Tanto el gasista Carlos García como su ayudante Pablo Miño son los dos únicos imputados por la tragedia y estan acusados del delito de estrago culposo agravado, ya que trabajaban en una fuga de gas la mañana del 6 de agosto pasado en el edificio colapsado de la calle Salta 2141.

Ambos están en libertad por decisión del juez de instrucción 9, Javier Beltramone, quien tomó el caso una semana después de la tragedia, una vez que el anterior magistrado, el juez correccional Juan Carlos Curto, dejara el expediente por cuestiones de competencia.

Según explicaron a Télam fuentes del juzgado, Beltramone aguarda el resultado de las pericias técnicas encargadas a la empresa GIE, de la localidad bonaerense de Mar del Plata, para luego avanzar en posibles indagatorias.

El juez rechazó ayer la impugnación que había presentado el abogado del gasista, Hugo Buffarini, contra la empresa GIE como perito oficial de la causa, atento a que la firma marplatense presta servicios para Techint, una de las accionistas de Litoral Gas.

Además, ordenó que la primera parte de las pericias se realicen en la escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y con la participación de los peritos de parte, con el fin de que "puedan controlar la prueba", dijeron voceros del caso.

En la causa también prestaron declaración testimonial tres directivos y varios técnicos de la concesionaria Litoral Gas, que presta el servicio en el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires, tras la privatización de Gas del Estado en 1992.

En tanto, los vecinos que fueron víctimas y testigos de la tragedia comenzaron a declarar en el juzgado de instrucción 9 de Rosario.

"Hasta esta mañana habían declarado 70 vecinos y para hoy estaban citados otros 45", dijo un vocero del tribunal.

A.R.