Con el debate que comenzará en febrero contra ex camaristas y jueces mendocinos, funcionarios judiciales volverán a ser juzgados luego del ex juez santafesino Víctor Brusa, condenado en 2009. Debieron pasar más de cuatro años para que el Poder Judicial volviera a poner en el banquillo de los acusados a uno de los suyos por su rol durante la última dictadura.

A más de siete años de la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, Brusa continúa siendo el primer y único juez con condena por estos crímenes. El fallo, que lo encontró culpable por apremios ilegales contra ocho detenidos cuando era secretario del Juzgado Federal de Santa Fe, fue confirmado en marzo de este año por la Corte Suprema.

Esta demora de la justicia en investigar a sus propios miembros comenzará a saldarse a partir de febrero, cuando tiene fecha el megajuicio contra unos 40 imputados, entre ellos cinco ex jueces: los ex camaristas Otilio Romano, Luis Miret y Guillermo Petra Recabarren, y los ex jueces federales Gabriel Guzzo y Rolando Carrizo.

A pesar de las dificultades para llevar los casos a juicio oral, en los últimos años se investigaron y se logró procesar a 21 ex jueces, fiscales y funcionarios judiciales por su actuación en la dictadura, según las estadísticas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Aunque superan largamente los 50 casos, si a los procesados se agregan quienes están siendo investigados.

La lentitud para avanzar en investigaciones contra miembros del Poder Judicial que dieron legitimidad, legalidad y en algunos casos participaron del terrorismo de Estado, permitieron a muchos de ellos permanecer en sus funciones, desde donde operaron para frenar los juicios contra el Terrorismo de Estado.

El caso más emblemático es el de los ex camaristas mendocinos, quienes eran hasta hace poco más de dos años las máximas autoridades judiciales de la provincia. A los cinco funcionarios que llegarán a juicio oral se suma otro ex integrante de la Cámara Federal de Mendoza, Carlos Martín Pereyra González, procesado en San Luis por encubrir delitos de lesa humanidad cuando era secretario de un juzgado federal en la última dictadura.

"Es el juicio más grande que va a haber en la historia de la provincia de Mendoza: 40 imputados, más de 100 víctimas y 200 testigos", resumió el abogado Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos de Mendoza, quien solicitó junto con la Fiscalía la acumulación de la causa para armar el megajuicio.

Además del valor local, el debate tiene una trascendencia nacional, por tratarse del segundo que involucra a jueces, e internacional. "Después del juicio de Nuremberg a los jueces, este es el segundo a un aparato judicial en el mundo por lo que tiene un valor histórico enorme", indicó Salinas. El denominado "Juicio de los jueces" involucró a una quincena de funcionarios judiciales, entre los que se encontraban los magistrados de tribunales especiales nazis y miembros del Ministerio de Justicia de Hitler.

"Pensemos que estos jueces que hoy están presos y acusados de delitos gravísimos dirigían la justicia federal de Mendoza. Es algo revolucionario que quienes detentaron tamaño poder tengan que responder a la justicia; es contrario a la lógica del Poder Judicial, que suele perseguir a los más pobres", analizó el abogado querellante y seguidamente dijo "mientras ocupaban la cúspide del Poder Judicial, trabaron el desarrollo de los juicios. Recién en 2010, cuando comenzaron a ser destituidos, empezaron a desarrollarse. Demoraban y trababan las causas; ahora sabemos que se protegían a sí mismos", según informó el diario Tiempo Argentino. 

Las causas

En Córdoba, desde 2010, a partir de denuncias de familiares y sobrevivientes de los juicios por delitos de lesa humanidad, son investigados siete ex funcionarios judiciales, aunque sólo tres quedaron procesados: el ex juez federal Miguel �ngel Puga y el ex fiscal federal Antonio Cornejo, por incumplimiento de sus funciones al no investigar delitos de lesa humanidad, y el ex secretario federal Carlos Otero �lvarez, por el delito de encubrimiento.

Otros tres ex jueces están procesados y cerca del juicio oral en tres provincias distintas. El santafesino Luis Vera Candioti, acusado en la causa por la apropiación de Paula Cortassa, hija biológica de Blanca Zapata y Enrique Cortassa. El ex juez de menores será el segundo juez en ser juzgado en la provincia de Santa Fe. Su caso ya fue elevado a juicio el año pasado y espera fecha en los Tribunales de Rosario.

En Tucumán, el ex juez federal Manlio Torcuato Martínez también tiene procesamiento firme. La Cámara Federal de Tucumán consideró que garantizó la impunidad al proveer "tolerancia y encubrimiento de las prácticas del aparato represivo del Estado". En la misma situación se encuentra el riojano Roberto Catalán, con procesamiento firme como autor de tormentos y partícipe secundario de homicidio y secuestro. Desde su detención en 2011 pasó sólo cuatro días en la cárcel, beneficiado con prisión domiciliaria por el juez Daniel Herrera Piedrabuena, pese a los dictámenes médicos.

Otros ex funcionarios procesados son el ex secretario Hugo Mario Sierra (Bahía Blanca), los chaqueños Roberto Mazzoni (ex fiscal) y Luis �ngel Córdoba (ex juez federal), en San Luis el ex juez Luis Eduardo Allende y el ex fiscal Hipolito Saá, y los santiagueños Arturo Liendo Roca (ex fiscal y ex juez) y Santiago Olmedo de Arzuaga (ex secretario federal y ex juez).

Mar del Plata

En la ciudad balnearia ocurre una situación contradictoria. Por un lado, hay dos ex funcionarios procesados: Gustavo Demarchi, ex fiscal federal y ex miembro del grupo parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU), y la ex jueza federal subrogante y ex defensora oficial Ana María Teodori. Por otro lado, se destaca el caso paradigmático del suspendido juez Pedro Hooft, quien desde 2012 logra evitar la indagatoria a fuerza de medidas dilatorias.

El jueves pasado, su defensa esquivó una vez más la declaración al recusar por quinta vez al juez de instrucción que lleva la causa, Martín Bava. La dificultad para llevar a este ex juez ante la justicia radica no sólo en las argucias legales de sus abogados y su influencia, sino en que, si bien fue suspendido, conserva los fueros hasta que un jury del Consejo de la Magistratura de la provincia analice si debe ser destituido.

Acusado por rechazar habeas corpus y haber garantizado la impunidad de las fuerzas represivas, el jury contra Hooft se inició en 2006, y la audiencia se postergó para el 17 de marzo del año que viene. Mientras tanto, fue suspendido en sus funciones en marzo de este año, tiene prohibido salir del país y el 40 por ciento de su sueldo es embargado, aunque es conocido en Mar del Plata que sus compañeros de la justicia local hacen una colecta mensual para cubrir el dinero que le retienen.

Causas por apropiación 

En las causas por apropiación de niños en la última dictadura hay varios funcionarios judiciales imputados. Además del procesado ex juez Vera Candioti, esta semana la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó el sobreseimiento al ex juez de menores Juan Carlos Marchetti y al ex asesor de menores Juan Carlos Magni implicados en la sustracción del nieto restituido Manuel Gonçalves.

Ambos funcionarios de San Nicolás habían sido sobreseídos por el cuestionado juez Carlos Villafuerte Ruzo. Por otro lado, en Lomas de Zamora se reactivó a fines de octubre una investigación sobre el funcionamiento del Juzgado de Menores de la fallecida Marta Delia Pons. Se trata de la funcionaria que les dijo a las Abuelas de Plaza de Mayo que no devolvería a sus nietos porque "sus hijos eran terroristas".

Semanas atrás, el juez federal de Lomas de Zamora, Carlos Alberto Ferreiro Pella, ordenó la detención de dos ex funcionarios del juzgado y una psicóloga del equipo, en el marco de la causa que investiga la apropiación de los hermanos Carlos Alberto, María Ester y Alejandro Ramírez en 1977. Los niños, menores de 5 años, habían sido abandonados luego de que su madre fuera asesinada en un operativo militar. Fueron luego llevados al juzgado de Pons, quien los entregó al Hogar Casa de Belén, de Banfield, donde fueron sometidos a maltratos y abusos sexuales. Los tres chicos fueron recuperados por su padre en 1983. Por el caso fueron detenidos la ex secretaria del tribunal Nora Susana Pellicer, el ex secretario Lisandro Luis Chiavaro y la psicóloga María Teresa Gómez, al igual que la ex titular del hogar de Belén, Dominga Vera y Juan Carlos Milone, ex padrino de la institución.

Balance: Como en Nuremberg

Para el abogado Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico de DD HH de Mendoza, el juicio contra los ex jueces es, después de Nuremberg, "el segundo proceso a un aparato judicial completo en el mundo". "Tiene un valor histórico enorme", advirtió.