La investigación por la presunta contratación de "ñoquis" en la cartera educativa bonaerense sumó la primera declaración de un funcionario político quien lo único concreto que aportó fue que no hay controles y que está conociendo su trabajo, según se desprende del expediente en curso. 

El contador Nicolás Grignola se presentó ante el fiscal Marcelo Romero quien le tomó declaración durante dos horas. El auditor detalló que está en funciones desde agosto pasado, cuando asumió la gestión de la abogada Nora de Lucia. Su labor es "auditar y velar por la eficacia y eficiencia de los controles y optimización de las herramientas de gestión", según se lee en el acta. 

En materia de controles, el funcionario reveló que cada área se auto controla y que "no" existen auditorías o controles sorpresivos. "Hay controles que supongo están a cargo de cada área respectiva. Internamente, la Auditora hace controles que tiene que ver con el desarrollo de su función propia", detalló Grignola. 

Según publica Diagonales.com, el funcionario no supo precisar si existen cupo de horas extras, viáticos o contratación de personal. "No recuerdo", fue su respuesta ante las preguntas de los investigadores. Utilizó la misma contestación cuando le pidieron explicaciones sobre cómo estaba compuesta el área que encabeza. 

Grignola abandonó presuroso el despacho judicial que este miércoles 31 alojará al director de Contabilidad y Finanzas de Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. 

Las audiencias fueron designadas por el fiscal Marcelo Romero, titular de la Fiscalía 6 de La Plata. El fiscal inició una causa de oficio, haciendo uso de la potestad que tienen los integrantes del Ministerio Público de abrir investigaciones ante la presunta comisión de un delito. 

Los investigadores cuentan con información extraoficial que en la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, existirían contratos a nombres de barras de Estudiantes y Gimnasia, y que personas fallecidas o privadas de su libertad, estarían cobrando salarios, viáticos y horas extras, sin que se les conozca tarea alguna. 

Además en las últimas horas detectaron pagos varias veces millonarios en la compra de elementos de informática y pago a proveedores del rubro. La información oficial fue obtenida de otro organismo estatal mediante su página web. El dato llamó la atención ya que el contador Grignola habló de elementos informáticos "obsoletos". 

Además los investigadores ya tomaron nota en sus libretas de nombres de ex funcionarios que en los próximos días serán citados a declarar. El que encabeza la lista es el responsable del áres de Recursos Humanos. 

Oficios. La semana pasada el fiscal envío de tres oficios a nombre de la titular de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Nora De Lucia, quien deberá responder punto por punto la batería de pedidos de informe y enviar copia certificada de la documentación solicitada. 

El primero de los escritos apunta a poner blanco sobre negro respecto al manejo de las horas extras. En esa línea el fiscal pidió informes sobre el plexo normativo que rige la asignación de horas extras; condiciones que deben cumplir sus beneficiarios y si deben ser empleados de planta permanente o contratados; cantidad máxima de horas extras autorizadas para asignar a cada trabajador; criterio de asignación y, para el caso que resulte discrecional, qué parámetros se emplean para su asignación y si ésta resulta "equitativa" respecto de otros empleados en similares condiciones; cuál es la autoridad legitimada para la asignación de horas extras; qué controles existen para corroborar el cumplimiento de las horas extras; partida presupuestaria destinada a la asignación de horas extras; valor de la hora extra; descripción de la liquidación y composición del salario y qué relevancia en porcentaje tiene la asignación de horas extras respecto del salario neto; forma de pago de las horas extras; nómina de empleados discriminados entre planta permanente y contratados que percibieron horas extras, cantidad asignada, copias de constancia de control de su cumplimiento, en el período comprendido entre los años 2009 a 2012. 

El segundo de los pedidos de informes hace foco en la asignación de viáticos y su reglamento de aplicación y el tercero apunta a la contratación de personal. En cada uno de esos oficios, el fiscal pide conocer los detalles mencionados, pero en el rubro contrataciones, apunta a las "condiciones de aptitud e idoneidad" requeridos para ser contratados en la cartera educativa y si a los postulantes se les exige carencia de antecedentes penales y contravencionales. Este punto no es menor, ya que Romero cuenta con datos que en Educación hay contratos a nombres de barras bravas de Estudiantes y Gimnasia. 

En ese camino el fiscal pidió la "nómina de contratos celebrados en el período comprendido entre los años 2009 a 2012, cuáles son sus beneficiarios, a qué área fueron afectados, carga horaria asignada y funciones asignadas". La respuesta debe ser acompañada por "copia certificada de la totalidad de dichos contratos; documentación que avale el cumplimiento de las condiciones exigidas para acceder al cargo; planilla de cumplimiento de la carga horaria asignada" y el número de "cuenta bancaria en la cual se depositaron sus haberes". 

El pedido de informe es claro y puntual. La Justicia quiere saber cuánto y cómo se eroga del presupuesto provincial destinado al pago de salarios, horas extras y viáticos; si el dinero atravesó el camino legal y si los que figuran como empleados lo son y cumplen funciones. Nada de esto fue respondido.

WZ