La iniciativa impulsada por la diputada provincial de la Coalición Cívica - ARI, Natalia Gradaschi, se basó fundamentalmente en el informe que presentara recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de diez años de monitoreo del sistema carcelario, denunciando brutales violaciones a los derechos de las personas privadas de su libertad en territorio bonaerense.

 

En el mismo, la CIDH denunció torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en especial las golpizas frecuentes seguidas por duchas frías; disparos con balas de gomas; aislamiento prolongado en celdas de castigo; hacinamiento; y malas condiciones generales de encierro y de sus instalaciones, particularmente las sanitarias, hidráulicas, eléctricas y de internamiento.

 

A su vez, la Comisión destacó el incumplimiento por parte del Estado de asegurar las condiciones mínimas de detención, la reclusión en comisarías, el abuso de la detención preventiva, y las últimas reformas procesales que restringieron el acceso a medidas alternativas a la privación de la libertad, razones que obligaron al organismo a solicitarle a la Provincia que "adecue su legislación procesal a los estándares internacionales de derechos humanos".