28-08-2026
Una promesa trunca de relocalización
Las maniobras llevadas a cabo por el Banco Ciudad con los inquilinos de la "Manzana Franciscana" -quienes podrían ser desalojados en las próximas semanas- son la consecuencia del incumplimiento del Gobierno porteño de un convenio de relocalización que data de 1991.
El inmueble, ubicado en el barrio de Monserrat, consta de 94 casas que se construyeron en 1880 y pasaron a manos del Banco Ciudad en 1983, dejando atrás la histórica administración de los franciscanos.

En 1990 y hasta 1995, el predio fue reacondicionado a partir de un acuerdo celebrado entre el organismo financiero y la Municipalidad, junto con la Junta de Andalucía y la Agencia Española de Cooperación Internacional.

Pero para realizar el llamado "Programa de Rehabilitación Urbana del Inmueble Manzana de los Franciscanos", los habitantes de la Manzana firmaron un convenio en 1991 por el cual la Municipalidad se comprometía a otorgarles un alojamiento transitorio mientras durara la obra.

El documento además garantizaba la reubicación de las familias dentro del inmueble una vez finalizada la obra; la adjudicación de un plan de vivienda social; y al no inicio de acciones de desalojo hasta tanto no estuvieran construidas sus nuevas casas.

Sobre la base de este convenio, los habitantes firmaron, a título personal, una serie de contratos de alquiler con el Banco Ciudad para permanecer por siete años -entre 1993 y 2000- en la manzana, pero a pesar de que esas casas nunca se planificaron, desde 2001 persisten los intentos de desalojo.

Si la administración porteña hubiese cumplido con su parte del trato, la Manzana habría sido protagonista del primer proyecto de revalorización de un centro histórico "que combinara el reciclado del patrimonio con la mejora de las condiciones de vida de su población original".

Fuentes del Ministerio Público de la Defensa de la Nación explicaron a Télam que "en la justicia civil trataron estos comodatos, que son un plan de alquiler social, como si fuera un contrato privado común regido por la ley de alquileres".

"Usando esa norma dieron curso a juicios de desalojo, sin contemplar que se trataba de una política de inclusión social de estas familias", afirmaron.