Si los maestros no acatan el exhorto judicial de iniciar las clases que el gobierno busca conseguir con el recurso de amparo promovido por la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Cultura y Educación de la provincia analiza promover de urgencia un proyecto de ley para declara la emergencia educativa, con lo cual quedarían en suspenso y sujetos a caducidad y disponibilidad los cargos docentes para que sean cubiertos por nuevos profesionales.

La medida extrema fue revelada en las últimas horas por la propia directora de cultura y educación, Nora de Lucía, ya que "es insostenible" el perjuicio al sistema educativo y el impacto social de la postura de los maestros.

Hasta ahora, el antecedente de declaración de emergencia fue implementado por el gobierno en el Ministerio de Seguridad años atrás. Como particularidad, habilita al Estado a la reasignación de personal, reubicación, traslados unilaterales y revisión de cargos y categorías. La ley 13409 de emergencia policial  del año 2006 habilita al Estado a "declarar la prescindibilidad o pasar a retiro" unilateralmente a cualquier efectivo.

De Lucía explicó que a esto se llega porque los maestros desobedecieron la conciliación obligatoria e incurrieron en actos violentos y de "intransigencia" que afectan el sistema.

Además, la funcionaria dijo "no entender la postura" de enfrentamiento de los gremios, ya que el aumento ofrecido por el gobierno, que tiene un techo del 30,9& "va para todos los maestros, que venían más rezagados respecto de los profesores".

Por otra parte, el ministro de Trabajo de la Provincia, Oscar Cuartango, confirmó que el gobierno "ya comenzó la liquidación de los sueldos de marzo con el aumento ya ofrecido" a los maestros.

Cuartango reconoció que los dirigentes gremiales tienen razón cuando dicen que "la oferta beneficia más a los sectores más postergados" y no es equitativa respecto del 30,9 que se menciona, pero "es lo que la Provincia puede pagar".