El Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de San Isidro mantuvo la medida cautelar pedida por la concejal massista Marcela Durrieu y dispuso la suspensión de la Ordenanza 8745 aprobada por la mayoría automática possista en el Concejo Deliberante de San Isidro.

La misma planteaba autorizar al Jockey Club, mediante modificación del Código de Ordenamiento Urbano (COU), a vender 43 mil mts2 de los terrenos del Hipódromo de San Isidro, en su totalidad espacios verdes, para así solventar las actividades de la entidad y generar negocios inmobiliarios sin ningún estudio de impacto ambiental previo, con el riesgo que ello implica.

La iniciativa del municipio encontró resistencia casi desde el principio. Los vecinos aledaños al Hipódromo reunieron más de 10.000 firmas para exigirle al gobierno de Gustavo Posse que dé marcha atrás con la ordenanza que básicamente agregaría más población y vehículos a la zona más superpoblada de San Isidro, a cambio de perder uno de los pocos espacios verdes que quedan en el distrito.

El fallo del Juez Servin, expone con claridad que "no habiendo variado las circunstancias que determinaron el dictado de la medida cautelar, se rechaza el pedido de levantamiento efectuado por la Municipalidad de San Isidro".

"La ordenanza suspendida por la Justicia no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por Ley para aquellos casos donde se compromete el medio ambiente. Carecía del correspondiente estudio de impacto ambiental y del soporte de participación ciudadana, como así tampoco se tuvieron en cuenta la capacidad de infraestructura y servicios esenciales necesarios para la reestructuración urbana que disponía la norma, votada de apuro por el possismo en la última sesión de 2013 del Concejo Deliberante", explicó Durrieu al momento de pedir la cautelar.