03-05-2024
22-05-2014 | 11 horas de debate
Congreso Nacional: La C谩mara de Diputados sancion贸 la ley para promover el trabajo registrado
Con 227 votos, la C谩mara baja convirti贸 en ley el proyecto oficial que reduce las contribuciones patronales de las microempresas para combatir el empleo en negro. El Frente de Izquierda y el macrista Federico Sturzenegger votaron en contra. Con la norma, el Gobierno aspira a regularizar 650 mil trabajadores en dos a帽os.
Al cabo de un debate de 11 horas, la C谩mara de Diputados convirti贸 en ley por amplia mayor铆a el proyecto enviado por la Casa Rosada que reduce los aportes patronales de microempresas para fomentar el empleo registrado y regularizar, seg煤n estimaciones oficiales, 650 mil trabajadores en dos a帽os.

A diferencia del Senado, donde fue aprobada por unanimidad, la iniciativa cont贸 con 227 votos a favor y tres en contra -dos del interbloque Frente de Izquierda y el macrista Federico Sturzenegger-. El bloque Unidad Popular, de Claudio Lozano, se abstuvo, al igual que Alcira Argumedo (Proyecto Sur).

Adem谩s del Frente para la Victoria y sus aliados del Movimiento Popular Neuquino, el PJ La Pampa y el Frente C铆vico por Santiago, acompa帽aron el proyecto la UCR, el FAP, el Frente Renovador, el resto de Uni贸n Pro, Compromiso Federal, UNEN y la Coalici贸n C铆vica-ARI.

Si bien el grueso de la oposici贸n acompa帽贸 la ley en general, plante贸 objeciones como el parentezco de este r茅gimen con la rebaja de aportes patronales dispuesta por el exministro de Econom铆a, Domingo Cavallo en los 麓90.

Tambi茅n hubo advertencias por el impacto que tendr铆a esta medida en el sistema previsional y la presi贸n fiscal que hoy deben soportar las pymes, adem谩s de los niveles de trabajo en negro dentro de la propia estructura estatal.

Sin embargo, el oficialismo se encarg贸 se asegurar que la norma no incidir谩 en los fondos de la ANSES ni tampoco afectar谩 los derechos de los trabajadores, tal como sucedi贸 en el menemismo -cuando las rebajas de las cargas laborales eran para todos los empresarios, sin restricciones y con consecuencias sobre las indemnizaciones-.

El presidente de la Comisi贸n de Legislaci贸n del Trabajo, H茅ctor Recalde (FpV) abri贸 al debate y remarc贸 que el proyecto significa "un paso cualitativo" en el combate al trabajo en negro. "Nos podemos equivocar, pero nadie puede negar el rumbo que tiene este proyecto nacional, popular, democr谩tico y latinoamericano", enfatiz贸.

Como miembro informante del oficialismo, Recalde ponder贸 la creaci贸n de un "Registro P煤blico de Empleadores con Sanciones Laborales" y la p茅rdida de beneficios a las empresas que no formalicen a sus empleados.

"Es importante este registro porque es p煤blico, y esto va a servir para el control popular", se帽al贸, y explic贸 que de esta manera el p煤blico podr谩 tener la opci贸n de comprarle al empresario que no viol贸 la norma.

En el mismo sentido, Carlos Heller (Nuevo Encuentro) indic贸 que la iniciativa apunta a "un segmento de empresas donde existe un alto grado de informalidad laboral" y neg贸 que exista una similitud entre este r茅gimen y el que implement贸 el menemismo.

El diputado y dirigente de Smata, Oscar Romero (FpV) se sum贸 a la defensa del proyecto al aseverar que "prioriza al trabajo digno sobre el capital" y "es un paso adelante tendiente a bajar el empleo precarizado".

El rechazo m谩s fuerte vino del Frente de Izquierda: N茅stor Pitrola (PO), quien se ausent贸 a la hora de votar, neg贸 que esta medida fomente el trabajo registrado y asegur贸 que "desfinancia" a la ANSES.

Por el contrario, reclam贸 una "verdadera ley de blanqueo laboral" y exigi贸 "atacar el problema de los despidos y suspensiones". Record贸 adem谩s que "el movimiento obrero tiene un larga lucha contra el trabajo en negro y la explotaci贸n laboral".

Asimismo, el legislador del FIT sali贸 al cruce de las "grandes c煤pulas sindicales (que) siguen haciendo la vista gorda con el trabajo en negro". En ese sentido, afirm贸 que la construcci贸n es uno de los sectores que m谩s trabajadores informales tiene mientras que el l铆der de la UOCRA, Gerardo Mart铆nez, "es el representante oficial de los trabajadores en la Organizaci贸n Internacional del Trabajo" (OIT).

Otro de los diputados que vot贸 en contra, Federico Sturzenegger, asegur贸 "la baja de aportes est谩 en el centro de la informalidad", por lo que pidi贸 "bajar los impuestos al trabajo para tener mayor formalidad".

"Este proyecto es una manzana envenenada", compar贸, y explic贸 "tiene algo atractivo, la baja de aportes, pero algo complicado, la creaci贸n de un registro laboral que tendr谩 poca efectividad y que probablemente s贸lo sirva para una mayor concentraci贸n de poder en el Ejecutivo".

En tanto, el referente de la CTA, V铆ctor De Gennaro afirm贸 que el empleo no registrado es parte del "modelo econ贸mico" del Gobierno que "intenta garantizar la tasa de ganancia de los grandes grupos econ贸micos y de las grandes empresas".

De Gennaro carg贸 contra la pol铆tica laboral del ministro Carlos Tomada y exigi贸 avanzar en la "democratizaci贸n sindical" y en el fomento de las pymes a trav茅s de "pol铆ticas crediticias diferenciales", en lugar de la rebaja de contribuciones patronales, aunque s铆 apoy贸 la creaci贸n del Registro P煤blico de Sanciones Laborales.

Asimismo, el diputado de Unidad Popular exigi贸 al Gobierno que "convoque a los gremios estatales para discutir el paso a planta permanente de todos los precarios que hay en el Estado".

"Nunca se ha resuelto el tema del empleo registrado bajando las contribuciones patronales", aport贸 el radical Eduardo Sant铆n, quien precis贸 que "desde el '90 se bajaron en promedio m谩s de 10 puntos, lo que significa nada m谩s y nada menos que 5700 millones de pesos mensuales".

El massista Alberto Roberti alert贸 que "la inflaci贸n rompe la cadena de empleo y el Estado hizo la vista gorda, emitiendo sin respaldo y no achicando el d茅ficit", y coincidi贸 en que "el primero que contrata trabajadores en negro es el Estado".

Tambi茅n por el Frente Renovador, el sindicalista H茅ctor Daer advirti贸 que "como este proyecto no va a generar empleo, tenemos que debatir c贸mo generar m谩s medidas y crear nuevos puestos de trabajo".

Por el GEN, Margarita Stolbizer consider贸 que "la soluci贸n pasa por mejorar las condiciones macroecon贸micas y bajar la presi贸n fiscal" sobre las microempresas, ya que "en muchos casos la informalidad en las pymes es una salida para subsistir frente a la presi贸n fiscal m谩s alta del mundo", seg煤n inform贸 parlamentario.com.

Detalles de la ley

La flamante ley beneficia con reducciones del 50 por ciento de las contribuciones patronales, sin l铆mite de tiempo, a empresas que tienen hasta cinco trabajadores, y que no son sociedades an贸nimas y tienen un cierto nivel de facturaci贸n anual.

Una vez ingresada en el programa, la empresa puede contratar hasta siete trabajadores y mantener el beneficio sobre los primeros cinco. A partir del octavo trabajador se considera que la empresa pasa a ser una "peque帽a empresa".

Para las peque帽as y medianas empresas, se estableci贸 un r茅gimen temporal de reducci贸n de contribuciones para contrataciones que incrementen la cantidad de trabajadores registrados en la empresa.

Las empresas de hasta 15 trabajadores que no se encuadren en el beneficio anterior, no ingresar谩n contribuciones durante los primeros 12 meses, e ingresaran el 25% de las mismas los siguientes 12 meses para cada nuevo trabajador que aumente la dotaci贸n de personal.

En tanto, las empresas de entre 16 y 80 trabajadores, ingresar谩n solo el 50% de las contribuciones durante los primeros 24 meses de una nueva relaci贸n laboral que incremente la dotaci贸n de personal de la empresa.

La ley tambi茅n crea el Registro P煤blico de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) que incluir谩 a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a ni帽os o adolescentes fuera de los l铆mites legales o que incurran en trata de personas para el trabajo forzado.

A las empresas que tengan infracciones, adem谩s de las sanciones que correspondan, se las incluir谩 en el Registro y se le aplicar谩 por ello restricciones que ir谩n desde la anulaci贸n de subsidios estatales hasta la p茅rdida de beneficios impositivos.

Por otra parte, la flamante ley tiende a consolidar la capacidad de inspecci贸n del Estado, a cargo del Ministerio de Trabajo, a trav茅s de una unidad especial en esta cartera que intervendr谩 junto con los inspectores.