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11-05-2013 | Se trata de Vicente Massot | |||
Bah铆a Blanca: Pidieron la detenci贸n del director de "La Nueva Provincia" por c贸mplice de asesinatos durante la Dictadura del '76 | |||
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Se les imputa haber formado parte del plan criminal que posibilit贸 el genocidio de la 煤ltima dictadura, lo que ampl铆a el registro sobre los diferentes niveles de participaci贸n civil en el mismo. Un repaso por las notas del diario de la 茅poca permite determinar una acci贸n psicol贸gica en l铆nea con los reglamentos castrenses. En los 煤ltimos a帽os se ha visualizado adem谩s su rol en otro plano delictual, como el configurado por los asesinatos de los obreros gr谩ficos Heinrich y Loyola.
"Ha sonado la hora". "Lleg贸 el momento". Una frase, la primera, corresponde a Leopoldo Lugones, quien la dijo en 1924 en su penosamente c茅lebre discurso de Ayacucho, con el que prefigur贸 la matriz discursiva castrense que se repetir铆a en casi todas las proclamas con que se anunciaron los golpes militares desde 1930. La segunda fue impresa en la edici贸n del 24 de marzo de 1976 del diario La Nueva Provincia, que de ese modo salud贸 a la dictadura c铆vico militar que ven铆a reclamando desde que en 1973 concluy贸 la anterior.
Pero el reloj de la Historia no se detiene y ahora los momentos que han llegado y las horas que han sonado parecen ser los de la Justicia. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos bahiense a cargo de Jos茅 Nebbia y Miguel Palazzani solicit贸 el jueves 2 de mayo al juez federal Santiago Mart铆nez que detenga, indague y proh铆ba la salida del pa铆s al empresario Vicente Massot, actual propietario y director del diario La Nueva Provincia de Bah铆a Blanca y a su secretario de redacci贸n durante la dictadura, Mario Gabrielli, a quienes imput贸 por su participaci贸n en el plan criminal que configur贸 el genocidio sufrido en nuestro pa铆s durante la segunda mitad de la d茅cada del '70. En tal sentido ha quedado tambi茅n subrayada la responsabilidad que cupo en el plan criminal a la madre de Massot, Diana Julio, y a uno de sus hermanos, Federico. Todos ellos formaban parte del grupo medular con poder de decisi贸n en el diario del que Julio era directora durante el periodo en cuesti贸n. Bajo la dictadura, y mientras en el mismo edificio funcionaba un Centro Clandestino de Detenci贸n (CCD), Vicente Massot visitaba en la ESMA al represor Jacinto Chamorro. Su madre, Diana Julio, hac铆a lo propio en la Base Naval de Puerto Belgrano con el Jefe de Operaciones Navales Luis Mar铆a Mend铆a, a quien tambi茅n recib铆a en su despacho. Su otro hijo, Federico, trataba de "cagones" a los represores navales que "no se animaban a fusilar" p煤blicamente a los secuestrados.
El documento donde Nebbia y Palazzani plasmaron la acusaci贸n responde a un se帽alamiento formulado por el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Jorge Ferro, Jos茅 Triputti y Mart铆n Bava, que al dictar sentencia en el primer juicio contra represores en Bah铆a Blanca ordenaron "extraer testimonio de las constancias respecto de las publicaciones que daba cuenta el diario La Nueva Provincia de esta ciudad y remitirla al Juzgado Federal que por turno corresponda, a fin de que se investigue la posible comisi贸n de delitos de acci贸n p煤blica por parte de los directivos de dicho 贸rgano de prensa". El Juzgado Federal que recibi贸 la causa fue el del juez Santiago Mart铆nez, quien deleg贸 la investigaci贸n en la Unidad de Nebbia y Palazzani. Los fiscales se abocaron al trabajo y hallaron elementos suficientes para formular las acusaciones ante el propio magistrado, que deber谩 ahora decidir.
Con el pedido elevado se abre una nueva arista en el debate acerca de la complicidad civil con la dictadura en niveles que hasta el momento s贸lo hab铆an sido denunciados por organismos de derechos humanos y un peque帽o grupo de medios y periodistas. Adem谩s, el hecho marca un precedente a nivel mundial: si bien acusaciones similares se enmarcaron en los juicios por los cr铆menes de lesa humanidad de la Alemania nazi y Ruanda, en ambas oportunidades se trat贸 de determinaciones de Tribunales internacionales. En este caso, son el Poder Judicial y el Ministerio P煤blico argentinos quienes avanzan en esta l铆nea de investigaci贸n e imputaci贸n. Repasar los antecedentes m谩s conocidos del diario bahiense sirve para ilustrar su historia de compromiso con la 煤ltima dictadura, al tiempo que permite determinar que su actuaci贸n en dicho periodo no se limitaba a hacer uso del derecho a la libertad de expresi贸n, que fue por otra parte ferozmente cercenado en la 茅poca, seg煤n informo la Agencia Paco Urondo.
"Un medio de difusi贸n fundamental"
La acusaci贸n sobre los cuatro mencionados mandamases -dos de los cuales se encuentran fallecidos, por lo que la acci贸n penal se extinguir谩 luego de certificados sus decesos pero no as铆 su responsabilidad hist贸rica- sobreviene luego de se帽alados en la prensa y la Justicia un conjunto de hechos que vinculan a la plana mayor de La Nueva Provincia con la represi贸n clandestina.
El primero de ellos es el caso de los obreros gr谩ficos Enrique Heinrich y Miguel 脕ngel Loyola. Para 1975 ambos eran delegados gremiales en la empresa y, en reclamo de la aplicaci贸n efectiva un convenio colectivo ya firmado por las partes, fueron las caras visibles de un paro que durante tres semanas hizo que el diario no apareciera. Cuando el matutino volvi贸 a los kioscos, el primer d铆a de septiembre de ese a帽o, su directora acus贸 a los gremialistas de liderar una "labor disociadora" y les advirti贸 que sus "fueros parecieran hacerles creer, temerariamente, que constituyen una nueva raza invulnerable de por vida".
Dos meses despu茅s, la Prefectura de Zona del Atl谩ntico, cuya participaci贸n en la represi贸n clandestina se estructurar铆a bajo la 贸rbita de la Armada a cuyos altos mandos Diana Julio daba indicaciones, elabor贸 el borrador de su "Estudio sobre el diario La Nueva Provincia (guerrilla sindical)", que inclu铆a una n贸mina del "personal a SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSI脫N FUNDAMENTAL" (sic). Heinrich y Loyola figuraban a la cabeza de la lista.
El 30 de junio, ambos delegados gremiales fueron secuestrados de sus hogares. Por espacio de cuatro d铆as completos permanecieron desaparecidos. Tal novedad no motiv贸 la extra帽eza del periodista Norman Fern谩ndez, hoy segunda l铆nea de Vicente Massot, que en una reciente entrevista dijo que no hab铆a visto "nada raro" dentro de la empresa en esos a帽os. El 4 de julio los cad谩veres de ambos trabajadores fueron hallados a la vera de una ruta. Estaban maniatados, con signos de torturas y sobre ellos se hab铆an disparado m谩s de cincuenta balazos. El periodista Carlos Iaquinandi, que para 1976 era una de las voces del informativo de LU3 y ten铆a activa militancia gremial, comprendi贸 entonces que deb铆a irse del pa铆s. Hoy opina que los homicidios de Heinrich y Loyola, por los que ya hay elevados a juicio varios militares, conten铆an adem谩s un claro mensaje mafioso.
Tras un manto de neblina
Los otros aspectos de la actuaci贸n de la c煤pula del matutino durante la dictadura se enmarcan en los extractos observados en septiembre por el Tribunal Oral Federal, que daban cuenta de la forma en que La Nueva Provincia, comandado por sus directivos, particip贸 del plan criminal. Para comprobarlo, basta leer las p谩ginas del diario durante la 茅poca en cuesti贸n.
Por un lado, se encuentra la actuaci贸n que el medio desarroll贸 en acciones de propaganda ante la opini贸n p煤blica, en un contexto espec铆fico en que no exist铆an ni la internet ni la Tv por cable y el diario y el multimedios del que formaba parte eran la principal y casi 煤nica fuente de acceso a la informaci贸n en la regi贸n, un derecho de sus vecinos que el matutino tambi茅n obstruy贸.
Estas acciones de manipulaci贸n de la opini贸n p煤blica se plasmaron en las p谩ginas del "diario del sur argentino" en consonancia con reglamentaciones castrenses como el Reglamento de Operaciones Sicol贸gicas que firm贸 el dictador Alejandro Lanusse en 1968 y el represor Adel Vilas entreg贸 a la C谩mara Federal bahiense ante la que declar贸 casi veinte a帽os m谩s tarde. El t铆tulo de la normativa, que detallaba el rol que cab铆a a cada sector de la comunicaci贸n en la acci贸n militar, habla por s铆 mismo.
El mecanismo de acci贸n propagand铆stica y psicol贸gica inclu铆a la promoci贸n de controles y delaciones hacia el com煤n de la poblaci贸n y la construcci贸n de las v铆ctimas como "delincuentes subversivos". En eso, justamente, se basa el delito de genocidio: la atribuci贸n a un "otro", determinado por cuestiones de edad, g茅nero o pertenencia pol铆tica, de conductas o caracter铆sticas que lo convierten en un elemento a exterminar. En la met谩fora b铆blica de los capellanes navales, "separar la ciza帽a del trigo". En la extendida versi贸n biologicista, erradicar el "virus subversivo".
La acci贸n psicol贸gica descripta, se complementaba y verificaba con la narraci贸n de cada hecho de la represi贸n clandestina, lo que daba cierre al circuito. De este modo, el diario se ocup贸 de presentar relatos ficticios de los acontecimientos, tal como lo advirti贸 en su fallo el TOF que en septiembre dict贸 sentencia en Bah铆a Blanca al ordenar abrir l铆neas de investigaci贸n en tal sentido. La pr谩ctica inclu铆a no s贸lo la reproducci贸n de comunicados o la omisi贸n de datos, sino tambi茅n la presentaci贸n seriada de notas cuyos titulares remit铆an siempre a la figura de los "enfrentamientos" fraguados que ya hab铆an sido refutados por Rodolfo Walsh para marzo de 1977. Los ejemplos de este tipo de narraciones son decenas y todos dan cuenta del esmero del diario por encubrir los cr铆menes, objetivo para el que contaban adem谩s con documentaci贸n que s贸lo pod铆an obtener a trav茅s del contacto con fuentes de primera mano.
Un ejemplo ilustrativo y terrible entre los muchos que se encuentran repasando las p谩ginas del diario en la 茅poca es la cr贸nica que rese帽a la muerte de Fernando Jara.
Jara fue secuestrado a mediados de 1976 y desde el principio sus secuestradores le hab铆an anticipado que ser铆a asesinado el 16 de diciembre de ese a帽o, d铆a en que se cumpl铆a el primer aniversario de las muertes de los militares Bruno Rojas y Ren茅 Papini, en que los represores le atribu铆an participaci贸n. Citando a Roberto Arlt, el fiscal Abel C贸rdoba explic贸 la particular perversi贸n del caso durante su alegato en el juicio a diecisiete represores del Ej茅rcito que concluy贸 en septiembre. "Lo hab铆an torturado todo el tiempo y pesaba sobre 茅l una sentencia macabra", explic贸. Se trataba de una "tortura a plazo fijo. Todos tenemos la noci贸n de la muerte incorporada, pero vivimos a partir de la incertidumbre de ese momento, a partir de all铆 es que podemos vivir y ocuparnos de otras cosas. Los 煤ltimos seis meses de su vida, Jara no pudo hacer eso. Se lo sentenci贸 con la certeza que iba a ser fusilado en determinado momento, y que no podr铆a hacer nada al respecto. Ni el recurso subjetivo a la angustia tuvo".
Una testigo narr贸 el operativo que se hizo en Cerrito y Casanova. "隆No me maten!", fue lo 煤ltimo que se le oy贸 decir a Jara. Al d铆a siguiente, el diario de Massot arm贸 una cr贸nica donde se detallaba incluso el clima imperante. "Cubr铆a la ciudad un gran manto de niebla" al momento de perpetrado el crimen, que el matutino encubri贸 present谩ndolo como un intercambio de disparos surgido cuando el "delincuente subversivo", que desde hac铆a meses se encontraba secuestrado, circulaba por el lugar y hab铆a pretendido eludir una patrulla policial, cubriendo su salida con disparos de un arma que no pod铆a poseer. Pero el diario de los Massot Julio no se quedaba all铆. Agregaba el dato que hab铆a dado origen a la sentencia que los asesinos hab铆an hecho caer sobre Jara como modo particular y perverso de tortura tan pronto como lo tuvieron en su poder: en ese lugar, recordaba la redacci贸n, exactamente un a帽o antes, hab铆an ocurrido las muertes de los militares Rojas y Papini, cont贸 Diego Kenis, desde Bah铆a Blanca para APU..
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