La queja de Cristina Kirchner sobre los ahorros en dólares de Daniel Scioli puso sobre el tapete la ausencia de una ley de ética pública en la Provincia que obligue a los funcionarios a mostrar sus declaraciones juradas. 

Tras su desembarco en la Legislatura provincial, Gabriel Mariotto prometió avanzar con un proyecto en ese sentido. "Vamos a impulsar el debate para que todos los funcionarios de la Provincia presenten la declaración jurada como corresponde, sin ningún tipo de problemas", aseguraba el vicegobernador.

Sin embargo, el proyecto finalmente quedó en la nada y ni siquiera tuvo media sanción en el Senado, donde el Frente para la Victoria cuenta con mayoría simple.

Sucede que en la Provincia, los funcionarios no están obligados a mostrar sus declaraciones juradas. Por eso, el dato revelado por voceros de la Gobernación sobre los U$S 200 mil dólares que Scioli tiene en una cuenta del Banco Provincia tiene un peso extra: Fue la primera vez que el Gobernador hace referencia a su patrimonio. 

Mientras tanto, la ley que prometió Mariotto en el Senado parece haber quedado archivada.

La idea era adecuar al ámbito de la administración bonaerense lo que sucede en la esfera de Nación, donde desde 1999 todos los funcionarios deben rendir cuentas sobre sus patrimonios e ingresos una vez al año.

El ultrakirchnerismo en la Cámara Alta había tomado una iniciativa presentada por el jefe de la bancada del Gen, Ricardo Vázquez. Eran momentos en que Mariotto estrechaba acuerdos con la oposición para lograr los votos necesarios que permitieran aprobar -sin el sciolismo- pedidos de informes sobre la gestión de Scioli.

El proyecto del referente de la fuerza que conduce Margarita Stolbizer tiene estado parlamentario desde marzo de 2011 y se encuentra desde ese entonces en la Comisión de Trabajo y Legislación Social.

La propuesta establece que todos los funcionarios o agentes de los tres poderes del Estado provincial y municipal con categoría o función no inferior a la de director o equivalente presenten una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción en el cargo.

La misma, deberá ser actualizada una vez al año (actualmente rige el Decreto-Ley Nº 9624/80 que las estipula cada 5 años) y vuelta presentar con las modificaciones que se hayan producido, en los 30 días hábiles posteriores a la cesación en el cargo.

Asimismo, el texto de la ley prevé una serie de ítems que apuntan a la "transparencia", a través de la explicitación de una serie incompatibilidades con la función pública (dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione, tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste).

WZ