Esta iniciativa establece el impedimento para la realización de trámites como operaciones bancarias, habilitación de comercios e industrias, o ser designados en cualquiera de los 3 poderes del estado provincial a quienes no cumplan con sus obligaciones alimentarias.

Al respecto la diputada Nazabal mostró su satisfacción por la media sanción y manifestó "hemos dado un paso adelante en el fortalecimiento de los derechos de los menores, los ancianos y los enfermos" y agregó "con la iniciativa se establece la obligación de requerir al Registro de Deudor Alimentario el libre deuda registrada".

"Las obligaciones alimentarias surgidas del Código Civil deben entenderse como un deber ético pero de interés social y de orden público, por lo cual el estado debe generar todas las herramientas que estén a su alcance para garantizar el cumplimiento de las mismas", finalizó la legisladora.