En el fallo, la jueza en lo Penal Juvenil de 7ª Nominación de la ciudad de Córdoba, Nora Giraudo, también dispuso que, en la unidad carcelaria, al hombre se le brinde asistencia psicoterapéutica que le permita modificar "su posicionamiento subjetivo inmaduro y reflexionar sobre sus conductas", de manera que "pueda asumir el rol paterno y los compromisos que éste conlleva".

La magistrada determinó que el hombre se incorpore al sistema educativo para que pueda "concluir el ciclo primario" y que se capacite para obtener un trabajo remunerado, con el fin de que pueda "reparar el daño causado y abonar la cuota alimentaria mínima e indispensable de todos sus hijos", que son ocho: cinco con la primera, uno con la segunda pareja y dos con la tercera.

La cuota alimentaria impuesta al condenado es de 2.300 pesos, que deberá abonar mensualmente a los hijos por los cuales se hizo la denuncia penal -los cinco del primer matrimonio-, una vez que recupere la libertad. Para determinar el monto la justicia tomó como parámetro el valor de la Asignación Universal por Hijo.

En la resolución, la jueza tuvo en cuenta la "actitud reticente" del imputado, que, en el marco de una causa previa que homologaron en el fuero de familia, impulsada por su exesposa, se había comprometido a abonar 300 pesos mensuales, cosa que "hizo en forma irregular" y, al embargársele el sueldo, renunció a su trabajo.

Asimismo, la magistrada también consideró que el hombre había pedido la suspensión del juicio para realizar una "mediación", lo que luego tuvo que ser revocado y declarárselo en "rebeldía".

Por este motivo, Giraudo concluyó que el hombre "hacía lo que quería" y que le era "indiferente el resultado dañoso de su comportamiento y sus consecuencias legales, que conocía".

Durante un período de más de seis años, el hombre no hizo ningún aporte económico en favor de sus hijos, a lo que sumó "el desentendimiento afectivo, al suspender el contacto con los menores".

En el momento de graduar la pena aplicable, la jueza descartó la posibilidad de una pena de "multa", dado que la postura esgrimida por la defensa del acusado se basó en que se lo considerara un "carenciado" y "desocupado", mantenido por su madre y parejas.

Asimismo, Giraudo desechó dejar en suspenso la ejecución de la pena de prisión, dado que, habiéndosele indicado tratamiento psicoterapeútico con anterioridad, no lo hizo.

Por ello, la jueza concluyó: "Es necesario que su tratamiento sea llevado a cabo institucionalmente para que se continúe con el abordaje psicoterapeútico que fue solicitado, se le ofrezca incorporarse a la escolaridad para que complete el primario, capacitarse laboralmente y que se lo incorpore a tareas remuneradas para que aporte en la proporción prevista por la ley a reparar el daño causado, y al sostenimiento de todos sus hijos".

Sobre la base de los tratados internacionales de derechos humanos, que ostentan jerarquía constitucional en la Argentina, la magistrada tuvo principalmente en miras el "interés de las víctimas, que en el caso, son los hijos menores de edad que, como tales, merecen de un amparo prioritario".

"Después de casi siete años de incumplimiento, otorgarle la libertad condicional al responsable penalmente de tal conducta sería casi otorgarle una patente para que siga con el mismo comportamiento", reflexionó la jueza.

En la misma línea, Giraudo se preguntó: "¿Creerían los hijos que su padre, que no cumple desde 2007, se resocializaría y realizaría ahora los aportes correspondientes a sus necesidades actuales, habiéndose saneado su conducta anterior con una sanción en suspenso?".

Asimismo, la magistrada expresó que, si bien la sanción no llega a compensar los daños sufridos, "ha de prevenir un daño adicional para los menores, ya que una benevolencia infundada, les generaría una imagen de impunidad que, en forma indirecta, constituye una ampliación de la tolerancia sobre esta supuesta clase de obrar".

La causa llegó al proceso penal luego de que la primera mujer del acusado lo denunciara por no cumplir con la cuota alimentaria (de 300 pesos por cinco hijos, de 15, 13, dos de 10 y uno de 7) que se le había fijado en el marco del juicio de divorcio que, en forma paralela, la mujer también inició.

A.R.