El "mariottismo" presentó este último viernes un Proyecto de Ley en el Senado provincial, que tiene como objetivo la "estatización" de la explotación del juego de azar bajo el formato de "electromecánico y/o electrónico", así como de los "programas informáticos que permitan" su funcionamiento. 

La iniciativa lleva la firma de los senadora neomariottista, Cristina di Rado y el hombre de Boudou en la Cámara alta, Jorge Ruesga, aunque, se pudo saber que fue impulsada directamente por el vicegobernador Gabriel Mariotto.

Se trata de una ley que le quita la facultad a Daniel Scioli de prorrogar por decreto los permisos para la explotación de "tragamonedas" ubicados en los Casinos de la Provincia, devolviéndole al Estado el rol de controlador único de ese tipo de juegos de azar.

Escueto, el proyecto prohíbe al Instituto provincial de Loterías y Casinos realizar a futuro cualquier contrato de concesión para la explotación de las "Máquinas Electrónicas de Juegos de Azar" y por el contrario, establece que "en la medida que los contratos de concesión o explotación de máquinas electrónicas de jugos de azar aún vigentes en la totalidad de los Casinos de la Provincia lleguen a su finalización", ese organismo deberá asumir "en forma directa y plena, sin ninguna intermediación, la explotación y administración de las 'Máquinas Electrónicas de Juegos de Azar'".

La ley se remite al ámbito de los casinos, sin hacer mención alguna a las salas de Bingos. Hay en territorio bonaerense 10 de estas explotaciones (Tigre, Casino Central, Hermitage, Mar de Ajó, Miramar, Monte Hermoso, Necochea, Pinamar, S. de la Ventana y Tandil), contra 46 Bingos distribuidos en 32 distritos de la Provincia.

En su artículo 2, realiza una pormenorizada definición de lo que implican las "máquinas electrónicas de juegos de azar", con miras a subsanar la "laxa" definición que actualmente establece el artículo 37 de la Constitución bonaerense, y que crea una suerte de "agujero legal" aprovechado por los bingueros.

Así, comprende en esa denominación "a todo equipo electromecánico y/o electrónico, y/o programa informático que permita Captación de Apuestas, Visualización del desarrollo y resolución del Juego, Elección de opciones, Generación Automática de Resultados, Acreditación de premios, débitos de apuestas perdidas y exhibición del estado de cuenta del usuario apostador, Pago de premios con fichas, tarjetas magnéticas, cospeles, tokens, créditos, tickets, o moneda de curso legal, Pudiendo ser en el formato de: Ruletas Electrónicas, Ruletas Video, Simulador de Carreras de Caballos, Video Póker, Video Black Jack, Tragamonedas de Rodillo, Tragamonedas de Video, o cualquier otro juego que se desarrolle dentro de cualquiera de las características enumeradas en los incisos precedentes".

No conforme, un párrafo de ese artículo remarca que la enumeración es "a mero título enunciativo" y postula una "interpretación dinámica y amplia del concepto "Maquinas Electrónicas de Juegos de Azar", contemplando las constantes innovaciones tecnológicas en la materia".

El tercer artículo es el que precisa que el Estado se hace cargo de las máquinas "en la medida que los contratos de concesión o explotación de máquinas electrónicas de juegos de azar aún vigentes en la totalidad de Casinos de la Provincia de Buenos Aires lleguen a su finalización" y establece que no podrá haber "ninguna intermediación, la explotación y administración" de los aparatos. Establece, en el artículo siguiente, la prohibición de "realizar a futuro cualquier contrato de concesión para la explotación" de las máquinas, así como también -en el artículo 5º- la tercerización de la "explotación, administración, mantenimiento, cuidado, promoción e higiene" de las mismas.

El sexto artículo, en tanto, establece el reparto de la recaudación: El 80% respetando la actual distribución, más un 10% "para los Empleados de los Casinos Provinciales, quienes lo percibirán por su participación en la Explotación de las mismas, de acuerdo a la modalidad que establezca la reglamentación de la presente ley" y otro 10% para "gastos de mantenimiento de los Casinos, y a la reparación, reposición y modernización", para lo cual -establece el séptimo- "se priorizará la adquisición de maquinarias e insumos de Fabricación Nacional".

Por último, los artículos 8 y 9 prescriben, respectivamente, la prohibición de "la apertura o traslado de nuevas Salas de Bingo" en un radio de 150 kilómetros de donde funcionen casinos administrados por el Estado, y la prohibición para los Municipios de "gravar con tasas y/o contribución alguna las utilidades" de las máquinas estatizadas.

Uno de los autores del proyecto, el senador del FpV, Jorge Ruesga, sobre el alcance de la iniciativa, dijo "máquinas tragamonedas hay en bingos y casinos, nosotros estamos legislando para que se estaticen las de los casinos provinciales".

"Esta iniciativa no afecta ningún derecho adquirido porque se le respeta las concesiones hasta que se terminan, por lo que la implementación de la ley sería algo gradual, no es que mañana todos los casinos van a pasar a ser del Estado provincial", indicó Ruesga y resaltó que la estatización "dejará un saldo positivo a la provincia de que pasará a recaudar los 800 millones de pesos que hoy quedan en manos privadas". 

"Sirve mucho más que estos recursos estén en manos del Estado provincial y no en manos de terceros", concluyó el senador K.

Por último, cabe señalar que en la provincia funcionan doce Casinos, de los cuáles cuatro tienen concesiones que vencen en Diciembre de 2013: el de Tigre, Central, Hermitage y el de Tandil. Mientras que el Provincial, el de Necochea y el de Monte Hermoso están sin contrato, el de Pinamar de la ruta tiene un "contrato de hecho" y el de Mar de Ajó venció en 2007. Por otro lado, los de Mirarmar, Pinamar (Bosque) y Sierra de la Ventana vencen entre 2014 y 2020.