El Senado bonaerense aprobó por unanimidad un proyecto de ley que modifica la estructura funcional de la Procuración de la Corte impulsando la autonomía de la Defensa, aunque el proyecto volvió a ser modificado a instancias del sciolismo, que evitó la pérdida de poder de la figura del Procurador ante la posibilidad de que la norma sea considerada inconstitucional.

Las modificaciones, gestados esta semana, modifican la estructura que originalmente había planteado el kirchnerismo para la Procuración: la idea plasmada en el proyecto de los senadores Cristina Fioramonti y Santiago Carreras creaba una suerte de "superintendencia" general de la que se desprendían dos secretarías, una de fiscales y otra de defensores.

En el proyecto modificado, en cambio, el Procurador General estará a cargo del Ministerio Público y a la vez del cuerpo de fiscales, mientras que se mantiene la autonomía de la Defensa Pública, que pese a que funcionará de manera autárquica, seguirá dependiendo de la Procuración.

En rigor, la resolución final del esquema es un "mix" entre las propuestas sciolistas y kirchneristas, y fue gestada, según pudo saber DIB, en una suerte de "mesa chica" integrada por los diputados sciolistas Guido Lorenzino e Iván Budassi; el senador Santiago Carreras, y el subsecretario de Política Criminal del ministerio de Justicia y Seguridad, César Albarracín. Allí se negoció la parte técnica del proyecto y se consensuaron los cambios, avalados luego por el resto de los senadores. Este sistema, dijeron fuentes parlamentarias, seguirá siendo usado para otras iniciativas de seguridad que serán debatidas en las próximas semanas.

En tanto, las fuerzas de la oposición aportaron otras modificaciones y acompañaron la iniciativa en general, pero rechazaron algunos artículos en particular. Ahora, el proyecto deberá ser abordado en Diputados, donde la semana pasada el sciolismo había ingresado una iniciativa propia que, tras el acuerdo, será desestimada.

La nueva estructura

Según el proyecto aprobado ayer, el Ministerio Público estará encabezado por el Procurador General, quien ejercerá la superintendencia sobre los demás miembros del cuerpo, divididos en Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, que se definen como "funcionalmente autónomas".

En tanto, crea las figuras del Procurador General y el Subprocurador general de la Suprema Corte, el primero de los cuales tendrá a su cargo a los fiscales. También se crea el cargo de Defensor General y Subdefensor General, y establece el principio de Autonomía de la Defensa, que gozará de "autonomía funcional, independencia técnica y autarquía financiera".