En el mismo, se develó el genocidio perpetuado por la Policía Bonaerense, el Ejército y las patotas civiles de la ciudad, durante la última dictadura militar. Además, salieron a la luz cientos de relatos de víctimas de la persecución, la detención, la tortura, la muerte y la desaparición de personas así como la apropiación de niños y niñas.

A diferencia de los juicios que se realizaron anteriormente, en donde sólo se acusaba a los genocidas de manera individual, como en el juicio al Miguel Etchecolatz, subcomisario a cargo de la Dirección General de Investigaciones de la de la Policía de la Provincia. de Bs. As, o al cura Von Wernich, en éste se logró que se juzgue por toda una parte del circuito represivo.

También se avanzó en relación al último juicio por delitos de lesa humanidad llevado a cabo en la ciudad, donde se juzgó un solo Centro Clandestino de Detención -CCD-: en el 2010 fueron condenados trece carceleros, entre ellos el Jefe de la Unidad, Abel David Dupuy por las torturas y muertes sucedidas en la Unidad Penal N°9.

En 1986, se inició la denominada "Causa Camps" o "Causa 44", pero sólo se juzgó a 7 represores que recibieron condenas mínimas y luego beneficios de impunidad.  En el juicio que se desarrolla actualmente, también a diferencia de los anteriores, los imputados son acusados por el delito de genocidio, no sólo por el de homicidio.

El denominado "Circuito Camps" fue el esquema represivo que la última dictadura desarrolló en 14 partidos del Conurbano bonaerense y La Plata. Contó con al menos con más de 29 Centros Clandestinos de Detención (CCD) donde actuaron miles de represores de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por Ramón Camps y bajo el mando del Comando del Primer Cuerpo del Ejército. Cada uno de ellos tenía con una función específica dentro del circuito y estaba subordinado a una regla general, que consistía en la rotación por los distintos lugares de detención y en el alojamiento transitorio de las víctimas.

En el juicio, se juzgan las aberraciones sucedidas en son sólo seis de ellos. Los mismos son: la Brigada de Investigación de La Plata (calle 55 entre 13 y 14) funcionaba como lugar de admisión de secuestrados, quienes eran interrogados y trasladados de inmediato a un sitio de torturas, como el Destacamento de Arana (137 esquina 640), para luego ser conducidos a la La Comisaría Quinta (24 entre diagonal 74 y 63), dependencia utilizada como depósito y para la aplicación de tormentos, al igual que la Brigada de San Justo.

El "Puesto Vasco" en Don Bosco (Quilmes) y el Comando de Operaciones Táctinas N° 1 (San Isidro), por su parte, revistieron características diferentes dentro del circuito, pues fueron destinados a la inteligencia y a albergar entre sus detenidos a personalidades de conocimiento público como periodistas, dirigentes políticos y ex funcionarios del gobierno que fue depuesto en 1976.

En este juicio están siendo juzgados 26 imputados. Se los investiga por 280 casos de secuestro, tortura, homicidios, desapariciones y apropiaciones de niños y niñas. Entre ellos hay un civil que está siendo procesado: Jaime Smart, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de facto de Saint Jean entre abril del '76 y marzo del '81, en octubre. La importancia de esta imputación tiene que ver con que es el único civil que está siendo juzgado.

Entre los casos más destacados se encuentra el ataque a la casa de calle 30 Nº1136 entre 55 y 56 y el secuestro y desaparición de la beba de tres meses Clara Anahí Mariani. Por otro lado, el secuestro de los estudiantes secundarios de "La noche de los Lápices", ocurrida el 16 de septiembre de 1976. Por último el secuestro del "grupo Gravier" y la apropiación de la empresa Papel Prensa y el secuestro del periodista y dueño del diario La Opinión, Jacobo Timmerman, entre muchos de los 283 casos de secuestros, muertes, desapariciones y apropiaciones de menores.

Los pedidos de las querellas

La fiscalía solicitó en sus alegatos la figura de "homicidio calificado" para quince de los imputados y "privación ilegitima de la libertad agravadas y tormentos" para ocho de ellos. Además buscó comprobar la existencia de una serie de dependencias que funcionaban en conjunto para llevar adelante un plan sistemático de secuestro de personas, tortura y asesinatos, y de apropiación de bebes.

La querella de Abuelas de Plaza de Mayo solicitó cadena perpetua para 13 de los imputados y penas de entre 21 y 25 años para otros tres. En el final de los alegatos de los abogados de Abuelas, tuvo la palabra el nieto recuperado Leonardo Fossati. El mismo subrayó la importancia de los juicios pero considerando que "yo todavía sigo buscando a mi papá y a mi mamá, seguimos buscando a 400 nietos", y concluyendo que "la justicia es solo un pilar de nuestra búsqueda".

Los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos unificados con la de CTA, solicitó prisión perpetua para 14 de los imputados, 20 años para Bergés y Tarela; 18 para Grillo; 15 para Cabrera y Ferriola; 12 para Almeida y Verduri; y 8 para Patrault.

La querella representada por la Asociación Clara Anahí reclamó penas de prisión perpetua para los involucrados en el ataque a la casa de calle 30 entre 55 y 56, donde murieron cinco militantes y fue secuestrada la nieta de Chicha Mariani, quien estuvo presente en la sala. Los acusados por dicho caso fueron Miguel Etchecolatz, Norberto Cozzani, Hugo Guallama y, quién sacó a Clara Anahí de la casa, Carlos García.

Los abogados representante de la APDH La Plata encuadraron las acusaciones en el delito de infracción del deber de un funcionario público, a los que sumaron la privación ilegítima de la libertad, la aplicación de tormentos y homicidios calificados en la mayoría de los casos imputados. Pidieron la pena de prisión perpetua para 16 de los imputados.

La querella de Justicia YA! solicitó cadena perpetua para 16 de ellos y 25 años de prisión para el resto. Además requirió el desalojo de los lugares que fueron centros clandestinos de detención, ya que hoy en día siguen siendo utilizados por la policía. Por otro lado, pidieron que se lleven a primera instancia los testimonios necesarios para investigar a los jueces que fueron cómplices de la dictadura, por haber omitido, de manera masiva, los habeas corpus que recibían. Por último, pidieron que se investigue el rol que ocupó la iglesia católica durante el proceso.

Las Organizaciones sociales convocan el miércoles 19 por la tarde a una concentración en la puerta de la Ex Amia (4 entre 51 y 53), en donde se dará a conocer el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1  de la ciudad de La Plata a cargo del juicio al Circuito Camps, informó Indymedia.