El nuevo "Cuerpo de Investigadores Judiciales", dependiente de la Procuración General de la Suprema Corte, tendrá competencia en delitos complejos, homicidios e ilícitos cometidos por funcionarios, aunque a medida que se avance en su implementación se irá ampliando a otras figuras.

"Esta ley es una propuesta  que el Gobernador nos planteó a principio de año y que tuvo una amplia discusión tanto en los Foros ciudadanos como en el Senado Provincial", dijo el presidente del bloque del FpV, Juan de Jesús, y agregó: "estamos cumpliendo con una manda constitucional que va a permitirle a la Provincia de Buenos Aires mejorar las herramientas de investigación para delitos graves".

En tanto, el legislador del bloque del FPV, Marcelo Feliú, sostuvo "la puesta en marcha de este cuerpo altamente especializado es imprescindible porque mejora la operatividad de las investigaciones criminales. 

Y destacó "estamos rompiendo con una deficiencia estructural que ha sido un gran problema para la seguridad ciudadana".

Los demás bloques políticos expresaron su apoyo en general, aunque algunas bancadas manifestaron su oposición en particular a una serie de artículos de la ley, que fue sancionada sin cambios. A lo largo del debate argumentaron sus puntos de vista Marcelo Sain, de Nuevo Encuentro; Ramiro Gutiérrez, de Proyecto Bonaerense; Ricardo Jano, de Radicales del Pueblo; Marcelo Díaz, del Frente Amplio Progresista; Walter Martello, de la Coalición Cívica ; Guillermo Britos, de Unión Celeste y  Blanco; y Liliana Denot, de la Unión Cívica Radical.

La nueva normativa obliga a definir sus autoridades en el plazo de 6 meses, con el objetivo de comenzar a aplicarlo el año próximo como "prueba piloto" en el Departamento Judicial de Mar del Plata. En tanto, se dispone que en cuatro años la fuerza esté implementada en todos los departamentos judiciales.

Desarmaderos

Por otra parte, los diputados aprobaron la adhesión a la ley nacional 25.761 que regula el funcionamiento de los desarmaderos de automóviles y la venta de autopartes usadas a fin de evitar la comercialización ilegal de estas piezas provenientes del delito. "Va a servir para reforzar el control y la transparencia de la venta de estos artículos", alegó de Jesús.

Esta normativa, sancionada en el 2003 por el Congreso Nacional, establece que todos los locales que se dediquen a la venta de autopartes usadas deben estar previamente habilitados por el Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas. Además, exige que cada una de ellas cuente con un sticker identificatorio entregado por dicha autoridad previa demostración del origen legal del repuesto. 

Mediante la modificación del artículo 33 del Decreto Ley Nº 7543/69, se indica que las autopartes o restos de vehículos, considerados no aptos para rodar, serán destruidos cumpliendo con los procedimientos ambientales vigentes. La potestad de esta decisión estará a cargo de la Secretaría General de Gobernación y la Dirección de Automotores.