La posibilidad de que el gobierno bonaerense cuente con el respaldo necesario para hacerse cargo de la Autopista La Plata-Buenos Aires, dio ayer un paso clave en la Legislatura. Si bien reclamaron una serie de condiciones, sectores de la oposición anunciaron anoche que estarían dispuestos a acompañar al Frente para la Victoria en la sanción del convenio que le permitirá a la administración de Daniel Scioli tomar la administración de la autovía.

Durante una reunión de la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, la bancada de Unión Celeste y Blanco adelantó su decisión de avalar el traspaso, aunque lo condicionó a que los legisladores tengan un rol protagónico en el control y monitoreo de las acciones que se emprendan en la Autopista.

Del encuentro participó el ministro de Infraestructura Alejandro Arlía, quien brindó una serie de detalles sobre el proceso de transferencia y el convenio que firmaron la Provincia y la Nación en ese sentido que, como se sabe, debe ser ratificado por la Legislatura.

Si bien se escucharon críticas del radicalismo, la Coalición Cívica y el Frente Amplio Progresista al proceso de traspaso y a la gestión de la concesionaria Coviares, el oficialismo podría contar en la votación con el apoyo, entre otros bloques opositores, del denarvaísmo.

"Rescatamos la buena voluntad de la Provincia de hacerse cargo de la Autopista y de resolver este problema, pero pretendemos que los legisladores tengamos un rol protagónico en el control de la concesionaria y de las obras que se van a ejecutar", dijo el diputado Gonzalo Atanasof.

"Tenemos una mirada contemplativa en busca de resolver esta situación", acotó.

Pese a que el oficialismo parecería contar ahora con el número suficiente para poder llevar el proyecto de transferencia al recinto de la Cámara de Diputados, existen dudas acerca de cuándo se pondrá el tema en debate. "Para esta semana, imposible. Puede ser para el jueves 20, pero no es seguro", indicó uno de los participantes del encuentro.

Es que, según se convino ayer entre los diputados y el ministro Arlía, el gobierno provincial deberá informar los resultados de la auditoría que realizó la Corte sobre la empresa concesionaria y la renegociación del contrato suscripto en 2010 entre la Nación y Coviares. La idea de los diputados es conocer qué obras se habían convenido en esa renegociación y cuáles finalmente no se concretaron.

Como se informara, el gobierno nacional y la administración de Daniel Scioli firmaron un convenio por el cual la Provincia se hará cargo de la administración de la Autopista La Plata-Buenos Aires.

El traspaso se produce en medio de fuertes reclamos sobre el profundo deterioro que sufre la autovía que determinó, incluso, que un juez federal frenara el aumento en el valor del peaje.

En principio, la Provincia mantendría el contrato con Coviares que vence en 2017, pero avanzará con la creación de un fideicomiso al que irán todos los fondos que recaude la empresa por peaje y otros conceptos.

Esos recursos serán utilizados para la realización de obras como la tercera vía entre Quilmes y Hudson, el arreglo integral de la cinta asfáltica y la construcción de bajadas City Bell y Villa Elisa.

Pero para avanzar con ese plan, hace falta la aprobación de la Legislatura.

WZ