Tras la presentación de un informe del Comité contra la Tortura que plantea la desprotección de los detenidos en cárceles, el diputado del Frente para la Victoria, Iván Budassi, salió en defensa de las medidas que se están tomando desde el gobierno provincial, argumentando que el informe "omite ciertos datos y realidades importantes, logros alcanzados por distintas acciones tanto del poder Judicial, como del Ejecutivo y del Legislativo".

 

Al referirse a la situación que se vive dentro de sistema penitenciario de Buenos Aires, planteó que si bien hay que seguir trabajando en la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, "son indudables los logros alcanzados, tanto a nivel nacional como provincial" y agregó que "los reclamos de los distintos organismos de Derechos Humanos han sido tenidos en cuenta por las autoridades provinciales, y fueron y son respondidos con medidas concretas".

 

En contraposición de lo manifestado por la Comisión de la Memoria, Budassi expresó que en la Provincia, "la gestión del gobernador Daniel Scioli ha mejorado de manera sustancial el sistema carcelario de modo que se respeten los derechos constitucionales de cada persona" y agregó que se "ha avanzado de manera inédita en cuanto a las condiciones de las personas privadas de su libertad y en la implementación de políticas que buscan supervisar y controlar el accionar de la policía".

 

El diputado hizo referencia además a un tema que se debate hace años y que tiene que ver con la superpoblación en las cárceles, en defensa de la gestión señaló que "al día de hoy, el número de alojados en comisarías es el más bajo de los últimos 20 años" ya que según expresa en el 2006 los detenidos ascendían a 8000, mientras que en la actualidad se logró que se reduzcan a 1939.

 

En cuanto a la acusación de que existe un "autogobierno" de la policía, Budassi lo negó rotundamente, señalando que "esto no se corresponde con la realidad, ya que existen diferentes instancias de control por parte de civiles; sin ir más lejos, la Auditoría de Asuntos Internos está supervisada y bajo el control del Ministro, su gabinete y otros funcionarios civiles".

 

Yendo más lejos, resaltó el hecho de que la gestión actual "ha aumentado y fomentado la participación y auditoría no sólo de distintas áreas de gobierno sino también de organizaciones sociales y ONGs, precisamente, para que todo el proceso sea transparente y legítimo. Se busca que, desde que una persona es sospechada de un delito, hasta que se compruebe su culpabilidad y, en dicho caso, cumpla la condena, el procedimiento sea realizado en los términos que exige la ley y las convenciones internacionales, resguardando cada uno de sus derechos".

 

Destacó que en el servicio penitenciario se ha creado un departamento de asuntos internos y que el Poder Judicial "cuenta hoy con 600 jueces, 500 fiscales, 300 defensores, todos ellos con la obligación de realizar visitas periódicas a cada penitenciaría. En estos controles trabajan civiles como los supervisores del Ministerio de Justicia y Seguridad y los Jefes de Despacho de la Procuración General que tienen, también, asiento en las cárceles".

 

Por otra parte, resaltó que "nunca antes se ha trabajado tanto por la inserción laboral de las personas que han estado privadas de su libertad. No sólo existen programas que les permiten estudiar mientras cumplen su condena -actualmente hay 12 000 internos estudiando-, sino que también se busca que, una vez que las cumplan, puedan contar con una red de contención que les permita rehacer su vida".

 

En relación a las medidas que se están tomando desde el gobierno, hizo hincapié en que "el Poder Ejecutivo ha enviado a la Legislatura un proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, que busca incentivar a las empresas, mediante una reducción de impuestos, a que se los contrate, al tiempo que ofrece puestos de trabajo en la Administración pública".

 

Por último, al hablar de temas vinculados al funcionamiento policial y carcelario, planteó la necesidad de afrontar discusiones "teniendo en cuenta cuál era el punto de partida en que se inició una política pública para enfrentar la problemática, y qué objetivos busca alcanzar. En la Provincia se está trabajando sostenidamente en esta materia, con resultados tangibles y comprobables, que auguran un futuro aún mejor para la protección de todos los ciudadanos, en especial para aquellas personas que han sido privadas de su libertad", concluyó Budassi.