Durante el mediodía de hoy, unas 30 personas cortaron la avenida Cazón, en la intersección con Bourdieu, en reclamo de una reunión con el intendente de Tigre, Sergio Massa, para obtener respuestas por el posible desalojo, pero además en reclamo de los expedientes, en posesión de la municipalidad, donde consta que los terrenos fueron cedidos a esas familias.

El terreno, ubicado en la calle Mitre entre La Rioja y Sarmiento, de la localidad de Benavídez, está en disputa desde hace tres años, cuando un hombre se presentó en la justicia argumentando ser dueño del predio, por lo que recurrieron a una mediación en 2011 y los vecinos incluso ofrecieron pagárselo en cuotas, pero el hombre, identificado como Horacio Jorge Riva, nunca les respondió.

Las familias afirman que el terreno fue cedido por la Municipalidad en 1990, cuando "fuimos con dos abogados del municipio de Tigre y nos otorgaron tierras para que hagamos mejoras", afirmó a Télam Gladys, una mujer de 62 años y seis hijos que reside en el lugar hace 29 años.

"Hicimos casas de material en donde en ese entonces había barro, ahora hay hasta asfalto, ¿y la jueza le da la razón al dueño?" se preguntó Gladys y mencionó que "ahora estos terrenos tienen valor porque estamos a cuatro cuadras de Nordelta y por eso nos quieren sacar".

Durante la instancia de juicio, las familias entregaron a la justicia constancias de residencia -pago de facturas de servicios, partidas de nacimiento de los niños y jóvenes que nacieron ahí-, pero no pudieron entregar los expedientes en donde consta que los terrenos fueron cedidos porque "cuando salió la orden del juez el municipio se negó a otorgarlos".

La jueza Alicia Angela Ortolani, además del desalojo, falló que los vecinos no deben tener ningún tipo de resarcimiento por haber construido las casas allí, ya que "las construcciones efectuadas no sólo no han incrementado el valor del inmueble sino que importan una desvalorización de la zona, y sólo pueden serles útiles al que lo construyó y vive allí".

Durante la protesta, un funcionario del municipio que no quiso identificarse habló con los vecinos y, ante un joven que le pidió soluciones, respondió que "ustedes perdieron el juicio porque los defendieron mal".

El funcionario añadió, en relación al pedido del expediente, que "nosotros estamos hacá hace cuatro años, ¿cómo querés que sepa lo que pasó hace 20?".

Posteriormente, en diálogo con Télam, el funcionario afirmó que "claro que nos vamos a poner al lado de esa gente si lo necesitan, pero este es un conflicto privado entre esa gente que cree que tiene derechos a tener una propiedad y uno que dice que es el dueño".

Natalia, que tiene una hija con Síndrome de Down y está a punto de ser desalojada, sostuvo que "me cansé de pedir ayuda y me cerraron todas las puertas. Le mandé cartas al intendente Massa, a (su mujer) Malena Galmarini, no sé a quién no le mandé".

Por su parte, Carlos, quien tiene un niño de tres años y sufre de Mal de Chagas, diabetes y tiroides, destacó que "no me gusta venir a cortar la calle, queremos arreglar las cosas nada más, porque nuestras casas son el esfuerzo de toda una vida y no es justo que hagan esto".

El viernes próximo los abogados de las partes se reúnirán para intentar resolver la situación de las familias, aunque ellos afirman que "hasta que no tengamos una respuesta que no nos deje en la calle no vamos a parar".

A.R.