En 2012 volvió a ser el marplatense del año. Uno de los hombres que llevó adelante la quijotada de los Juicios por la Verdad, ahora fue quien integró el Tribunal que concretó la primera condena a un funcionario civil de la última dictadura, y quien una vez más mandó a cárcel común a ejecutores del plan genocida cívico - militar, en este caso involucrados en la causa del Circuíto Camps.

El doctor Roberto Falcone, de Mar del Plata, en efecto, integró ,-junto a otro verdadero marplatense del año, el doctor Mario Portella-, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, que recientemente dictó 23 condenas, en el marco de la causa "Circuíto Camps", la mayoría a perpetua, algunas de ellas emblemáticas, como al comisario Etchecolatz, y que además revocó todas las prisiones domiciliarias y estableció la calificación del delito de genocidio como figura común para los crímenes cometidos. Tribunal que, en efecto, concretó la primera condena a un funcionario civil de la última dictadura, el ex ministro de gobierno de la provincia Jaime Smart, abogado que hasta último momento recibió defensas encendidas del establishment.

"En esta causa muy pocas víctimas tenían que ver con la lucha armada. En general se trataba de militantes que pertenecían al peronismo de izquierda. Como si hoy fueran los chicos de La Cámpora, por ejemplo. Se trata de estudiantes universitarios que fueron secuestrados y desaparecidos, militantes gremiales, delegados que estaban al frente de los reclamos, periodistas que cuestionaban el poder. En su inmensa mayoría se trataba de personas con un pensamiento claramente pogresista pero que no tenían ninguna vinculación con grupos armados. A punto tal que en la mayor parte de casos se trató de secuestrados de sus domicilios dónde pernoctaban, luego de terminar su tarea cotidiana, o de volver del lugar de trabajo. Es más, en muchas ocasiones se secuestraba a las madres y se llevaban a los hijos, algunos de dos o tres años a quienes les fue sustituída su identidad y entregados a otras familias. En algunos casos fueron dejados con sus vecinos. Pero se trataba de gente que podía ser localizada fácilmente", le contó el juez Falcone al diario marplatense LA CAPITAL en el comienzo de una larga charla. La reparación para esas víctimas, para su memoria y para sus familias, aparece como su primer gran desvelo.

- Entre esas víctimas de los condenados por la causa del "Circuito Camps" había varios marplatenses?.

- Hay bastante gente de Mar del Plata. Hay un matrimonio de médicos que eran de Mar del Plata pero estaban viviendo en La Plata. Hay estudiantes de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, como Virginia Tempone o Juan Carlos Abachian, por ejemplo. Hay jóvenes militantes de la ciudad. Personas que fueron secuestradas por el aparato represivo que funcionaba en La Plata, también con el apoyo de gente de Mar del Plata que no ha sido vinculada al proceso. Todos los imputados prestaban servicio en la jurisdicción de La Plata. Y a pesar de que muchos operativos se hicieron en Mar del Plata, la colaboración de esos funcionarios no fue investigada en su momento.

- Está trabajando ahora en la frondosa redacción de los fundamentos de la sentencia de esta causa, que será dada a conocer el próximo 25 de marzo. Mientras hace este trabajo, ¿qué conclusiones personales va agregando a este fallo histórico?

- Lo que se ha visto en el juicio es que el aparato represivo en la provincia de Buenos Aires cumplió a rajatabla las instrucciones que le dio la junta de gobierno. Desde las máximas jerarquías, con el pretexto de combatir a la subversión, emplearon procedimientos ilegales, clandestinos, secuestrando a gente en su lugar de trabajo, en sus domicilios, y sometiéndolos a gravísimas sesiones de tortura con el objeto de obtener información. Y a través de esa información que se conseguía con la tortura se secuestraba a otras personas presuntamente vinculadas con los disidentes a los que se perseguía y, como dijo uno de los imputados en su declaración, luego los asesinaban y los enterraban como NN clandestinamente. Hacer un balance sobre como operó el terrorismo de Estado en la provincia de Buenos Aires es introducirse realmente en lo más excecrable, en lo peor que puede expresar la condición humana, desde el secuestro con zonas liberadas, el desamparo, la desprotección, someter a las víctimas a todo un proceso de despersonalización, de pérdida de identidad. Una persona que está tabicada, que no tiene noción ni del tiempo ni del espacio, que es torturada permanentemente, que es amenazada con ir a buscar al resto de su familia, con matarle a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, personas que eran desprovistas de agua, de alimentos, de las mínimas condiciones de higiene. Entrar a analizar todo lo que representa el Circuíto Camps es involucrarse en algo que, a quienes nos toca juzgarlo desde un punto de vista parcial e imparcial, nos genera una grave presión psicológica, un gran dolor, porque más allá de la obligación que tienen los magistrados de ser imparciales, neutrales y equidistantes y de tomar las decisiones con equilibrio, está el ser humano que se conmueve. Cuando usted escucha a las testigos que estaban secuestradas, cuatro militantes mujeres, del MPTL y que entra una "patota" de las Fuerzas Armadas a la noche, que las ponen contra la pared, que seleccionan a una, que la llevan adelante, que la violan durante toda la noche, que la devuelven a la celda con la cara destrozada a golpes y saber 35 años después que fue ejecutada con un tiro de itaca en la nuca, después de corroborar todas esas circunstancias, uno queda perplejo. O sea, que por más experiencia que uno pueda tener en el análisis de la cuestión criminal, para esto no tiene respuesta. Esto lo descoloca. Esto me descolocó como juez y como ser humano, me dejó profundamente perturbado. Uno después uno tiene que reahacerse para rescribir el relato y llegar a una conclusión.

- Con esta condena a Smart, la primera a un funcionario civil de la dictadura como ?autor directo?, ¿se puede hablar de una punta del iceberg para empezar a probar la estrecha vinculación civil con el terrorismo de Estado?

- Para mí no, porque la condena del ministro de gobierno obedece a que era un funcionario público. Desempeñaba un rol como funcionario público, en un aparato organizado de poder que era criminal y que cometió decenas de delitos. Entonces, desde su función pública él debía preservar los bienes jurídicos de las personas que estaban desamparadas y desprotegidas en los establecimientos policiales que dependían del jefe de policía, del ministerio de gobierno y del gobernador. En vez de cumplir el rol que les demandaba la Constitución, porque la Constitución seguía vigente, no estaba derogada por más que el proceso tuviera sus programas y finalidades. Desde ese rol tan importante en el Ministerio de Gobierno se realizaron tareas para impulsar el aparato criminal hacia adelante, para facilitar al aparato criminal que condujo al resultado que hoy se conoce. El terrorismo de Estado es una obra colectiva en la cuál el último de la jerarquía que ejecutaba la conducta delictiva, contaba para ello con una infinidad de delitos previos que ya habían sido cometidos desde las más elevadas jerarquías del poder. Entonces, el funcionario público, que con la inobservancia de sus deberes y con conductas positivas contribuyó a que ese aparato pudiera secuestrar, torturar y asesinar a decenas de personas, es responsable por eso, por ser parte del aparato organizado desde el poder. Esto no quita, como ha ocurrido en el juicio en el que hemos condenado a los autores del homicidio del abogado Moreno en Tandil, que haya civiles que participen de los hechos por el aparato organizado del poder. Pero una cosa es la responsabilidad que tiene el funcionario público, que debe cumplir con los deberes genuinamente estatales que le demanda la función, y otra cosa el aporte que puede hacer un civil desde afuera al funcionamiento de ese aparato. En el caso del funcionario público, la inobservancia de los deberes de preservar los bienes jurídicos de las personas, su integridad, los bienes de las personas, los convierte en autores. El aporte que los civiles pueden hacer al funcionamiento del terrorismo de Estado, los convierte, en general, en partícipes. Eso no quita que no pueda haber alguien que sea autor. Porque los grupos de la Triple A o de la CNU que se incorporaron al terrorismo de Estado pero que no eran funcionarios policiales, pueden ser autores de homicidios, de privaciones ilegales de la libertad y de secuestros. Pero en general, en la mayoría de los casos, los autores eran funcionarios públicos. Por eso es que no interesa si dentro de la jerarquía el sujeto ?obligado?, dentro de la estructura del poder, vestía uniforme o no, si era militar o policía o un civil. Lo importante es el rol, el rol de funcionario público que cumplía y que fue deliberadamente inobservado para facilitar el despliegue del terrorismo de Estado en la provincia de Buenos aires?

- En todo caso esa punta del iceberg aparece o se transparenta en las "presiones" que vinieron después con la intención de alterar la situación procesal de los imputados?

- Concretamente lo del diario La Nación, en ese sentido, es una actitud de hostigamiento hacia el tribunal durante diez meses, presionando a través de solicitadas y de cartas al lector, tratando de mostrar que el juicio era un proceso absolutamente arbitrario, que las pruebas, según su particular interpretación, conducían a la supuesta liberación inmediata de algunos de los imputados, desinformándose del giro, del sesgo que producía la prueba en el proceso, porque nunca tuvieron interés en ir a presenciar el debate y a reflejar lo que la prueba decía. Porque uno de los imputados, a quien justamente La Nación trataba de poner en una situación más ventajosa, primero dijo que no sabía absolutamente nada de lo que ocurría durante el terrorismo de Estado, que no podía preguntar, porque es o era muy peligroso para su persona, que lo único que sabía era lo que se publicaba en los diarios, eso de que las muertes se producían en supuestos enfrentamientos, y terminó afirmando que sabía todo lo que pasaba, todo lo que ocurría en los centros clandestinos de detención pero que no podía hacer nada. Por supuesto que eso no fue reflejado después por el diario La Nación. Estamos hablando de personas que estaban secuestradas, desprotegidas, que estaban neutralizadas. Etchecolatz los llamó "prisioneros de guerra" y que todo el mundo sabía dónde estaban. Entonces, la pregunta es, si estaban secuestrados y neutralizados, ¿por qué había que asesinarlos alevosamente? Esa es la pregunta que el diario La Nación no quiso hacer?

- Ahí apuntaba cuando hablábamos de un hilo conductor, entre aquel aparato, y el encubrimiento o complicidad civil que incluso se prolonga en el tiempo?

- Sí, claro, eso sí. Es que la dictadura fue una dictadura cívico-militar porque los militares fueron el instrumento de los grupos económicos que diseñaron el genocidio. Hoy los militares son los que están sentados en el banquillo de los acusados pero las decisiones se tomaron en otro lado. Las decisiones no las tomaron solamente Videla, Massera y Agosti y las juntas que los sucedieron, sino que las decisiones se tomaron en otro lugar. Y evidentemente, en la medida en que se avance en la investigación, porsupuesto que muchos civiles van a ser sentados en el banquillo como cómplices o como instigadores de los homicidios que se han cometido. Porque desde el Ministerio de Economía se instigó el secuestro y la tortura y el desapoderamiento de bienes. Y está visto que hay muchos civiles que han sido desapoderados de todos sus bienes, inclusive en este juicio, inclusive con personas que no han tenido nada que ver con elementos subversivos o de personas con pensamientos de izquierda, simplemente que se trataba de quitar patrimonio a personas que pudieran ser molestas en determinados ámbitos, y para eso se utilizaba la maquinaria del terrorismo de Estado. Y eso lo hicieron civiles, dentro del gobierno, que eran funcionarios públicos, o personas que estaban ligadas de otra manera a la dictadura, que no cumplían un rol específico funcionarial pero que aportaron para que el aparato terrorista despliegue todos sus efectos sobre algunos sectores determinados. Y por supuesto que esas investigaciones están inconclusas, recién están iniciándose?

- En este marco, ustedes remitieron varios elementos de esta causa al juez Ercolini, quien lleva adelante la investigación por la transferencia de Papel Prensa?

- Nosotros no investigábamos a Papel Prensa pero nosotros tomamos testimonios a las víctimas del Grupo Graiver y esas evidencias, conforme nos pidió la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, las remitimos al juez Ercolini, que está investigando la causa Papel Prensa. Pero hay algo que resulta muy importante, a mi criterio: me voy a evitar dar detalles sobre el grado de las torturas que sufrió Lidia Papaleo durante su secuestro pero lo cierto y concreto es que Cozzani, uno de los imputados y condenados, confesó que todo eso que había testimoniado Lidia Papaleo era absolutamente cierto. Y lo más grave es que en esas sesiones, las sesiones de tortura a Lidia Papaleo, y en la documentación posterior, participaron instructores policiales de Mar del Plata, que fueron felicitados en sus legajos. No quiero mencionar sus nombres porque están fallecidos, pero hubo gente de Mar del Plata que participó en las torturas a integrantes del Grupo Graiver. Entonces, lo importante para la investigación es todo lo que se ha podido avanzar en prueba que ha sido recibida contradictoriamente. Pero nosotros no emitimos ningún juicio respecto del tema Papel Prensa, porque no es nuestro proceso, porque nos excederíamos en nuestro cometido. Eso sí, le mandamos todos los elementos al juez Ercolini porque ahí hay piezas importantes para seguir explorando. Pero lo que sí puedo afirmar es que todo el Grupo Graiver fue salvajemente torturado.

- Ante estas cosas tremendas que ha contado. ¿Qué piensa el juez, y el ser humano que escuchó y probó todas estas atrocidades, cuando un pseudo-periodista o periodista "estrella", dice aquello de "basta de hablar del pasado"?

- Yo creo que los que dicen "basta de hablar del pasado" es porque de alguna manera están identificados, tienen posición tomada. Porque en realidad, además, no estamos hablando del pasado, estamos hablando de los crímenes del pasado, que es una cosa muy diferente, porque además tienen consecuencias en el presente. Acá no se trata de simples contravenciones, se trata de secuestros, de violaciones, de torturas y de homicidios. Acá se trata de niños sustraídos. Acá se trata de personas que no saben cuál es su verdadera identidad. Que tienen hijos y esos hijos tampoco saben su verdadera identidad y quienes fueron sus abuelos. Hay cadáveres que todavía no han aparecido. Hay víctimas que no pueden hacer el duelo de sus seres queridos porque no saben dónde están sus cadáveres?

Entonces, esta supuesta reconciliación de la que hablan siempre, es una falta total de respeto hacia las víctimas. Porque se trata de una reconciliación que piden los ofensores, sin arrepentimiento, sin dar ningún tipo de respuesta sobre todos los interrogantes que existen sobre esa noche que sufrió la República Argentina y que pretenden liberarse de la persecución penal como si realmente se hubiese tratado de una guerra. Y no estamos hablando de muertes producidas en el campo de batalla sino de personas que estaban secuestradas, que ya no representaban ningún peligro, que estaban neutralizadas en centros clandestinos de detención. Etchecolatz los llama prisioneros de guerra, y cuando le preguntamos en el Tribunal porque no aplicaron entonces la Convención de Ginebra sobre los prisioneros de guerra, él nos contestó que "esta era una guerra no convencional" para justificar que había que matarlos.

- Esta era una sociedad anestesiada, hasta hace, digamos 9, 10 años. No había un cacerolazo masivo para protestar por el indulto o por la obediencia debida y el punto final. ¿Qué cambió en la sociedad para que del carácter solo testimonial de los Juicios por la Verdad se pudiera llegar a esto tan concreto?

- Y bueno, la sociedad estaba anestesiada porque al establishment este revisionismo no le convenía. Evidentemente había un reclamo muy fuerte de los organismos de derechos humanos que no era atendido. De la Rúa nos dio la espalda en todo lo que nosotros podíamos hacer. No nos diligenció ninguno de los exhortos que nosotros libramos al juez Baltazar Garzón. Y la aparición en la escena política de Néstor Kirchner es lo que revitalizó y viabilizó todo el proceso de revisión a las violaciones de los derechos humanos. Si Kirchner no hubiese asumido como presidente yo tengo muy serias dudas de que hubiéramos llegado a estos juicios, que esto se hubiera producido. Yo creo que fue decisiva la intervención de Kirchner en el proceso de revisión de las violaciones masivas a los derechos humanos ocurridas en la Argentina. Yo creo que las víctimas del terrorismo de Estado y el pueblo argentino en general tienen una gran deuda con Kirchner.

 - ¿Pareciera casi como que fue un designio del destino. Que surgiera un hombre que diera un viraje a esta situación, cuando ya parecía que era irreversible la impunidad. Recordemos que se decía que por "seguridad jurídica", lo que ahora dicen para otras cosas, no se podían supuestamente revisar y revocar las leyes de obediencia debida y punto final?

- Sí, tal cuál, yo creo que él lo tenía para sí, incluso que lo pensaba desde mucho antes, pero que no lo comentaba porque no sabía como iba a progresar esta cuestión y porque hubiera sido contraproducente para los pasos que se tenían que dar, y uno decisivo que era su llegada a la presidencia? Pero desde el día que asumió como presidente este tema fue una preocupación explícita, y eso fue lo que dio toda la base, la plataforma para que se pudiera avanzar realmente contra la impunidad instalada del terrorismo de Estado. Y esto es ahora indetenible, porque se trata de crímenes muy, muy graves. Y la única garantía de no repetición es que esto se investigue, y que se juzgue. Que los culpables sean condenados, que los inocentes sean absueltos y que se reafirme el valor justicia.

- Y usted, sinceramente, cuando se iniciaron los Juicios por la Verdad, ¿pensaba que se iba a saltar alguna vez desde el plano testimonial a este escenario concreto de condenas? ¿Y que iba a aparecer un hombre como Kirchner y que se iba a dar este cambio casi cultural en la sociedad para atender esta situación que estaba adormecida?

- Naturalmente yo no sabía que iba a aparecer un Kirchner o quien iba a aparecer. Lo que yo intuía es que eso que estábamos haciendo en el Juicio por la Verdad algún día iba a servir, aunque más no sea para que se supiera lo que pasó. El Juicio por la Verdad fue un gran desafío para todo el mundo porque, en realidad, fue una manera de investigar el pasado contraindicada. Porque una investigación tiene que ser secreta y no contradictoria. Convencionalmente hacer una investigación en el marco de un juicio oral es lo que no debe hacerse, porque cada vez que aparecía un testimonio que incriminaba a alguien, había una campaña mediática feroz contra el Tribunal y los testigos. En Mar del Plata hubo durante diez años un ataque permanente hacia Tribunal y testigos. Esto cambió cuando se declararon inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final, más que nada con la actuación del fiscal Adler y el juez Inchausti. Para los mismos organismos de derechos humanos, incluso, llevar adelante los Juicios por la Verdad les significó un gran costo para sus integrantes. Si bien es cierto que se presentaron todas las instituciones para promover esa investigación y realmente fue valioso el aporte de Hijos, de Madres de Plaza de Mayo, de Abuelas, y de todos los organismos fue extraordinario, realmente los procesos contradictorios debieron haber empezado mucho antes. Nosotros tomamos decisiones para provocar esta apertura de juicios contradictorios. Incluso en el marco de los Juicios por la Verdad ordenamos detenciones. El Tribunal Ora l Federal de Mar del Plata fue el primer tribunal del país que ordenó la detención por el delito de violación cometido en un centro clandestino de detención al considerarlo delito de lesa humanidad imprescriptible y ese individuo, Gregorio Rafael Molina, está hoy condenado a prisión perpetua. Este es el primer Tribunal que adoptó una medida cautelar personal como es una detención de un imputado en este tipo de causas. Tuvimos un aporte extraordinario de los organismos de derechos humanos. Cuando estos organismos percibieron que este Tribunal iba a producir toda la prueba que se le presentara, que no iba a seleccionar prueba, se generó una confianza y un acopio e de fuentes de pruebas que le sirvió a los jueces de primera instancia y a los fiscales para promover la acción penal.

- ¿Cómo nació esta verdadera quijotada que fueron los Juicios por la Verdad?

-Se presentaron la Universidad, Abuelas, Madres, Hijos, el Colegio de Abogados, Adum, CTA. Eran muchísimas asociaciones con fuerte representación y arraigo en la ciudad pidiéndole al Tribunal Oral de Mar del Plata que abriera el Juicio por la Verdad que hasta ese momento los llevaban adelante las cámaras de apelaciones. Pero la presentación se hizo ante el Tribunal Oral y nosotros entendimos que era una suerte de amparo colectivo. Y lo abrimos. Y nos cuestionaron, en su momento de la misma Cámara Federal, luego nos cuestionaron algunos presuntos imputados. Pero lo cierto es que la Corte Suprema de la Nación por unanimidad ratificó que el Juicio por la Verdad debía hacerse ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que es el único Tribunal Oral de la República Argentina que hace un Juicio por la Verdad. Pasa que era una demanda de justicia, y en una demanda de justicia puede intervenir cualquier juez federal. Incluso se podría haber presentado ante un juez federal de primera instancia. Entonces nosotros entendimos que era directamente operativo un acuerdo que se había suscripto entre el Poder Ejecutivo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y del plexo de la Constitución surgía que los presentantes tenían el derecho a que se reabra esa investigación sobre el pasado, aun cuando el Estado no pudiera brindar, hasta ese momento, una respuesta punitiva, para conocer los detalles acerca la desaparición de algunas personas, la posibilidad de ubicar sus restos. Y eso ha funcionado tan bien que hemos identificado a muchos cuerpos. Es más, hoy nos han notificado de la identificación de otros dos cuerpos, que porsupuesto no lo puedo mencionar hasta no se hayan notificado sus familiares. Dos víctimas del terrorismo de Estado han sido identificadas por el Equipo de Antropología Forense.

- ¿Qué también ha cumplido con un rol histórico?

- Tal cuál, la capacitación e idoneidad de los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense es reconocida en todo el mundo, por eso participan de misiones en todos los países que han sufrido esta problemática. Y a nosotros nos ha auxiliado permanentemente. Para nosotros han sido de un aporte invalorable.

- ¿Personalmente toma conciencia de que usted mismo cumplió un rol histórico en esta cuestión?

- Y bueno, quizá más adelante se pueda ver, evaluar, que hemos hecho algo por las víctimas del terrorismo de Estado a las que la Justicia les cerró la puerta en la cara durante mucho tiempo. Me parece muy grandilocuente decir que nosotros asumimos un rol histórico. Sí puedo decirle que devolvimos con algo de sensibilidad a la crudeza y al desentendimiento del Poder Judicial ante los reclamos legítimos de las víctimas. Si nosotros algo hicimos, fue abrir las puertas del Tribunal Oral Federal para que tengan un tribunal en el que, como dicen los americanos, ellos tengan su día, su día para exponer su drama, para contar lo que les pasó y que tengan jueces sentados allí para ver si pueden hacer algo por el drama que relataban. La Justicia les dio la espalda durante 30 años, por eso nosotros sí, en ese aspecto, hicimos algo importante y no dudo que también otros lo podían haber hecho. Nosotros creo sí que contribuímos a una reparación moral.

- ¿Todavía hay resabios de ese Poder Judicial que le da la espalda a la sociedad en distintos temas, y esto salió a la luz con aquella solicitada de la parte corporativa de ese mismo Poder Judicial, denunciando supuestas ?presiones? del gobierno, y la contestación de ustedes, en dos solicitadas por una Justicia legítima?

- ¡Pero claro que hay resabios de aquello!. Todavía hay jueces que cuando dictan procesamientos se amparan en función de la jurisprudencia de la Corte pero que no la comparan, etc, etc. anteponiendo cuestiones de derecho infra-constitucional a lo que disponen los convenios internacionales, sobre delitos contra el derecho de gente, mucho antes de que se cometieran estos hechos y no hay una razón de justicia material para que estas investigaciones no se lleven adelante y estos procesos no culminen. Y por supuesto que hay. O no hemos visto recientemente a un ex camarista federal de Bahía Blanca envuelto en una bandera y en una manifestación impropia para un juez de cámara que ahora sabemos que en Bahía Blanca tenía una actitud obstruccionista para el tratamiento de estas causas. Hemos tenido jueces en Casación que frenaron estas causas y en el mismo momento en que se jubilaron pasaron a defender a terroristas de Estado. ¿Y por qué no vamos a pensar que no hay otros juces que piensen de la misma manera?. Yo creo que el Poder Judicial no se saneó, que Alfonsín hizo lo que pudo pero que no tenía el poder para sanear el Poder Judicial como tampoco tuvo el poder para sanear a la policía. Entonces la misma policía que trabajaba con las Fuerzas Armadas, secuestrando y participando en homicidios, de la noche a la mañana se transformó en la policía de la democracia. Y el Poder Judicial, que le dio la espalda a los hábeas corpus, los jueces que sabían que habían áreas restringidas, a las que no iban, dónde conocían perfectamente que allí se aplican tormentos y se desaparecían personas, esos jueces se transformaron, a partir de diciembre del 83, en los jueces de la democracia. Esto es de una ingenuidad manifiesta. Se comprende que Alfonsín no estaba en condiciones de remover todo el Poder Judicial. ¿Qué hubiese pasado si lo hubiese hecho? No estoy cargando las tintas sobre Raúl Alfonsín, por quien tengo un gran respeto, pero creo que hubo una ingenuidad en pensar que con ese Poder Judicial y esa policía se iba a avanzar en la investigación de los hechos del terrorismo de Estado.

- ¿Y por qué ahora no se produce ese cambio?

- Porque a veces hay resistencia de la misma estructura judicial. Esto que usted apuntó sobre la solicitada tiene que ver con esto. En el Poder Judicial hay gente que piensa de una manera y hay gente que es muy conservadora. Esto no es un problema de Argentina únicamente. Fijese que en Italia, cuando se abre una causa contra Berlusconi, él dice: "son los jueces rojos los que me persiguen". O sea, hay una estructura conservadora en el Poder Judicial y una estructura más progresista?

- Bueno, ¿lo sufrió nada menos que Baltazar Garzón en España?

- Ahí está, Baltazar Garzón, después de todo lo que hizo, fue apartado cuando a España le resultaba inconveniente y molesto que investigue los crímenes del franquismo y la apropiación de miles de chicos durante la dictadura franquista.

"Las leyes se presumen constitucionales"

- Doctor, ¿tiene una opinión formada, y en todo caso si quiere expresarla o no sobre como está hoy la Ley de Medios?

- No es un tema que yo maneje pero lo que puedo decir es lo siguiente: las leyes se presumen constitucionales, no se presumen inconstitucionales. Y las medidas cautelares se disponen por un breve término cuando hay verosimilitud en el derecho. Aquí existe una sentencia, que dice que la Ley es constitucional y una medida cautelar que, cuanto más se prolongue en el tiempo, hace que el derecho cautelar este por encima del derecho de fondo. Las medidas cautelares son excepcionales, deben ser excepcionales. Si usted mantiene sine die una medida cautelar, el derecho cautelar avasalla al derecho de fondo. Es como que el derecho de fondo no es respetado. Entonces hay que tomar conciencia de en que casos es admisible una medida cautelar y cuál es el tiempo de su duración.

- Lo que han conseguido ustedes en el campo de los derechos humanos, ¿lo hace ser optimista en ese cambio que todavía falta en el Poder Judicial?

- Tengo un moderado optimismo. Pero creo que lo más importante es que la cuestión está en debate. Antes esto no se debatía. La gente no sabía esto. La gente creía que todos los jueces eran más o menos lo mismo, que todos los jueces pensaban de la misma manera. Y esto no es así. Hay ideas divergentes dentro del mismo Poder Judicial. Y sería muy interesante que este debate también se de dentro mismo del Poder Judicial para definir que Justicia queremos y como debe presentarse este Poder ante la sociedad. Porque sino uno puede ser juez de una dictadura y luego alegremente de una democracia sin rendirle cuentas a nadie de sus faltas u omisiones. La diferencia es que haya habido una elección. Son modelos de jueces absolutamente incompatibles. Hay que redifinir el rol de los jueces en la democracia.

- Por último, la pregunta al hombre. ¿Cómo se sobrelleva la carga de ser un juez penal con tamaña responsabilidad para decidir sobre el destino de los otros?

- Es muy arduo, y lo que siento es que es un camino que se va agotando. Cada uno tiene que cumplir con su función en un momento determinado, que es el que le toca intervenir. Y que luego, cuando se va agotando su tiempo, cuando usted no tiene mucho más que aportar a la función judicial, tiene que ir dejando el espacio para que vengan otros y la continúen. Lo que no hay que mantenerse en el ejercicio de la función judicial cuando uno ya no tiene energía ni cosas importantes para aportar. Me parece que eso es lo fundamental, que uno pueda percibir cuál es su tiempo. Cual es el tiempo de estar, que es lo que puede hacer y cuál es el tiempo de irse.

En todos los casos, la carga de ser un juez penal es una carga dramática y pesada. Uno nunca se va contento porque haya condenado, ni aun en estos casos. Porque usted cuando condena sabe que hay víctimas que han sufrido, seres que ya no están. Sería mucho mejor que esto no hubiera ocurrido nunca.Y lo mismo pasa con cualquier otro delito, como un delito común o, por ejemplo, con tráfico de drogas. O sea, mandar a una persona a la cárcel no es una tarea grata y para estar conforme con eso habría que ser enfermo. A mi no me alegra tener que dictar condenas. Lo tengo que hacer porque es mi función, porque me corresponde. Como en estos casos cuando hay tantas víctimas que reclaman una reparación moral, pero la tarea del juez penal es dramática en ese sentido. Porque tiene personas de carne y hueso que a veces tiene que condenar. Incluso a veces tiene que condenar a penas de cumplimiento efectivo porque los mínimos penales son miuy elevados en situaciones en que usted sabe que mandando una persona a la cárcel le va a ocasionar un daño grave que le va a complicar su resocialización posterior. Por ejemplo, en España el tráfico menor de drogas tiene penas de tres años a cuatro años y seis meses de prisión. Nosotros tenemos un mínimo de cuatro años. Por ejemplo, tuvimos que condenar con cumplimiento efectivo a una chica joven en un caso en el que una ejecución condicional hubiera sido más provechosa para insertarse en su vida futura. Como el mínimo le corresponde indicarlo al legislador, usted tiene que aplicar la Ley. Y la verdad es que cumplir con la ley en un caso de esos es cuando realmente la Justicia queda un poco desválida.