En 2005 el gobierno nacional lanzó el programa "Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios" en el marco del Plan Federal de Viviendas. Una inversión de 550 millones de pesos para la construcción de 16.000 viviendas en 27 asentamientos precarios situados en distintas localidades bonaerenses, entre las cuales se cuenta el Partido de San Isidro.

Por la paralización de obras, la concejal Marcela Durrieu acusó de varias irregularidades en la intentada urbanización de las villas. Según denunció, no sólo no se construyó el total de casas previstas, sino que además, una gran cantidad de familias habitan en "viviendas transitorias", donde viven en peores condiciones que antes del inicio del Plan Federal de Viviendas.

También denunció sospechas en el destino real que tuvieron los fondos del plan, y que algunas de las empresas constructoras que intervinieron guardan relación con los acusados. Entre ellos estaría quien fuera subsecretario de Obras Públicas de San Isidro, Fernando Romero.

Es por ello que el fiscal federal Jorge Di Lello impulsó la demanda contra el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, a raíz de supuestas irregularidades en la administración de los fondos de un plan federal para urbanizar asentamientos en ese partido del norte del conurbano bonaerense.

El fiscal pidió un peritaje en barrios de ese partido como "La Cava", "Boulogne" y "Uruguay" para establecer si se cumplió con el Plan Federal con fondos aportados por la Nación.

Además, requirió que se cite como testigo al ex Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino y a la concejal de San Isidro Marcela Durrieu, autora de la denuncia presentada en los tribunales federales de Retiro.