La Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, presidida por el diputado bonaerense Gabriel Villegas, decidió asumir el rol de acusador contra la titular del Tribunal de Menores Nro 1 del Departamento Judicial de La Matanza, Susana Elena Gordiola y contra el titular del Tribunal del Trabajo Nº 1 del  Departamento Judicial de Necochea, Jorge Enrique Secondi.

En el caso de la Jueza Gordiola, suma 11 denuncias, de las cuales, varias de ellas están compuestas por más de un ítem. Se la acusa de mal manejo de causas que involucran maltrato a menores tutelados, en los que la magistrada firmó actas que se contradicen entre sí, por lo que la Comisión interpreta que hay, al menos, incumplimiento de los deberes de su cargo, denotando a su vez una actuación negligente en el ejercicio de sus funciones, conductas éstas previstas y tipificadas en el art. 21 incisos "d" y "e" de la ley 13.661.

También fue denunciada por al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en una causa que involucra dos menores abusadas, y por la que la Comisión interpreta que se cometieron graves irregularidades en el procedimiento sustanciado bajo la órbita de su competencia. Se la acusa además de falta de control  de las guardas otorgadas; demoras inexplicables en diferentes pasajes de procesos a su cargo; desatención y falta de contacto con menores a los que debía tutelar; irregularidades en la tramitación de expedientes; disponer la detención de un menor a su cargo, acusado de participar en un homicidio, en la Comisaría de La Matanza Primera (un lugar de alojamiento para mayores), donde permaneció durante 3 años; irregularidades en varias de las guardas y adopciones que tuvo a su cargo; y de ejercer presiones para favorecer ascensos a determinados agentes judiciales.

 

Ante la descripción de los hechos, y las pruebas que se acompañaron en cada caso, la Comisión Bicameral, por unanimidad, decidió asumir el rol de acusador, por "Incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de la función del magistrado"; por "dejar transcurrir en exceso los términos legales, sin pronunciarse en las cuestiones sometidas a su decisión o dictamen"; por la "Comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo" y por "la realización de hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone".

 

En tanto, en el expediente por el que terminó elevándose la acusación contra el titular del Tribunal del Trabajo Nº 1 del  Departamento Judicial de Necochea, Jorge Enrique Secondi, también había sido denunciado Enzo Aldo Martínez, quien compartía la titularidad del Juzgado con Secondi, pero debido a que le fue aceptado su pedido de renuncia y ya no revista como Juez de la Provincia, la elevación a Jury comprende sólo al Juez Secondi, de quien se considera que "ha provocado con sus conductas, un grave perjuicio a la administración de justicia".

 

Entre los ítems que se enumeran figuran: maltrato a la Jefa de Archivo para obtener copias de actuaciones en interés propio; maltrato a empleados judiciales a testigos y a los profesionales y litigantes en el Tribunal de Trabajo de Necochea mientras se realizaban las audiencias de visa de causa, produciendo un desprestigio de los letrados, con lo que se interpreta que existe una afectación concreta al ejercicio del ministerio que ejercían.

 

"La coacción perpetrada, por el manejo autoritario y los malos tratos,  pueden haber causado una afectación al debido proceso legal, vulnerando el derecho de los intereses representados", señala el dictamen de la Comisión Bicameral.

 

La denuncia sostiene además que debido a la manera de conducirse del magistrado, se generó un clima de trabajo diario hostil, incierto e inestable, por los malos tratos constantes, que eran acompañados por amenazas de sumarios por cualquier motivo, con pedidos de informes sin razones que lo avalaran. Esta metodología, según aseguran los denunciantes, se sostuvo durante casi dos décadas.

 

También se acusó a Secondi de "no extremar los recaudos necesarios, ni arbitrar las medidas conducentes a que no se produjeran en los procesos a su cargo, demoras injustificadas, con una clara afectación de los derechos de las partes sometidos a su jurisdicción".                               

 

Para la Comisión Bicameral, Secondi "ha incumplido los deberes inherentes al cargo que ostenta, demostrando incompetencia y negligencia en su desempeño, realizando hechos incompatibles con la dignidad que el cargo judicial impone, y ha violentado directivas contenidas tanto en el derecho interno como en el ámbito de protección de los derechos humanos, violando preceptos constitucionales y pactos internacionales accedidos a dichos cuerpos basales, por lo que deberá responder".

 

Respecto a las acusaciones elevadas por la Comisión Bicameral, su titular, el diputado bonaerense integrante del bloque FpV/PJ Gabriel Villegas, sostuvo que "haciendo uso de las facultades conferidas por la Constitución Nacional, esta Comisión actúa una vez más, fuera de toda presión y sujeta al análisis objetivo de las inconductas de los jueces y magistrados de la provincia de Buenos Aires".

Para Villegas, "el sistema de control entre los poderes debe existir, y no puede ser amedrentado por ninguno de los poderes u organismos".

 

"Si no fuera así, los que hoy se dicen defensores de los derechos constitucionales y los derechos naturales del hombre, serían sólo un grupo hacedor de lobby, en busca de favorecer a una de las partes", remarcó el Presidente de la Comisión Bicameral bonaerense . En tanto, y con referencia al caso del juez Sal Lari, Villegas aseguró: "por esto y ante los últimos acontecimientos que son de dominio público, reivindico el vivir en una República, con división de poderes claros e independientes, por más que algunos intenten manchar el quehacer del organismo que presido".

 

En este sentido, Villegas remarcó: "no vamos a ser parte de las presiones que quieran ejercer grupos que buscan obtener beneficios particulares o corporativos", y señaló que "estas dos acusaciones (la de Gordiola y Secondi) son una muestra de que la Comisión acusa a quienes se desvían de los procedimientos y no se ajustan a derecho, independientemente de las ideologías que cada uno de ellos profesen".

 

"Los organismos especializados en la defensa de los derechos humanos que hoy pierden tiempo en ejercer presiones para intentar forzar una resolución favorable para un juez que se encuentra sometido al debido proceso y en libertad, deberían prestar más atención a situaciones y hechos como los que hoy llevaron a esta Comisión a acusar a dos magistrados", enfatizó.

 

Para el titular de la Bicameral, "estos dos casos demuestran, una vez más, que la Comisión trabaja todos los días en forma independiente, buscando que aquellos magistrados o funcionarios que no cumplen con la ley sean removidos de su puesto bajo todas las garantías del debido proceso".