabajo esclavo para poder comercializar en la Ciudad de Buenos Aires. La otra iniciativa plantea que los proveedores del Estado estén completamente certificados, porque de lo contrario se repite una situación como la ocurrida a principio de este mes con un allanamiento en Parque Patricios donde se encontraron personas reducidas a la servidumbre haciendo ropa para las fuerzas de seguridad. Lamentablemente, llegamos al absurdo que hasta el propio Estado contrata proveedores a modo de fachadas ya que en realidad son talleres esclavos.

- ¿Qué comentarios ha recibido en la Legislatura de parte del PRO, considerando que son mayoría en las comisiones sobre el tratamiento de sus proyectos?

- Estos dos proyectos se han ido tratando, lo cual no significa que los despachen. No sabemos si están haciendo tiempo por el costo político que implicó no haber inspeccionado un taller que ya estaba denunciado, además de bloquear dos pedidos de interpelación a Centurión y Sabor; o si tienen verdadera voluntad de solucionar el problema. Mientras tanto, continuaremos con los reclamos correspondientes. Por otra parte, le estamos demandando al Poder Ejecutivo que construya más centros demostrativos de indumentaria como el instalado en Barracas. Se trata de un predio estatal donde funcionan nueve cooperativas administradas por el INTI que cuenta con maquinarias incautadas a talleres clandestinos para que las personas trabajen libremente y de manera asociativa. En este sentido, creemos que se deben crear cuatro o cinco polos textiles para brindar una alternativa laboral.

- ¿A qué cree que se debe esta renuencia a realizar las inspecciones correspondientes?

- Hay varias hipótesis. Puede tratarse de simple negligencia o situaciones de cohecho. De todas formas hemos realizado la denuncia ante el juzgado federal Nº12 por incumplimiento de deberes de funcionario público contra Centurión y Sabor y otros funcionarios, ya que constatamos la entrega de documentación previa al incendio del taller de Flores y ni siquiera fueron a tocar el timbre.

- ¿Cuáles serían las herramientas que deberían implementarse para solucionar la problemática de la trata desde un abordaje integral?

- En el ámbito textil hay un home-know impulsado en la época de Jorge Telerman donde logramos un incremento del 20% del trabajo registrado y que se redujeran a 2000 los talleres clandestinos. Se llevó adelante una política proactiva que buscaba los talleres, denunciaba las marcas responsables, radicaba cargos penales y esto traía consecuencias negativas sobre la imagen de las compañías, obligándolas a formalizar gradualmente a sus empleados. Lamentablemente, cuando asume el gobierno de Mauricio Macri esto se interrumpe. Hay tres patas para combatir el delito de trata en la Ciudad: obligar a las marcas a auditarse y las que no quieran hacerlo van a ser publicadas en páginas oficiales para que el consumidor se informe, generando un sistema de premios y castigos; en segundo lugar, el Estado debe contratar marcas o cooperativas registradas; y, en tercer lugar, la creación de polos textiles que se presenten como alternativas laborales con intervención estatal o del INTI para controlar el respeto por las condiciones laborales adecuadas.

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- ¿Qué pasa con los prostíbulos en la Ciudad?

- Con respecto a la trata sexual, denunciamos la existencia de 1257 prostíbulos en la Ciudad, de los cuales se han cerrado apenas un centenar y son mecanismos que están fuertemente aceitados por la corrupción policial y de cuerpos inspectivos del Estado. El último caso escandaloso que demuestra que ya estamos frente a algo más que negligencia es la prórroga a la habilitación del prostíbulo Newport como cabaret, cuando estaba denunciado por los vecinos por trata de personas en el juzgado de Ariel Lijo quien realizó un allanamiento el 16 de mayo en el cual arrestó a los dos dueños y liberó a 12 mujeres. Después de este papelón, el 2 de junio revoca la habilitación que habían extendido 40 días antes. Esto demuestra la impericia de la Agencia Gubernamental de Control que por alguna extraña razón se opone a que se deroguen las normas que habilitan a los cabarets e instruyó a los legisladores del PRO para que así lo hicieran.

- ¿Cree que hay connivencia entre organismos del Estado y la instalación de prostíbulos?

- No me cabe ninguna duda. De hecho el informe oficial del Gobierno de la Ciudad respecto de la aplicación de la ley de asistencia a las víctimas de trata es que ha rescatado a dos víctimas en el 2014 y dos en el 2013. Es un chiste, especialmente si consideramos que existen 3000 talleres clandestinos y 1200 prostíbulos. Así se demuestra la absoluta inutilidad de los organismos que debieran encargarse de mantener una política proactiva.

- ¿Por qué cree que el Gobierno no avanza en la regularización de las actividades de las marcas?

- La connivencia con las marcas quedó demostrado en la causa contra Cheeky, donde está involucrada la familia de la esposa de Mauricio Macri. De hecho, hemos encontrado talleres que vinculan a Juliana Awada. También existe alguna connivencia con la trata sexual, sin ir más lejos tenemos el caso Martins. Nosotros somos querellantes en esta causa y una de las aristas en la investigación sobre la red de Martins es la relación sobre los prostíbulos gerenciados con el Gobierno de la Ciudad, inclusive con la financiación de la campaña. Hay una foto que recorrió el mundo donde se los ve a Juliana Awada, Mauricio Macri y Gabriel Conde en noviembre del 2011 en un prostíbulo de Cancún que es manejado por el cartel narcotráfico "Los Zetas" y el exagente de la SIDE, Martins.