"Es histórico, por primera vez se reconoce la complicidad de Ledesma en delitos de lesa humanidad", señaló el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo sobre el procesamiento dictado ayer a Carlos Pedro Blaquier por delitos vinculados con el terrorismo de Estado en Jujuy. La decisión la tomó el juez federal Fernando Poviña, quien lo imputó como cómplice primario en 26 casos de privación ilegítima de la libertad en la causa Burgos, que investiga los hechos ocurridos durante La Noche del Apagón, y por los secuestros del intendente de Libertador San Martín, Luis Ramón Aredez, de Omar Gainza y de Carlos Melián, empleado de Ledesma. El procesamiento también incluyó a Alberto Lemos, quien era el administrador de la empresa durante la dictadura.

En su resolución, el magistrado  entendió que Ledesma "facilitó medios de transporte para el traslado de los detenidos", una acusación histórica contra la empresa apoyada en las declaraciones de testigos que aseguraron haber visto camiones con el logo de Ledesma durante el apagón de julio de 1976, cuando más de 400 personas fueron secuestradas en las localidades de Libertador San Martín y Calilegua.  

Por los mismos hechos, Lemos fue procesado como partícipe secundario. Si bien el juez decidió que permanezcan en libertad, debido a que quedaron acusados por privaciones ilegítimas de la libertad, les trabó embargo sobre su patrimonio: 11 millones para Blaquier y de 5,5 millones de pesos para Lemos.

"El aporte rendido por Blaquier y Lemos se orientó a la consumación de los hechos principales de privación de libertad de las víctimas: Aredez, Gainza y Melián, conforme surge del análisis e interpretación de los elementos probatorios, esenciales, incorporados al proceso y que fueran reseñados", señala Poviña en el expediente Aredez. Allí destaca el testimonio de Olga Márquez de Aredez, ya fallecida, esposa del ex intendente de Ledesma, quien señaló que su esposo fue sacado de su domicilio el 24 de marzo de 1976 en una camioneta blanca con el logotipo de la compañía Ledesma. Lo mismo relataron su hijo, Ricardo, y el propio Carlos Melián, que contó cómo fue trasladado hasta la cárcel de Jujuy en una camioneta que pertenecía al ingenio. 

"Se pudo corroborar la utilización de los vehículos de la Empresa Ledesma S.A.A.I. por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para el traslado de los detenidos mencionados precedentemente", concluyó Poviña y agregó que el rol de Blaquier fue clave: "Impartió la orden a Lemos para que este proveyera de medios de transporte a las fuerzas armadas y de seguridad para hacer efectivo el traslado de los detenidos hasta los distintos lugares de detención, donde fueron alojados (participación indirecta en el hecho del autor)", explica en el fallo que le otorga el rol de cómplice primario por haber sido "aquel que realiza un aporte material necesario en un hecho ajeno, sin el cual este no habría podido cometerse."

Lo mismo determinó en la causa Burgos, sobre La Noche del Apagón. "Algunas o varias de las víctimas una vez detenidas habrían sido trasladadas en algún momento con el aporte de vehículos de la Empresa Ledesma hasta las seccionales policiales o inclusive hasta el CCD de Guerrero, donde permanecieron transitoriamente bajo torturas, siendo presuntamente asesinados algunos de ellos", señaló sobre los 26 casos por los cuales Blaquier y Lemos quedaron procesados. Sin embargo, aseguró que no consta en la investigación que el propósito del aporte de vehículos haya sido específicamente para que los utilizaran los grupos de tareas. 

El fiscal Pelazzo se mostró conforme con el procesamiento. En diálogo con Tiempo Argentino señaló que "el criterio establece la complicidad empresarial con la dictadura, en ese sentido es histórico, y es el primero que marca la responsabilidad de Ledesma en los delitos de lesa humanidad".

Sin embargo, adelantó que apelará el fallo de Poviña, quien dictó falta de mérito a Blaquier y Lemos por tormentos y homicidios, que habían sido reclamados por la fiscalía. 

El procesamiento del dueño de Ledesma marca un hito en la lucha por los Derechos Humanos en Jujuy. La causa contra Blaquier llevaba años paralizada en el Juzgado Federal 2 mientras era subrogado por Carlos Olivera Pastor, que había rechazado el pedido de indagatoria al empresario a pesar de las pruebas que constaban en el expediente.

La salida de Olivera Pastor, quien había sido sostenido en el cargo por la Cámara Federal de Salta, se dio luego de una movilización a su juzgado en el aniversario de La Noche del Apagón y una masiva marcha, con más de 100 mil personas, en el aniversario del golpe. 

Algunas semanas después asumió el cargo el juez tucumano Poviña, y en poco tiempo le dio impulso a la causa: realizó allanamientos en las oficinas de Ledesma e indagó al dueño del ingenio, quien parecía intocable. El 8 de agosto pasado, Blaquier declaró por videoconferencia desde el Consejo de la Magistratura, alegando problemas de salud y luego de frustrarse un intento de hacerlo en Jujuy tras incidentes frente al juzgado. 

 

En la indagatoria, Blaquier negó todos los cargos y argumentó que el tránsito de camionetas de la empresa en La Noche del Apagón era normal por la temprana actividad en el ingenio, y consideró que la participación de Ledesma en la represión es parte de un "mito" creado a partir del documental Sol de Noche, producido por Eduardo Aliverti.

 

La complicidad civil, investigada 

 

La justicia comenzó a investigar y juzgar la complicidad y responsabilidad de los empresarios en la última dictadura militar. El Tribunal Oral en lo Criminal de Mar del Plata condenó, en marzo, a once años de prisión a dos civiles por delitos de lesa humanidad y ordenó investigar la responsabilidad del directorio de la empresa Loma Negra en el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno. 

Se trata de Julio y Emilio Méndez, propietarios de la "Chacra de Méndez", donde estuvo detenido Moreno. Los jueces señalaron que en el debate oral surgieron elementos de convicción que permiten sospechar que integrantes del directorio de Loma Negra habrían inducido los delitos que terminaron con el homicidio de Moreno.  

El juez federal Julián Ercolini debe decidir si cita a indagatoria a Héctor Magnetto y a Bartolomé Mitre por la causa Papel Prensa, donde están denunciados como partícipes necesarios de delitos de lesa humanidad. Otro caso se produjo cuando el dueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte, el salteño Marcos Jacobo Levin, fue procesado por el secuestro de Víctor Manuel Cobos, delegado gremial.

La Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia, trabaja bajo la órbita de la CNV, Alejandro Vanoli, para identificar documentación vinculada con la dictadura sustancial para colaborar con las investigaciones judiciales.

WZ